Así ha sido el largo pulso entre PSOE y UP para desbloquear la Ley Trans

Parecía que iba a ser un Orgullo LGTBI marcado por las diferencias del Gobierno entre la Ley Trans. Hasta hace unos días. Por fin, después de una negociación estancada desde febrero, el Gobierno ha desbloqueado la tramitación de la norma y se reconocerá la autodeterminación de género. El texto se lleva este martes al Consejo de Ministros, aunque como una sola norma fusionada con la Ley LGTBI y algunos cambios.

La solución para llegar a un consenso ha supuesto incluir tres meses como plazo administrativo desde que se solicita el cambio registral para ratificar la decisión de quien lo hace y subir de 12 a 14 la edad para solicitarlo.

El acuerdo llega tras meses de diferencias entre el Ministerio de Igualdad y una parte del Gobierno, a pesar de que en el documento progresista firmado en 2019, los dos partidos del Ejecutivo se comprometieron, entre otras cosas, a aprobar “una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. Una ley que venían exigiendo los colectivos trans desde hace décadas y que, hasta hace poco, no parecía ser objeto de discordia.

Dos años después, en febrero de 2021, el Ministerio de Igualdad publicó un borrador de la ley que pretendía llevar al Consejo de Ministros. En el texto legislativo hay un punto que ha chirriado a parte del Gobierno y de la población: la autodeterminación de género. Desde febrero hasta junio, parte del grupo socialista se ha mostrado dudoso ante esta medida y la vicepresidenta Carmen Calvo lo ha dejado caer en más de una ocasión. 

¿Qué es la autodeterminación de género?

Hasta ahora, gracias a una ley pionera de Zapatero en 2007, las personas que no se identificaban con el sexo que se les había asignado al nacer podían cambiarse de nombre y de sexo sin necesidad de haber pasado por una operación quirúrgica. La condición era que la persona debía presentar un informe psicológico en el que se le diagnosticaba ‘disforia de género’ y acreditar que había seguido un tratamiento hormonal durante dos años como mínimo.

La nueva ley permitiría que cualquier persona pueda cambiar su sexo en el DNI y el resto de papeles sin necesidad de ningún diagnóstico. La polémica está en que, mientras algunos defienden que la determinación de género es un derecho humano, otros defienden que se produciría un “borrado de la mujer” y afectaría directamente a la legislación específica como la Ley de Igualdad o la ley de Violencia de Género. 

Un documento interno del PSOE en 2020

A muchos les ha sorprendido que parte del PSOE se mostrase estos meses reticente a esta ley tras la trayectoria histórica del partido en favor de la diversidad. Pero el desencuentro entre los socios se hizo evidente en junio de 2020, cuando se repartió entre los socialista un argumentario interno en el que hablaba de que “hay teorías (concretamente la Teoría Queer) que van ganando terreno en el mundo académico y activista, y que niegan la existencia del sexo biológico, por lo que desdibujan y difuminan la realidad de las mujeres. Si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y se construye en base a este hecho biológico”. 

El documento lo firmaban, entre otros, Carmen Calvo y José Luis Ábalos y señalaba que el PSOE se mostraría contrario “a los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”, ya que la autodeterminación de la identidad de género “carece de racionalidad jurídica”. 

Cuando el PSOE sí apoyó la autodeterminación

Este posicionamiento suponía un viraje respecto a lo que los socialistas habían manifestado años. En marzo de 2017, el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007 para permitir la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores transexuales y/o trans, para modificar exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo, y para posibilitar medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España”.

Dos años después, en 2019, el PSOE apoyó un un informe de ponencia debatido en la Comisión de Igualdad del Congreso para reformar la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo, en el que se eliminaba la necesidad de un diagnóstico médico para que las personas trans pudieran realizar este cambio en el registro, como ahora propone el Ministerio de Igualdad en el borrador de la ley sobre los derechos de este colectivo.

Las diferencias fueron más que evidentes

Pero las diferencias entre Calvo y Montero se hicieron palpables un día después de que se hiciese público el borrador de Igualdad en febrero de este año, durante una entrevista de la vicepresidenta socialista en la Cadena SER. 

En el encuentro, Calvo reconoció que había distancia entre ambos partidos a cuenta del borrador de la ley. Expresó su confianza en llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, pero admitió que tenía dudas sobre el texto. “Me preocupa la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles, eso tiene que tener unas garantías”, señaló. “Son leyes que tienen que ser muy escrupulosas porque afectan a aspectos nucleares de los ciudadanos y con la seguridad jurídica suficiente para que los nuevos derechos no suponga ningún tipo de merma para los preexistentes”, añadió.

Desde entonces, el pulso entre los dos partidos ha sido continuo en esta materia. Hasta ahora el PSOE ha impedido que la Ley Trans pasase al Consejo de Ministros, según ha señalado en más de una ocasión el Ministerio de Igualdad.  A mediados de febrero, fuentes de Moncloa acusaron al ministerio de Irene Montero de fijar de forma “unilateral” la fecha de presentación de la ley -segunda quincena de febrero- que no corresponde “con la marcha actual de los trabajos”, según informó El País.

Una ley alternativa

Mientras tanto, para acelerar la tramitación de la norma, los grupos de ERC, JxCat, Más País, Compromís, la CUP y Nueva Canaria presentaron en mayo en el Congreso de los Diputados una ley trans alternativa a la de Igualdad, aunque con la mayoría de puntos similares. La abstención del PSOE y el rechazo del PP y de Vox bastaron para que la propuesta fracasara. 

Las negociaciones entre los distintos departamentos implicados (Igualdad, Justicia y Vicepresidencia Primera) continúan, el texto aún no se ha cerrado, pero existe acuerdo sobre el cambio registral del sexo, que suponía el principal escollo.

Hay comunidades donde ya está aprobada

Entre los colectivos LGTBI no se ha entendido la postura del PSOE los últimos meses, teniendo en cuenta que existen hasta once leyes autonómicas que reconocen el derecho a la autodeterminación de género en España. La primera fue aprobada en junio de 2014 por el parlamento andaluz, gobernado por los socialistas. 

Además, aprobar la autodeterminación de género es una forma de despatologizar al colectivo trans. Cosa que ya hizo la Organización Mundial de la Salud, sacándolo de sus manuales de Salud Mental en 2018.