Bono social y una nueva TUR: así te afectarán las medidas del Gobierno para reducir la factura energética

Un nuevo bono social para que los hogares con bajos ingresos tengan un descuento del 40% en la factura de la luz y una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley con las nuevas medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores.

La norma, en primer lugar, da paso a la creación de una nueva tarifa regulada o de último recurso (TUR) de gas para las calderas comunitarias. Una medida con un potencial de beneficiarios de 1,7 millones de hogares y que permitirá rebajar el coste del consumo de gas en un 50% aproximadamente. Esta cuarta tarifa regulada cubrirá el 100% del equivalente al consumo de la comunidad de los últimos cinco años. Si el consumo es mayor a la media registrada en esos cinco años anteriores, se aplicará un extra de un 25%.

Para poder acceder a esta nueva TUR, los consumidores deberán tener instalados contadores individuales antes del 30 de septiembre de 2023 y tener la revisión de caldera al día.

“Es un ahorro que estimamos en el 40%. Calculamos cuál es el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años, y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%; el 30% seguiría pagando el gas al precio que está en el mercado. Si la comunidad incrementara su consumo por encima del consumo medio, habría una penalización”, indicó Ribera.

En lo que respecta al techo establecido por el Ejecutivo que impedía para la TUR1 y TUR2 -las de consumidores domésticos de gas natural- que el componente del gas natural subiera más de un 15% en cada revisión trimestral de la TUR, esta medida logra ampliarse hasta el 31 de diciembre de 2023.

No obstante, el déficit acumulado por la limitación que estaba vigente en el caso de la TUR1 y 2 desde que se adoptó en octubre de 2021 hasta finales de este mes se deberá devolver como estaba previsto, con el abono de la diferencia por cada consumidor cuando finalice el periodo de vigencia de la medida.

Además, el Gobierno limita la posible penalización para rescindir contratos de gas natural, incluyendo además la rescisión inmediata con ello de los posibles contratos vinculados de servicios.

El bono energético llegará a más familias

Con respecto al bono de justicia energética, el Gobierno contempla la aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para las familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. Con esta medida, el Gobierno aumenta en 1,5 millones las familias que podrán ser receptoras de dicha ayuda.

A esta nueva categoría de consumidor con derecho a un descuento del 40% en la factura de la luz se podrán acoger las familias con varios miembros (dos adultos y dos menores) cuya renta conjunta ascienda a casi 28.000 euros, así como aquellas personas que vivan solas y ganen poco más de 16.000 euros. También cubre a dos personas que vivan juntas y ganen entre las dos 19.320 euros, dos adultos y un niño que junten 23.520 euros o un núcleo familiar de varios miembros cuya renta conjunta se quede en torno a esos 28.000 euros.

Igualmente, se aumenta el descuento para los consumidores vulnerables del 60% al 65%, se elevará del 70% al 80% el de los consumidores vulnerables severos y se incrementará un 15% la cantidad de energía con derecho a esos descuentos.

Asimismo, se incrementan las ayudas del bono social térmico, que crece desde la horquilla de 35 euros a 350 euros al año -según la zona climática del beneficiario- hasta la horquilla de 40 euros a 375 euros al año, duplicando así su dotación presupuestaria.

Nuevo modelo de factura

Otro importante frente para el Gobierno es la transparencia en la información en las facturas energéticas. En este sentido, el Ejecutivo obligará a incluir en los recibos información sobre el consumo medio de consumidores en el mismo código postal, así como a dar información detallada (nomenclatura estandarizada y transparencia sobre el precio promedio de ajuste) sobre la aportación del mecanismo ibérico que se aplica desde el pasado mes de junio para topar el precio del gas para la generación de electricidad.

Autoconsumo colectivo

El Gobierno también ha aprobado una serie de medidas para tratar de impulsar el autoconsumo eléctrico entre comunidades de vecinos, polígonos empresariales y otros tipos de colectivos que pueden compartir la instalación de placas solares. Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de duplicar la distancia máxima que debe haber entre el punto de generación eléctrica en cubierta (los tejados donde se instalan las placas solares) y el de consumo (donde se encuentran los enchufes).

Así, la distancia entre ambos puntos para que una red eléctrica sea considerada de autoconsumo pasa de ser 500 metros a un kilómetro, una distancia que el Gobierno considera “razonable” para evitar en cualquier caso que se creen “parques de autoconsumo rodeando zonas urbanas”.

Con esta iniciativa se quiere favorecer que las comunidades de vecinos (el 70 % de los españoles viven en pisos) y los polígonos industriales instalen placas para generación propia y colectiva de electricidad.

El mismo objetivo tiene la decisión de permitir más de una instalación en una misma referencia catastral, evitando limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una planta fotovoltaica operativa. Además, se ha acordado que las instalaciones de menos de 500 kilovatios (kW) no tenga que obtener una autorización previa y de construcción, un límite que hasta ahora era de 100 kW.

El Gobierno explica que estas medidas buscan seguir impulsando el autoconsumo en España, que en los últimos cuatro años se ha multiplicado por diez, con un crecimiento exponencial, de manera que en este año se ha desplegado más de un tercio del total.