Así son los candidatos a recibir el ingreso mínimo vital: “Entre pagar el agua y comer, prefiero comer”
Quienes esperan esta ayuda no entienden que se critique: "Me gustaría verlos a ellos con una mano delante y otra detrás".
Bancos de alimentos, paro y recuerdos de la crisis de 2008. Si algo tienen en común los testimonios que aparecen en este reportaje es eso. Y si algo tienen en común las personas que los protagonizan es que confían en poder recibir el ingreso mínimo vital (IMV) recién aprobado por el Gobierno.
Lo que parecía una promesa electoral difícil de cumplir se materializó finalmente en el Boletín Oficial del Estado este lunes, 1 de junio, más rápido de lo previsto por la urgencia de la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. Más de 900.000 trabajadores perdieron su empleo en apenas 15 días. Nunca se había destruido tanto empleo en tan poco tiempo en España.
Esta ayuda, destinada a los colectivos más vulnerables, pretende llegar a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas. Aliviar su situación de pobreza es el objetivo, tal y como recalcó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar esta medida con la que se trata de amparar a cuatro de cada cinco personas que sufre pobreza en el país, especialmente a los niños.
La prestación podrá solicitarse a partir del 15 de junio, siempre que la persona cumpla una serie de requisitos como encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, tener entre 23 y 65 años, residir legalmente en el país durante el año anterior y figurar como demandante de empleo en el caso de no trabajar.
Entre los dos millones de personas que se beneficiarán de esta prestación esperan estar Rosa, Marisa, Anna, Diego, Miguel Ángel y María Teresa.
Rosa: “Si a mi hijo le digo que tengo que ir a Cáritas, se muere de vergüenza”
En casa de Rosa, de 37 años, viven seis personas: ella, su marido, sus dos hijos (de 13 y 7 años, ambos con minusvalía), su sobrina (de 24) y la hija de esta. Los seis comparten vivienda, la que el antiguo IVIMA concedió a los suegros de Rosa en el barrio de El Pozo, en Madrid.
Tras un accidente por el que se incendió su negocio, Rosa ha ido encadenando trabajos precarios, la mayoría de ellos en la economía sumergida. Su marido, parado “durante muchos años”, encontró por fin un trabajo como conductor de autobús de rutas escolares a finales de 2019. “Cuando cerraron los colegios, le hicieron un ERTE. Cobró 230 euros de los 10 primeros días de marzo y ya no ha vuelto a cobrar nada”, cuenta Rosa. Ella, mientras tanto, siguió “haciendo casas” por las que cobraba “120 o 130 euros en B”, hasta que el covid llegó a sus vidas y le impidió salir de casa.
“Estuve mucho tiempo saliendo adelante como pude”, asegura. El año pasado, la familia también cobró la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, el RMI, más conocido como ‘Remi’. Recibían 530 euros al mes. Su sobrina tenía concedida otra renta mínima porque computaba como otra unidad familiar.
Ahora, Rosa espera que su familia llegue a percibir la nueva ayuda. “Se supone que lo puedo pedir, porque cobramos los puntos por hijo a cargo y por minusvalía”, comenta. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, informó de que la Seguridad Social pagaría de oficio el ingreso mínimo vital a 100.000 familias. Los primeros en cobrarla serán los padres que reciben actualmente la prestación por hijo a cargo, como es el caso de Rosa. “Tengo esa esperanza”.
Su sobrina trabaja desde septiembre como profesora en un colegio. “Se ha sacado una carrera, gracias a los astros”, cuenta la orgullosa tía. “Ella me puede echar una mano. Y el poco dinero que entra, mi marido lo distribuye de la muerte”, comenta. La familia intenta no tener que depender de la caridad. “Si a mi hijo de 14 años le digo que tengo que ir a Cáritas, se muere de vergüenza”, asegura.
Marisa: “Entre pagar el agua y comer, prefiero comer”
Marisa, una madrileña de 58 años, duda que le den el IMV porque vive sola, está separada y sus dos hijas son mayores. “Creo que no me va a llegar”, confiesa, pero no pierde la esperanza: “Voy a intentar solicitarlo porque lo necesito”.
El ‘Remi’ de 426 euros que está cobrando se le acaba en un par de meses. “Y entonces me quedaré a cero, a cero total”, cuenta. Marisa fue teleoperadora durante mucho tiempo, trabajó de dependienta y tuvo una tienda, pero de eso hace muchos años. “Llevo buscando trabajo desde la crisis anterior, pero en mis condiciones no lo encuentro ni loca”, dice. Con sus “condiciones”, se refiere a su edad —“con 58 años ya no te quieren en ningún sitio”— y a sus problemas de salud: es diabética, tiene dos tumores y una minusvalía del 36%.
La mujer vive en una casa del barrio de Puerta del Ángel que le ha dejado un familiar, y cuando se le pregunta cómo ha sobrellevado durante tanto tiempo la precariedad, se ríe. “Fatal. Lo he llevado fatal”, admite. “En un principio, me fui apañando, porque tenía medios. Pero luego, he pedido ropa para no tener que comprar, no ponía la tele ni encendía la luz, mi casa parecía una cueva y apenas cocinaba, porque la vitrocerámica gastaba mucha luz”, recuerda. “Ahora cocino con una bombona de gas”, explica. “Las he hecho de todos los colorines. He intentado todo para reducir, reducir, reducir. Y así ando”, cuenta. “Una vez vendí cuatro bolsos [que elabora ella misma] y aguanté un mes entero, otro día la vecina te trae un plato de patatas, y mi hija me da cosas de vez en cuando, pero tiene dos niñas y vive de alquiler, así que como para ayudarme a mí”, reflexiona.
Marisa tuvo que recurrir hace unas semanas a la Asociación Vecinal Puerta del Ángel, con la que colabora dando talleres de pintura, pero esta vez fue para pedir alimentos: “Estaba a cero”. Este mes, la mujer volverá a pedir que le “echen una mano”. “Me tomo 15 pastillas diarias y necesito tener el estómago cubierto. Lo tengo hecho puré”, cuenta. “Pero hasta cuando voy a pedir un paquete de galletas, pienso: ‘¿Y si se lo estoy quitando a alguien que lo necesita más?’. Hasta ese punto soy tonta”, dice, con la voz entrecortada, mientras se disculpa por la emoción.
Las dudas sobre a quién acudir en momentos de dificultad inundan a muchos. Marisa habló con la asistenta social para preguntarle qué podía hacer en su situación, y esta le sugirió que dejara de pagar la luz y el agua. “Debo el agua de esta casa desde hace un año, y no me la pueden cortar porque se la cortarían a todos los vecinos. De eso me he valido, hasta que un día los vecinos me saquen a gorrazos. Pero yo prefiero comer. Entre pagar el agua y comer, prefiero comer. Me va la salud en eso”, sentencia.
Marisa no entiende que algunas personas censuren la aprobación del ingreso mínimo vital y lo tachen de paguita como si fuese destinado a personas vagas y aprovechadas. “Me parece fatal que lo critiquen. Me gustaría verlos a ellos en esta situación, con una mano delante y otra detrás, a ver qué opinaban”, sostiene. Eso sí, pide que el Gobierno “estudie muy bien cada caso”. “Espero que este dinero llegue a la mayor cantidad de gente posible, y que les pueda ayudar. En una situación en la que no puedes arrancar, que al menos alguien te eche gasolina para tirar, que puedas tener una vida normalita”, pide.
Anna: “Vivimos mes a mes. Uno puedes aguantar, pero han sido casi tres”
Anna, de 41 años, también residente en el barrio de El Pozo, no se anda con rodeos. “Lo estamos pasando muy mal estos meses, y no aparece nada”, dice. Con su marido y sus hijos de 14 años, 3 y 1, esta familia numerosa sobrevive cobrando el subsidio posterior al paro, “la ayuda familiar, los 430 euros”.
Ella nació en Rusia, pero vive desde hace 22 años en España, por lo que cumple de sobra el requisito de residir al menos un año en el país antes de la solicitud. Hasta hace un tiempo, vivían del sueldo del marido, que trabajaba como camionero, pero hace dos años la cosa cambió. “Se quedó sin trabajo y, desde entonces, no encuentra nada. Tiene 49 años y sigue buscando, pero no es fácil”, lamenta la mujer.
“Antes de que llegara el virus, como tiene amigos, hacía alguna chapuza, porque también es mecánico, y yo también he ayudado limpiando casas”, relata. “Pudimos sobrevivir, pero con lo que pasó con el virus... ¡Menos mal que tenemos amigos que nos ayudan!”, exclama.
Gracias a ellos, cuenta, han podido seguir pagando la hipoteca del piso en el que viven. “Llamamos al banco. Les pedimos si era posible alargar la hipoteca unos años más. Nos dijeron que tendríamos que pagar 2.000 o 3.000 euros para cambiar la documentación, así que no lo hicimos porque no podíamos”, explica.
En marzo, se vieron desesperados y hablaron con los servicios sociales. “Nos dijeron que los bomberos nos iban a traer comida, pero no vino nadie. Al mes siguiente, nos trajeron de Carrefour. En mayo, no nos han traído nada”, cuenta. “Al menos ahora se puede salir de casa, pero estos meses lo pasamos muy mal. Nosotros vivimos mes a mes, no tenemos dinero ahorrado previsto por si pasaba cualquier cosa. Un mes puedes aguantar, pero han sido casi tres”.
Diego: “Yo lo que quiero es trabajar”
Diego, de 47 años y residente en Madrid, se estudia cada mañana las noticias que aparecen sobre el ingreso mínimo vital. Lleva meses haciendo números para ajustar ingresos y gastos, y las cuentas no le salen. El hombre vive con su pareja y su hija, de 8 años, en un piso alquilado en el paseo de Extremadura por el que pagan 600 euros. Su mujer tiene un contrato a tiempo parcial en una empresa de servicio doméstico y él se encuentra atrapado en un embrollo burocrático por el que a principios de marzo dejó de cobrar.
“Soy un trabajador normal y corriente. He sido reponedor, charcutero, frutero, pero ahora estaba de peón de obra”, cuenta. En marzo, después de unos meses recibiendo una ayuda familiar de 430 euros, Diego se las apañó para encontrar un puesto en la construcción. Lo malo es que justo un día después se declaró el estado de alarma, y él se quedó sin trabajo, sin prestación por desempleo y sin ayuda familiar. En esos trámites estaba Diego cuando se cerraron las oficinas de empleo, y el hombre se las vio y se las deseó para contactar con el SEPE. “Llamabas por teléfono y no te lo cogían, lo mirabas en el ordenador y no funcionaba... Me quedé sin nada, básicamente”, lamenta. “Yo lo que quiero es trabajar, pero las circunstancias son las que son”.
Hasta hace poco, la familia ha ido tirando de ahorros, pero ahora se les han acabado y no saben qué hacer. “Salimos adelante gracias a Andrés [de la Asociación Vecinal Puerta del Ángel] y a Cáritas, que nos han ayudado muchísimo. Están haciendo muchísimo por las personas que no tienen, que o no han cobrado el ERTE o están esperando una renta mínima vital”, cuenta.
“Tan mal no he estado nunca, si acaso con la crisis de 2008. Otras veces he tenido que pedir ayuda, y he ido tanteando, pero no como ahora. Ahora miras en internet y no hay ofertas reales. La gente que estaba en hostelería se está yendo a la construcción, que es justo al revés de lo que pasó hace diez años”, explica.
Diego no puede evitar mostrarse algo escéptico con la distribución del IMV. “Creo que las ayudas no van a llegar a todos y, para que te la den, va a haber que mover cielo y tierra. Creo que va a ser un caos. Y esto sólo es una forma de tapar agujeros”, opina. Esta crisis, dice, es otra ocasión más en la que “el empresario se está poniendo las botas”.
Miguel Ángel: “No hay esperanza de encontrar trabajo”
Con el coronavirus, muchas familias han visto cómo sus ingresos desaparecían de la noche a la mañana. A pesar de que el ingreso mínimo vital tiene en cuenta la renta del año pasado, el Ministerio de Inclusión ha decidido ser más flexible. “Si una persona solicita el IMV, lo primero que hacemos es mirar las rentas del año pasado. Si no cumple, entra en el siguiente mecanismo. Vamos a relajar esos criterios y en casos así, miraremos qué rentas ha tenido este año”, explican fuentes del departamento.
Este podría ser el caso de Miguel Ángel, de 49 años, que, después de trabajar muchos años como informático, dio un cambio en su vida. Hasta enero, era docente de primeros auxilios en la Cruz Roja dando cursos para empresas. Fue entonces cuando decidió dejar el puesto para obtener el título de su carrera, algo que tenía pendiente. “Me metí en una academia para subir el nivel de inglés. Cuando fui a hacer el examen, se declaró el estado de alarma y no hubo prueba”, relata.
Miguel Ángel vive junto a su pareja en un piso de alquiler en Vallecas, por el que pagan 850 euros. Antes, él cobraba algo menos de 800 euros y ella 1.200 euros. “Ahora estamos los dos en paro. Ella cobra el paro, pero yo no no tengo derecho a ningún subsidio porque fue una baja laboral voluntaria. Tenía un acuerdo para volver a hablar luego, pero desde que ocurrió lo del covid, se ha parado todo. No hay esperanza de encontrar trabajo”, asegura.
La prestación por desempleo y los ahorros les han permitido seguir pagando el alquiler, los recibos y la comida, pero tienen miedo al futuro. “Todavía no estamos en esa situación de ir a pedir alimentos. No estamos pasando hambre. Entiendo que otras personas vayan antes que nosotros”, afirma.
María Teresa: “Cada vez que doy un paso adelante, tengo que dar varios para atrás”
María Teresa lo tiene más difícil que Miguel Ángel. A sus 64 años, se queda en el límite de edad que se contempla para esta prestación, diseñada para las personas de menos de 65. Maite, como la llaman en su entorno, es colombiana, pero tiene la residencia española.
“No ha sido fácil trabajar aquí”, cuenta. La mujer recuerda que en su país era empresaria, pero en España se ha dedicado a cuidar niños y a “arreglar casas”. “Trabajé con magistrados, guardias civiles, militares de alto rango, policías… Siempre me han tratado con respeto, pero ninguno me ha hecho contrato”, confiesa.
Desde hace un tiempo, Maite no trabaja, está apuntada en la oficina de empleo y vive en casa de su hija en Boadilla del Monte (Madrid). “No tengo que pagar arriendo, ni comida, pero es vergonzoso estar aquí y no ayudar en nada”, comenta. “Mis hijas no me van a dejar morir debajo de un puente, pero es complicado. Estoy mal por cualquier lado. En España cada vez que doy un paso adelante, tengo que dar varios para atrás”.
