Arizona reactiva la pena de muerte y realiza la primera ejecución en ocho años

Clarence Dixon ha sido ejecutado este miércoles en Arizona (EEUU) por el asesinato de una estudiante ocurrido en 1978 después de una pausa de ocho años sin administrar la pena de muerte en ese estado debido a un polémico caso en el que el reo se mantuvo vivo pese a repetidas dosis de la inyección letal.

Dixon, de 66 años, ha muerto este miércoles a las 10.30 hora local (16.30 GMT) en la cárcel de Florence en Arizona tras recibir la inyección letal.

Deana Bowdoin, de 21 años, estaba a ocho semanas de su graduación en la Universidad del Estado de Arizona (ASU). El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, ha informado de la ejecución y ha señalado que ha habido justicia “para Deana Bowdoin, su familia y nuestras comunidades”.

La joven, que fue encontrada sin vida en su apartamento en Tempe, Arizona, había sido violada, apuñalada y estrangulada con un cinturón. Dixon vivía por entonces cerca del apartamento de Bowdoin.

Todas sus apelaciones fueron denegadas

En las últimas semanas, sus abogados trataron de evitar la ejecución alegando que Dixon no se encontraba mentalmente capacitado para ser ejecutado y que no entendía por qué el estado quería matarlo. Sin embargo, todas sus apelaciones fueron denegadas. Su última comida antes de ser ejecutado fue pollo frito, helado de fresa y una botella de agua.

Después de la ejecución, Leslie Bowdoin, hermana de la víctima ha dicho en conferencia de prensa que en este caso “nunca existió” la más minimiza duda de la culpabilidad de Dixon.

Además, ha recalcado que las pruebas genéticas fueron contundentes y solo ha lamentado lo largo y doloroso que ha sido todo este proceso legal. Ha calificado a su hermana como una mujer alegre, llena de vida, que tenía muchos amigos y una vida por delante.

Dixon fue arrestado en 1985 por el ataque sexual contra otra estudiante por el cual fue sentenciado a cadena perpetua. Las pruebas genéticas obtenidas en ese caso vincularon a Dixon con la muerte de Bowdoin, cuyo caso en ese momento estaba sin resolver.

Arizona había pospuesto las ejecuciones debido a una polémica que causó la ejecución en julio de 2014 de Joseph Wood, quien recibió 15 dosis de una combinación de dos medicamentos y tardó dos horas en morir.

El estado tuvo también dificultades para obtener los medicamentos utilizados para la inyección letal. En Arizona actualmente hay 112 reos sentenciados a la pena de muerte.