Avanza la propuesta de Díaz sobre la cesta de la compra al tiempo que se relajan las críticas
Ministros del Gobierno reconocen que estudian "todas las opciones". Díaz está reunida esta mañana con distribuidores y consumidores para debatir esta medida.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Consumo, Alberto Garzón, se reúnen este lunes con los grandes distribuidores y consumidores para debatir una posible limitación de los precios de la cesta de la compra, entre las críticas iniciales del pequeño comercio, Competencia e incluso de una parte del Gobierno.
Díaz y Garzón han planteado a las grandes distribuidoras que “tienen margen” para limitar los precios de una cesta de productos básicos de la alimentación y ambos proponen que las medidas que se adopten permanezcan hasta después de Navidad, con el objetivo, dicen, de proteger de esta forma a las familias del impacto de la inflación.
Los ministros de Trabajo y Consumo lo explicaron el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al encuentro con los directivos de Carrefour, la compañía que ha anunciado que sus clientes podrán tener una cesta con 30 productos a un precio fijo (30 euros).
La propuesta fue acogida inicialmente con recelo, principalmente por parte de los comercios y productores e incluso por el ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas. “No tengo previsto llevar a cabo ninguna medida para intervenir una cadena que funciona de forma adecuada”, avisó Planas.
“La posición del Gobierno es la posición del ministro que les habla”, concluyó el titular de Agricultura.
No obstante, las críticas internas del Gobierno se han ido suavizando a medida que han pasado los días. Ya en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la semana pasada, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, aseguró ―cuando los periodistas le preguntaron por el tema― que el Gobierno no deja de explorar vías para hacer propuestas “útiles, eficaces” y de “efecto inmediato”.
“Todas las opciones” sobre la mesa del Gobierno
Ya este lunes, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha señalado que al Gobierno le “sirve” cualquier opción que pueda facilitar la vida de los ciudadanos y bajar los precios, pero ha recordado que se deben tener en cuenta las leyes españolas y la normativa comunitaria sobre competencia.
Al ser cuestionado sobre la propuesta lanzada por la vicepresidenta segunda de fijar un precio máximo para alimentos básicos que componen la cesta de la compra, Bolaños ha afirmado que por el momento “no hay ninguna definición concreta” para llevarlo a cabo, aunque el Gobierno lo está trabajando.
Así, ha defendido que desde que inició la guerra de Ucrania, el Ejecutivo no ha hecho “otra cosa” que tomar medidas para que los ciudadanos tengan más capacidad de compra y están estudiando “todas las opciones” para mejorar la vida del “95% de la población”.
En la misma línea ha recordado que el Gobierno ya aprobó la Ley de Cadena Alimentaria que garantiza una retribución justa a todos los eslabones de la cadena ―desde el ganadero al comerciante― y que prohíbe vender a pérdidas. También ha señalado que quieren unos precios “razonables” para el consumidor final y que esos objetivos presiden la política que lleva a cabo el Ejecutivo.
Un mecanismo de “persuasión moral” que puede ser “positivo”
Otro de los ministros que se ha pronunciado sobre el tema ha sido José Luis Escrivá, titular Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que esta mañana ha afirmado que la propuesta de Yolanda Díaz no supone un mecanismo de control de precios, sino de “persuasión moral”, pues lo que busca es apelar a la responsabilidad (de las grandes distribuidoras) para ayudar a las familias ante la escalada de precios.
En declaraciones, Escrivá ha destacado que se están poniendo sobre la mesa distintas iniciativas para que los precios se moderen, algo que él considera “positivo” en un contexto en el que la subida de precios está siendo “importante”.
En relación con la propuesta de Díaz, el ministro ha subrayado que, “por lo que él ha entendido”, no es un mecanismo de control de precios, sino algo que los economistas denominan “persuasión moral”.
“No es una norma ni se trata de mecanismos coercitivos para determinar los precios, sino de apelar a determinados elementos de responsabilidad (...). Esto a veces funciona o no”, ha reconocido Escrivá, que ha indicado que ello depende también de la infraestructura del mercado.
