Así funciona el ingreso mínimo vital más allá de España
Alemania, Francia o Bélgica cuentan con ayudas similares a la que tiene previsto aprobar el Gobierno.
España pondrá en marcha este viernes el ingreso mínimo vital, una prestación que pretende sacar de la pobreza extrema a 850.000 familias. A diferencia de otras opciones que se manejaban, esta ayuda no estará vinculada a la pandemia del coronavirus, es decir, no desparecerá cuando termine el estado de alarma, sino que será permanente.
Este tipo de ayudas, conocidas como renta mínima de inserción, están destinadas a los hogares vulnerables. No se las ha inventado Pedro Sánchez, sino que existen en muchos países del entorno, con Ejecutivos de todos los colores.
A pesar de que la conservadora Angela Merkel gobierna en Alemania, el país cuenta con un sistema similar a la renta mínima llamado Arbeitslosengeld II (subsidio para desempleados de larga duración), aunque popularmente se le conoce como Hartz IV por el nombre de la persona que lo propuso.
Esta ayuda pueden solicitarla en las oficinas de empleo las personas solteras en edad de trabajar, entre 15 y 67 años, y las parejas con o sin hijos. Los solicitantes tienen que ser alemanes, residentes en Alemania o ciudadanos de la UE y sus ingresos no pueden superar una cantidad mínima para cubrir sus necesidades básicas.
La ayuda sería de 432 euros al mes para una persona soltera y sin hijos y de 389 euros al mes para cada uno de los dos integrantes de una pareja, según explica Oficina Precaria Berlín. Este importe mensual es el dinero que calculan que se necesitaría para poder asumir los gastos de manutención.
A este importe inicial se le añaden otras cantidades para pagar la vivienda, la calefacción o el seguro médico, que variarán según la situación familiar. Esta ayuda es compatible con otras como la prestación por desempleo o con ingresos procedentes de un trabajo.
Bélgica también cuenta con su propia renta mínima, llamada Revenu d’Intégration Sociale (ingresos de integración social), que ha tenido éxito. Las ayudas son concedidas en los 589 centros públicos de acción social que hay en el país, uno por municipio.
Los técnicos de estos centros se ocupan de analizar si el solicitante cumple con los requisitos: ser belga, ciudadano de la UE o contar con un permiso de residencia, mostrar disposición para trabajar o residir de manera efectiva en Bélgica, entre otros.
Una curiosidad es que los solicitantes de esta ayuda que tengan entre 18 y 25 años tienen que firmar un contrato de integración, en el cual se comprometen a hacer todo lo posible para salir de esta situación. Este documento es opcional para los mayores de esa edad.
Al igual que ocurre con el ingreso mínimo vital, el importe recibido depende de la situación familiar (hay tres categorías) y la última actualización se hizo el 1 de marzo de 2020:
Dinamarca también cuenta con una presentación para aquellas personas que no tienen suficientes ingresos para mantenerse por sí mismas llamada Kontanthjælp (subsidio de asistencia social). Un total de 125.900 personas recibían esta ayuda en el país nórdico en marzo de 2019.
Los beneficiarios se comprometen a estar dispuestos a acceder a un trabajo y hacer los cursos que diga la oficina de empleo, así como demostrar que solicitan puestos de trabajo.
Al igual que ocurre con el resto de países, la cantidad de dinero que recibe depende de la situación familiar. La ayuda oscila entre las 3.553 coronas danesas (476 euros) mensuales para los jóvenes y las 15.180 coronas (más de 2.000 euros) para los mayores de 30 años con hijos a cargo.
Finlandia llevó a cabo un experimento entre 2017 y 2018 para comprobar que ocurría si un grupo de personas en situación de desempleo recibía un ingreso por parte del Estado sin ninguna condición.
Se escogieron a 2.000 parados entre 25 y 58 años de manera aleatoria, que recibieron 560 euros al mes durante dos años. No tenían obligación de buscar trabajo y no dejaban de recibir ese dinero si lo encontraban.
Los investigadores descubrieron que las personas desempleadas que recibían esta ayuda estaban más contentos con sus vidas, tenían menos problemas como estrés o depresión, pero no sirvió para incentivar la búsqueda de empleo, ni mejoró la situación económica de las familias.
Francia dispone de una prestación conocida como Revenu de solidarité active (renta laboral solidaria) desde hace algo más de una década, que busca garantizar unos ingresos mínimos a sus receptores, a cambio de que se comprometan a buscar empleo.
Esta prestación sustituyó a otras que existían antes y, tras varios experimentos, se unificó en todo el país en 2009. Actualmente, la reciben más de 2,5 millones de ciudadanos franceses.
Esta ayuda va desde los 564,78 euros, si se trata de una persona soltera, hasta los 1.208,74 euros, en el caso de una familia monoparental con dos hijos, según la última actualización que se hizo el pasado 1 de abril. Esta cantidad puede aumentar por cada hijo adicional que tenga.
Los jóvenes entre 18 y 24 años que quieran percibir esta ayuda tienen que cumplir unos requisitos más estrictos que el resto, con el objetivo de no desincentivar la búsqueda de empleo.
Los beneficiarios de la RSA han recibido un importe extra de 100 o 150 euros si eran perceptores de esta ayuda durante los meses de abril y mayo, debido a la crisis económica provocada por el coronavirus.
Italia ha sido uno de los últimos países en implementar un renta mínima, llamada Reddito di cittadinanza (ingreso de la ciudadanía), ya que se aprobó el año pasado a propuesta del Movimiento 5 Estrellas.
Esta ayuda está destinada a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Los beneficiarios deben tener un Indicador de Situación Económica Equivalente (ISEE) inferior a 9.360 euros anuales, unos ingresos inferiores a 6.000 euros anuales y un patrimonio inmobiliario inferior a los 30.000 euros, sin contar la primera vivienda.
Los ciudadanos italianos y los europeos pueden solicitarla, así como los residentes que hayan vivido en el país durante, al menos 10 años, los dos años anteriores a la solicitud de forma ininterrumpida.
La ayuda es compatible con las prestaciones desempleo. La cuantía otorgada depende del ISEE y su cantidad máxima son 780 euros al mes para una persona que no tenga casa. Una vez concedida, el beneficiario entra en un programa de búsqueda de empleo.
Portugal cuenta con una renta mínima llamada Rendimento social de inserção (ingreso social de inserción), que sustituyó a un programa anterior similar llamado Rendimento Mínimo Garantido (ingreso mínimo garantizado). El año pasado recibieron esta prestación 267.320 personas.
La ayuda se recibe durante 12 meses. El beneficiario recibiría 189,66 euros al mes, a los que habría que añadir 132,76 euros por cada mayor de edad de la familia y otros 94,83 euros por cada hijo menor a su cargo.
Los requisitos para pedirla es ser mayor de edad, tener nacionalidad portuguesa, de la UE o ser refugiado, estar inscrito en una oficina de empleo y vivir en una situación de extrema necesidad.
Al igual que ocurre en otro países, el beneficiario de esta ayuda se compromete mediante la firma de un contrato a buscar activamente empleo.
