Bolaños, en busca de los acuerdos perdidos

El acuerdo parece casi imposible. Más de mil días lleva en funciones el Consejo General del Poder Judicial y el PP no da su brazo a torcer. Pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no tira la toalla y a partir de la semana que viene buscará acuerdos con los distintos portavoces parlamentarios de cara a este período de sesiones.

Después de su nombramiento a mediados de julio en la remodelación del Gobierno, Bolaños hizo una primera ronda con los portavoces parlamentarios por teléfono. Las relaciones con las Cortes es una de sus competencias en el Ministerio de Presidencia y es el encargado de elaborar la planificación legislativa del Gobierno. Fue una primera toma de contacto, de presentación.

Por ello inicia a partir de la semana del 20 una serie de reuniones con todos los grupos presencialmente. Y llevará bajo el brazo varias propuestas concretas: el apoyo a los presupuestos generales del Estado (que aprobará el Consejo de Ministros a finales de este mes o principios de octubre) y renovar los órganos constitucionales.

Según fuentes de La Moncloa, las reuniones serán de mayor a menor grupo parlamentario, dejando para el final a los dos grupos de la coalición, el PSOE y Unidas Podemos. Bolaños invitará también a Vox a citarse, a pesar de que los de Santiago Abascal no cogieron el teléfono en la ronda que hizo durante el verano.

Asimismo, está previsto que vayan en la delegación gubernamental el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la directora general de Relaciones con las Cortes, Mercedes Cabrera Orejas.

Desde Presidencia señalan que Bolaños pedirá “responsabilidad” a los grupos para aprobar unos presupuestos “necesarios” para la recuperación, además de “sentido de Estado” para renovar los órganos constitucionales (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo). Para el ministro, señalan desde su entorno, el “diálogo es lo más importante” y quiere llegar a acuerdos.

Durante la comparecencia en el Congreso de la semana pasada, Bolaños ya dejó delante de los diputados mensajes al hilo: “Vivimos una situación de anormalidad institucional en algunos órganos constitucionales, fruto de la estrategia política, a mi juicio irresponsable. Tribunal de Cuentas, 48 días; magistrados del TC elegidos por esta cámara, 672 días; CGPJ, 1.010 días; Defensor del Pueblo, 1.512 días. Estos son los días que llevan en funciones estos órganos constitucionales. Bloquear el funcionamiento de los órganos constitucionales es faltar a nuestra Constitución”.

Lo que no llevará el Gobierno es la propuesta que pide el PP de reformar antes la ley del Poder Judicial, para que una parte sea elegida por los jueces, y después pactar la composición del órgano de gobierno de los magistrados. El Ejecutivo sigue insistiendo en que no se pueden cambiar las reglas en mitad del partido y acusa directamente al PP de “insumisión constitucional”, como ha dicho Pedro Sánchez.

El diagnóstico que hizo Bolaños en el Congreso: “La salud del Estado es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, pero especialmente de aquellos que se autodefinen como constitucionalistas, que se autodefinen como partidos de Estado. Y en particular me refiero en este momento al Grupo Popular: a ustedes, señorías, dirijo el llamamiento de consenso. Les tiendo, una vez más, la mano para que cumplan con la Constitución y para que cumplan con la ley, para que renovemos ya los órganos constitucionales. No cumplir la ley es inaceptable y profundamente antidemocrático”.

Se avecina un nuevo período de sesiones, que ha arrancado este lunes, con leyes clave, desde los presupuestos a la ley Zerolo. También pasarán por las cámaras normas como la ley trans y la ley del sí es sí. Todo ello en un clima casi irrespirable ya que no se logran grandes acuerdos. La propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha hecho un llamamiento en el primer Pleno tras las vacaciones: ″llegar a acuerdo es difícil, a veces muy difícil y de imposible imposición”, el no intentarlo o negarse a hacerlo es “un claro incumplimiento” del deber de los diputados.