Así es la maquinaria de Vox en el Congreso de los Diputados para boicotear al Gobierno

La sexta planta del Congreso es el campamento base de la ultraderecha en la Cámara Baja. Desde allí coordina el grupo, en su despacho, Iván Espinosa de los Monteros. El año acaba de empezar. Es miércoles 8 de enero y el portavoz del partido conversa con una mujer, rodeado de papeles y con la puerta abierta, para cumplir el aviso de Vox el 10-N.

“Ahora con más de 50 escaños recurriremos al Constitucional todas las leyes liberticidas que se han aprobado en España”, advirtió desafiante la noche electoral el líder, Santiago Abascal, quien tiene el despacho muy cerca de Espinosa de los Monteros. Y en ello están ahora, una vez ha arrancado oficialmente la XIV Legislatura.

Como otros grupos parlamentarios, Vox ha dado el pistoletazo de salida al goteo de contratos de asistentes, según recoge el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. Este personal de confianza no puede replicar el trabajo de los funcionarios del Congreso, según el Estatuto de los trabajadores de la Cámara.

La Mesa es el órgano que establece el ratio y el máximo de contratos de este tipo que puede hacer cada grupo parlamentario: 0,9 asesores por diputado. De modo que a Vox, que obtuvo 52 representantes en noviembre, le corresponden como máximo 46 asistentes.

Los últimos fichajes de la ultraderecha, el pasado 15 de enero, son el periodista Francisco Méndez, íntimo de Santiago Abascal, y el también periodista de Intereconomía Javier Torres. Ambos se suman a Enrique Cabanas, el poderoso hombre en la sombra y responsable de la logística, medios y recursos del jefe de la ultraderecha. Abascal, Méndez y Cabanas son el triunvirato por el que pasa casi toda la estrategia del partido dentro y fuera del Congreso.

En la práctica, Cabanas, hombre discreto e hijo de militar, ha asumido el papel de coordinador del grupo; una suerte de enlace para conectar el núcleo duro del partido con las señorías verdes. “Siempre está, nunca falla y jamás decepciona. Su versatilidad y su capacidad son envidiables. Si tuviera una empresa no dudaría en ficharle. Vale igual para un roto que para un descosido”, ha elogiado Abascal.

El cupo de asesores parlamentarios lo completan, por el momento, la periodista Fátima García, quien trabaja a las órdenes de la jefa de prensa del grupo, Rosa Cuevas-Mons —también periodista de Intereconomía—, la abogada Inés Cuartero y Miryam López, antigua asesora del Grupo Popular. Pero está previsto que la maquinaria de Vox en la Cámara siga sumando piezas.

“Hay mucha gente pendiente y de los nervios”, reconoce a El HuffPost una fuente parlamentaria que pasa sus días en la Carrera de San Jerónimo. Los grupos en el Congreso trabajan para controlar al Gobierno con preguntas orales, por escrito, peticiones de comparecencia, etc. Pero también para introducir en la agenda temas encaminados a ganarse a la opinión pública y desarticular los mensajes del Gobierno.

Otra fuente que ha dedicado varios años a la actividad parlamentaria resume así el funcionamiento de los grupos: “A pesar de la relevancia que tienen en el funcionamiento de las Cámaras, su naturaleza jurídica es más propia de una empresa privada”.

No es de extrañar que buena parte de los asesores sean periodistas o personas vinculadas a la comunicación, donde el partido de Abascal ha mostrado con creces sus habilidades. “El trabajo solo se hace visible si se comunica”, precisa otra fuente parlamentaria.

Vox es una de las formaciones con mayor impacto en las redes. El propio Espinosa de los Monteros las usa con regularidad. Llegó a convocar a través de Twitter una protesta contra Icade, su universidad, cuando le canceló una conferencia. Y le salió bien la jugada.

Un ejemplo de la importancia que el grupo otorga a los perfiles de comunicación es que cuenta con un asesor de prensa más respecto a la anterior legislatura, según aclara a este periódico una fuente de la ultraderecha en el Congreso. Ese nuevo fichaje deberá descongestionar al resto del equipo, ya que el número de diputados se ha más que duplicado desde abril.

Apenas 6 de los 238 asistentes que los grupos contrataron la última legislatura, y cuyo sueldo corre a cuenta de la Cámara (9.135.000 euros), eran de Vox. Algunos repiten, como López y otros siguen a la espera, como quien fue el presidente de la Real Federación Española de Caza, Ángel López.

El Congreso como arma electoral

Los partidos se escudan en la función de orientación política del Congreso, que ampara las propuestas no vinculantes de las proposiciones no de ley, para copar la agenda. 32 de las 46 iniciativas parlamentarias de la ultraderecha entre el 21 de mayo y el 24 de septiembre, lo que duró la XIII Legislatura, fueron proposiciones no de ley. Las formaciones recurren más a ellas según se acercan las elecciones.

“La intención de destacarse y de utilizar la actividad parlamentaria como altavoz electoral ha existido desde el primer momento”, cuenta a El HuffPost un antiguo trabajador de un grupo parlamentario a quien no le sorprende que casi tres tercios de las propuestas de Vox fueran proposiciones no de ley. Durante esos meses, la repetición electoral parecía cada día más clara.

Así, según esta fuente, “los grupos llevan al Pleno y a las Comisiones parlamentarias infinidad de temas a la mesa en los que instan al Gobierno o alguno de sus miembros a pronunciarse sobre algún asunto o acción para polemizar y abrir telediarios y protagonizar tuits efectistas”.

En el anterior Congreso, Vox, con 24 diputados, presentó 32 iniciativas encaminadas a comprometer al resto de partidos; todas están caducadas porque la Legislatura tocó a su fin por el 10-N. Pero el Congreso anda ahora inmerso en la composición de las nuevas comisiones parlamentarias, igual de importantes que los plenos, porque también tienen capacidad legislativa.

Y en el reparto de cargos saltaron chispas este martes entre PP y Vox, porque según los de Abascal los populares les han vetado. La ultraderecha, tercera fuerza del Congreso, se ha quedado sin presidir ninguna comisión. El PSOE, que busca imponer un cordón sanitario a Vox, ha propuesto un reparto de cargos que cuenta con el beneplácito del resto de partidos, incluido el PP.

Los de Abascal sostienen que deberían ocupar el 15% de los puestos de acuerdo a su representación en el arco parlamentario; una medida similar a la de Ciudadanos en la anterior Legislatura. Pero el PP no está de acuerdo con esta pretensión.

Es en las comisiones donde la relación entre asesores y diputados es crucial, porque aunque la iniciativa política debe partir de los representantes, son los asesores quienes preparan el grueso del papeleo: “Es vital conocer los plazos de entrega de los escritos en forma de Proposiciones No de Ley, de Ley, de preguntas parlamentarias...”, deja caer una asesora de un grupo con varios años de experiencia a sus espaldas.

Una proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para promover el respeto a los símbolos nacionales en los centros educativos de toda España u otra relativa a medidas para el respeto a la cultura, historia y tradición del toro bravo, son solo dos ejemplos de cómo trabaja la maquinaria parlamentaria de Vox para influir y marcar los temas. En la anterior Legislatura presentaron 46 iniciativas en total.

El recurso de inconstitucionalidad, el nuevo as de Vox

El Tribunal Constitucional, que vela por el cumplimiento y la supremacía de la Ley Fundamental, es claro: “Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores”. La ultraderecha de Vox se suma a PP y PSOE y dispone de un arma clave.

Cada vez que el Congreso apruebe una ley, Vox tendrá tres meses para poner a sus 52 diputados a trabajar y presentar ante el Constitucional un recurso de inconstitucionalidad en el que deberán concretar los preceptos de la Carta Magna que entienden infringidos. Aunque, como recuerda el tribunal, “la admisión a trámite de un recurso no produce la suspensión automática la norma”.

Esto dotará a la formación de ultraderecha de una mayor visibilidad mediática y de más influencia en el ordenamiento jurídico. El Gobierno de Sánchez y el futuro acuerdo que se desprenda de la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat, y que se someterá a consulta en Cataluña, está en riesgo si lo que se presenta a los catalanes es un nuevo Estatut, aunque el independentismo sigue la estela de la independencia y la autodeterminación. La cincuentena de Vox se está preparando.

Vox ya cuenta con frenar la tramitación del proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco con un recurso previos de inconstitucionalidad, pues, según prevé la ultraderecha, el texto que formulen los partidos nacionalistas vascos van a contener puntos de dudosa constitucionalidad.

Los primeros meses de la ultraderecha en el Congreso les servirán para coger carrerilla y acostumbrarse al siempre arduo trabajo parlamentario. Aún deben pasar un tiempo de adaptación para conocer todos los recovecos de la ingeniería legislativa.

Ya le pasó a Ciudadanos y a Unidas Podemos. En los primeros compases de la legislatura en la que llegaron al Congreso por primera vez, en 2016, apenas presentaron iniciativas respecto al PSOE, también en la oposición. Ahora, los de Abascal engrasan la máquina para torpedear al Gobierno desde el Congreso; su nueva base de operaciones.