Atención Primaria en Madrid: el "perpetuo desgaste" de la Sanidad Pública tras 25 años de gobierno del PP

Hablar de Sanidad en la Comunidad de Madrid se ha convertido en sinónimo de falta de inversión pública, hartazgo de los profesionales del sector y saturación permanente del sistema. Desde hace años, es la región de España que menos porcentaje de su PIB dedica a este servicio. En total, según los últimos datos del Ministerio, destina un 3,6% a gasto sanitario público, siendo el primer escalón —la Atención Primaria (AP)— el que sale peor parado (con un 11,48% sobre el global).

Pese a los continuos alardes sobre la gestión por parte de las autoridades gubernamentales, las quejas de todos los colectivos implicados no cesan. La pandemia ha evidenciado una situación crítica que ha puesto en jaque todas las áreas del ámbito de la salud, llevando al extremo la presión asistencial y a los propios facultativos.

Ahora, a todo ello se suma un nuevo plan de contingencia del gobierno regional para cerrar 41 centros de salud durante estas vacaciones de verano por falta de sanitarios, que ha incendiado aún más a una Marea Blanca que no ha dudado en volver a echarse a las calles. Plataformas, sindicatos, partidos y asociaciones vecinales se manifestaron la pasada semana junto a la plantilla de centros de salud, hospitales y servicios de urgencia para denunciar lo que consideran un “desgaste” perpetuo de la Sanidad tras 25 años de gobierno del PP en la región.

Liquidación del Sistema Nacional de Salud

“Nuestras preocupaciones vienen de antaño”, sostiene Carmen Esbrí

portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP)-Marea Blanca y Coordinadora Estatal de Mareas Blancas. “A partir de la crisis financiera, se empezó a liquidar nuestro Sistema Nacional de Salud. Nos vendieron aquello de que los servicios públicos eran muy caros y empezaron a producirse grandes recortes haciendo que el dinero fuera destinado a solventar la supuesta deuda que habíamos generado los ciudadanos, cuando la realidad que había detrás era una estafa descomunal que ya hemos visto hasta dónde ha llegado”, añade.

Los problemas son muchos y las soluciones a las demandas del colectivo, prácticamente nulas. La Atención Primaria sigue sufriendo la peor parte. “La ley de Sanidad puso en marcha una AP de cercanía, científica, que no era demasiado cara y que cumplía dos objetivos: la prevención y promoción de la salud, que era el prioritario, y el asistencial”, señala Esbrí. “Se puede decir que era bastante única, pero en Madrid tuvo otra deriva”, expone. “Con la llegada de Esperanza Aguirre, quien puso los ojos en el modelo inglés de Thatcher como “referencia mundial”, empezó el máximo plan privatizador. Comenzó el negocio de doble juego, cediendo servicios a constructores por cercanía que todavía a día de hoy están metiendo la mano, como por ejemplo en la limpieza”, comenta. “Lo que realmente está atacando a nuestra Atención Primaria es un paquete completo de ideología que prioriza la economía a la salud”.

El coronavirus ha dado buena muestra de ello. El 7 de agosto de 2020, la Comunidad de Madrid publicó la resolución en la que otorgaba la labor de seguimiento de casos e identificación de contactos de covid a la empresa Quirón Prevención S.L, con una duración de tres meses y por una cantidad de 194.223,15 euros. Y tan solo unas semanas más tarde, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también optó por recurrir al sector privado para potenciar la campaña de inmunización a través de un acuerdo con Cruz Roja con una duración de seis meses y por un importe de 804.098,53 euros. Pero quizá el ejemplo más polémico fue la edificación y gestión del proyecto “estrella” del Ejecutivo regional: el hospital de pandemias Isabel Zendal, cuyos servicios básicos como la limpieza o la lavandería también corren a cargo de entidades privadas.

Para la portavoz de MEDSAP, ahora, el nuevo plan de contingencia a través del cual se pretende “modernizar” el sistema no pone el foco donde debería. Un manifiesto firmado por más de 275 colectivos rechaza de plano una reestructuración como tal y apunta, entre otras cosas, hacia una financiación suficiente. “La dotación desde 2013 empezó a bajar de tal manera que se acabó destinando únicamente el 40% del total, lo que vino a disminuir la cantidad de sanitarios y, como consecuencia, la calidad de los servicios”, sostiene.

25% del presupuesto a Primaria

Entre las reivindicaciones del sindicato MATS del Hospital 12 de Octubre de Madrid está “que el 25% del presupuesto de la comunidad vaya dirigido a la Primaria, así como un refuerzo en las plantillas, para lo que aseguran harían falta 650 médicos, 150 pediatras, 2.000 profesionales de enfermería y 600 trabajadores más”. A día de hoy, según sus estimaciones, en la comunidad madrileña existe un déficit estructural de unos 1.800 profesionales sanitarios.

“Actualmente se destina un 5,9% del presupuesto a Sanidad. Nosotros pedimos aumentarlo al 7,5% y que un 25% vaya para AP”, sostiene en el mismo sentido Esbrí. “Además, instamos a que los centros de salud tengan unas condiciones dignas y a que a cada sanitario no se le asignen más de 1.500 pacientes, o tareas que no les corresponden como las de rastreo”, añade.

El maltrato al personal de salud ha sido una de las cuestiones que más eco ha tenido a raíz de la pandemia y, sin embargo, las condiciones no han mejorado. “Se encuentran en una situación de verdadera esclavitud, enfrentando contratos indignos que sólo hace que huyan a hospitales o a otras comunidades autónomas”, describe.

“Faltan facultativos y ahora empieza a haber problemas también con profesionales de enfermería”, relata por su parte Pino Calderín, doctora de Atención Primaria en la capital. “Pero el motivo de que no los haya son las condiciones laborales que plantea la comunidad”, subraya. “La situación de Madrid es diferente, al igual que la de Cataluña, aunque también difiere de ella porque es la única que tiene turno de tarde puro”. En Madrid, este horario se extiende una hora más que en el resto, hasta las 21 horas, y el salario es exactamente el mismo que en el turno de mañana, lo que invita a los sanitarios a buscar alternativas fuera.

“No hay profesionales que quieran esto, y de los que hay, la mayor parte son mujeres jóvenes que tienen hijos y que quieren reducción de jornada, por lo que de 17 a 21 horas no se encuentra a casi nadie”, reconoce.

Para Calderín, la solución pasa principalmente por aumentar la financiación. “Si se quiere ofertar ese horario de trabajo a la población, porque a lo mejor la comunidad lo necesita, la única forma de conseguir más profesionales será mejorando las condiciones”, explica.

“Además, en un futuro breve se jubila un 30% de los médicos de familia de Madrid y, si esto no cambia, la cosa irá a peor. Ya no es que no haya suplentes, es que quedan plazas sin cubrir”. Una situación que se agrava todavía más en zonas alejadas de la capital. “Se calcula que hay cerca de 2 millones de personas que no tienen médico por este vacío. Si ni siquiera los residentes que salen ahora hasta hacer la oposición aceptan, será por algo. Y, además, si se destinara más a Primaria, habría muchas cosas que nosotros podríamos resolver con más recursos para descargar hospitales”, matiza.

Deriva hacia el desmantelamiento total

Para Esbrí, la cruda realidad de la AP madrileña es su deriva hacia el desmantelamiento total. “Existe una gran falta de transparencia, pero observamos que se están dando pasos para liquidar el modelo sanitario público y universal de calidad que queremos. Se utilizan conciertos y concesiones alegando estado de emergencia para cosas que no lo merecen, como por ejemplo el Zendal, mientras tenemos cerradas torres en hospitales”, argumenta.

“Lo que quieren es mutar el sistema y hacerlo depender de la empresa privada, un plan perverso y antidemocrático”, expone. “Hemos de recordar que la enfermedad no solamente se produce por un cólico, también se produce por fallos en los determinantes de la salud como la alimentación, la vivienda, el empleo, el agua o el medioambiente”, recalca.

Otra de sus demandas pasa por la reapertura de los Servicios de Urgencia, conocidos como SUAPs, cerrados por la derivación del personal a IFEMA. “Fue un ejercicio vanidoso e innecesario más en el que nos gastamos millones para dar titulares, con la precariedad y los problemas que atañe que ese dinero no vaya donde debe”, apunta.“El Zendal no es un hospital, es un almacén muy caro”.

Madrid, recuerda, se ha situado a la cabeza prácticamente durante todo el desarrollo de la pandemia en contagios y fallecimientos. Unas cifras que podrían haber sido menores si la situación de la AP hubiese estado “menos atascada”. “Aquellos lugares donde ha habido más muertes y contagios es donde la Atención Primaria no daba más de sí y estaba saturada. Si hubiese existido en los términos que hemos defendido, con las ratios adecuadas de personal y pacientes, no habrían pasado muchas cosas, pero todo aquello se fue al garete”, manifiesta.

“Cuidemos y fortalezcamos la Primaria para que se nutra de conocimientos transversales. Es la directora de orquesta”.