Ayuso indemnizó con un millón de euros a 15 residencias privadas en contra de la Abogacía

El pasado octubre se supo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, accedió a pagar más de un millón de euros a residencias de ancianos privadas por los “daños” que la pandemia de coronavirus les produjo. No importaba que alguna de ellas tuvieran procesos judiciales abiertos por supuesta mala praxis e incluso acusaciones de homicidio imprudente.

Este miércoles se sabe más de esa ayuda: la Cadena SER ha desvelado que el dinero se pagó en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, esto es, de los expertos de la propia administración regional que están para asesorar a los políticos e indicarles lo que deben hacer conforme a la ley.

Según esta información, un mes después del inicio de la primera ola, el 15 abril de 2020, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad se dirigió a la Abogacía General autonómica para preguntarle si las residencias privadas debían recibir algún pago por el traslado de mayores a sus centros durante el estado de alarma. La respuesta fue clara: “no tienen derecho al abono de contraprestaciones económicas”, en virtud de la legislación de emergencia. No obstante, dejaba una puerta abierta, a través de la Ley de Expropiación Forzosa (ley que data de 1954), “un cauce adecuado” para compensarlas. Eso sí, advierte que solo bajo una serie de “condicionantes”, que explica a las claras.

Medio año más tarde, entre noviembre y diciembre de 2020, empezaron a llegar reclamaciones de las residencias afectadas a la Consejería de Sanidad que, apoyándose precisamente en el artículo 120 de esa norma, pedían un pago por esa intervención. Ayuso pagó, pero sin tener en cuenta los condicionantes que ahora desvela la cadena de emisoras.

A través del Portal de Transparencia, la SER ha sabido que “los letrados expresan en varias ocasiones sus reservas hacia una vía que no está “suficientemente debatida, ni con el sosiego necesario por la doctrina científica y, mucho menos, por la jurisprudencia, que no ha tenido oportunidad de pronunciarse –dice el informe- sobre ningún supuesto análogo”. Por eso, “advierten de que sus consideraciones han de tomarse con “prudencia”. A pesar de esas dudas, la Comunidad de Madrid prefirió pagar la reclamación, que se había planteado por vía administrativa, en lugar de dejar que los tribunales aclarasen si las residencias tenían derecho a esa compensación”, indica la noticia, que adjunta los documentos que verifican cada línea y un desglose del dinero que se llevó cada centro.

En el detalle, el letrado razona que no procede ningún pago por el concepto de “lucro cesante”, porque las residencias “no podrían justificarlo”, ante “las severas limitaciones a la libre circulación” por el estado de alarma, que la impedía “ingresos voluntarios de nuevos residentes”. Sí cabría compensación respecto a otro flanco, los “perjuicios en la finca”, siempre que esos traslados obligaran a “reorganizar previamente las instalaciones de las residencias privadas receptoras, de modo que deban acometerse obras”. Aquí se circunscribirían también -añade- “los daños efectivamente causados, entendidos estos como menoscabos materiales a la residencia en cuestión”, añade.

Y ahonda: El coste de atender a los mayores trasladados a otros centros no se entiende por la Abogacía como menoscabo. “No procedería la restitución del importe de los servicios que hayan de prestarse por la residencia privada a los residentes reubicados”, advierte en su informe. Esa atención –insiste la Abogacía- “tampoco encajaría en los limitados conceptos indemnizatorios que se reconocen en el artículo 115 de la LEF”. La Comunidad de Madrid “ignoró abiertamente” este punto cuando aceptó pagar a las residencias “en función del coste medio por plaza ocupada”, dice la SER.

El importe final de la indemnización lo fijó la consultora KPMG, pagada por las propias residencias.