Arguineguín desmantelado... ¿Y ahora?

El campamento de Arguineguín —instalación de recepción de migrantes africanos rescatados en la mar, llamado estentóreamente “campo de la vergüenza”, en remedo de la retórica crítica en la denuncia de Lesbos, Samos, Lampedusa y otras expresiones límite de una presión desbordada en una frontera exterior vulnerable, de la UE— ha sido desalojado. 

Es una buena noticia. Pero no equivale en ningún caso al fin de la historia de un hecho —el migratorio— que ni admite “soluciones” taumatúrgicas o milagrosas, ni se resuelve ni disuelve con la declamación voz en grito de consignas biempensantes (“¡vergüenza!”, “¿Hasta cuándo?”), ni mucho menos aún con el facilón recurso de señalar un culpable (“¡Marruecos!”, “¡El Gobierno!” “¡Europa!”, “¡La globalización!”...).

Este último fin de semana de noviembre ha disminuido, además, la afluencia abrumadora de cayucos y pateras en la ruta hacia Canarias que venía perdurando durante los tres últimos meses. Del mismo modo que su repunte álgido se explica en la conjugación compleja de varios factores, también su descenso obedece al efecto de concausas: tanto las marejadas y el mal tiempo de borrascas que han asolado las islas (en contraste con la mar calma y bonanza soleada de semanas anteriores) como la reactivación de la diplomacia del Gobierno en África (ministros y ministras en Marruecos, Mali, Senegal) han marcado una diferencia, sin que sea fácil predecir cuánto durará la tregua.

Tal y como he denunciado en el Parlamento Europeo (PE), la situación actual de la migración a Canarias desde la cornisa africana sigue siendo peor de lo que lo fue la llamada crisis de los cayucos (2004/2006) a la que nos enfrentamos quienes estábamos en el Gobierno de España en la primera década del siglo XXI. Siquiera sea porque entonces no había Tratado de Lisboa (TL, entró en vigor en 2009), no había Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia con su legislación europea, no había Agencia Europea de Asilo (EASO) ni había Frontex (la Agencia de Fronteras y GuardaCostas que empezó a operar en 2007), ni Fondo Europeo de Migraciones y Asilo (AMIF) ni Fondo de Seguridad Interior (ISF). Todo lo que ahora existe hace aún más incomprensible e imperdonable la sensación de abandono y de insolidaridad que se ha acusado en Canarias al hilo de las incidencias, tensiones e inevitables controversias suscitadas en la gestión de estos meses que epitomiza Arguineguín.  

¿Y ahora qué? ¿Cómo actuar una vez desmantelado el campo de recepción y de primera asistencia de migrantes rescatados? Sigue siendo necesaria —y continúa pendiente— una respuesta razonable y públicamente razonada, articulada y reglada, compatible y coherente con el Derecho europeo, y sobre todo eficaz.

Como presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del PE, hablé de esto la semana pasada — Thanksgiving en EEUU—, en que tuvo lugar el Pleno que desde que arrancó la pandemia se reúne en Bruselas y no en su sede de Estrasburgo. En ese Pleno debatimos la agenda y los contenidos del próximo Consejo Europeo que se reunirá, presencialmente, los días 10 y 11 de diciembre para cerrar el semestre de la Presidencia alemana de la UE y, esperablemente, el pack de los instrumentos financieros (eurobonos, Next Generation EU) y presupuestarios que, con una potencia de fuego inédita en la historia de la UE, deben alumbrar la salida al túnel de los daños causados por la Covid.

En el debate se habló de solidaridad en la respuesta a la pandemia. Y se exigió una respuesta contundente del Consejo Europeo contra el inaceptable chantaje de Hungría, Polonia ¡y Eslovenia! a fin de desbloquear de una vez el paquete que conforman el MFF 2021/2027, el Presupuesto europeo, el Fondo de Recuperación y el novedoso Reglamento de condicionalidad del acceso a los fondos UE al cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho (impulsado desde el PE). Sin más tardanza, el Consejo debe doblar el pulso a la oposición frontal planteada por los Estados miembros (EEMM) incursos en el Art. 7 del TUE por su negativa a acatar los valores y principios por los que se está en la UE. Porque, como se recordó, Europa no es “un bazar” sino una Unión en Derecho que comporta, sí, prerrogativas y oportunidades para sus EEMM, pero también obligaciones de solidaridad y de asistencia mutua.

Precisamente por eso produce tanto estupor que no haya en la agenda del Consejo del 10 y 11 de diciembre ninguna mención específica a la solidaridad (Art. 80 TFUE) en la mención que contiene a la cuestión migratoria, exclusivamente referida al Mediterráneo oriental y a la relación con la vecina Turquía. Ninguna mención, por tanto, a la ruta canaria en las aguas del Atlántico, sin duda la más acuciante y mortífera en todo el desigual paisaje de fronteras exteriores del conjunto de la UE.

¿Es preciso recordar todavía, a estas alturas, que la solidaridad vinculante y responsabilidad compartida en la gestión de migraciones y de demandas de asilo es un mandato jurídico, y no un mero wishful thinking, en el TL y el derecho legislado de la UE? ¿Acaso es posible ignorar, o procrastinar por mucho más tiempo, el horizonte normativo que impone fijar la vista del conjunto de la UE en una reactivación de los programas solidarios de realojamiento entre EEMM de la UE reglados en el Asylum Package? Sí, por supuesto que sé que el realismo sucio no los hace probables en el futuro inmediato. Y sé también que es inviable que puedan ponerse en práctica en este ambiente enrarecido por la prolongada pandemia y sus medidas de emergencia, con el derrumbamiento de la conectividad aérea entre los EEMM y la suspensión práctica de Schengen, entre otras decisiones impuestas fragmentariamente y sin suficiente coordinación. En el PE hemos insistido en el respeto a las reglas que fundan el Espacio Schengen, que exigen a las medidas que impliquen su suspensión una comunicación previa que asegure su sometimiento al derecho europeo (TL Y derecho legislado) y a los principios de necesidad, proporcionalidad y acotamiento temporal consagrados por la CDFUE para todas las normas que afecten a los derechos de la ciudadanía.

Pero cabalmente por ello, y mientras no sean practicables los realojamientos de migrantes en fronteras, tras el desmantelamiento del campo de Arguineguín es imprescindible que adquieran articulación y transparencia los ejercicios concretos de solidaridad española con las limitaciones de los recursos disponibles para su acogida en Canarias: no sólo porque su alternativa sería a la postre insostenible y por tanto inaceptable (“que se queden todos en Canarias”, por más que las llegadas puedan ser indefinidamente incrementales), sino porque esa solidaridad inmediata, con Canarias, confiere legitimidad a España y plena autoridad moral para exigir sin desmayo solidaridad vinculante y efectiva al resto de EEMM y al conjunto de la UE.

Tal y como expresé en ese debate en Pleno, Canarias no es un muro de Europa, ni simple “frontera exterior”: ¡es España y es Europa! Las personas rescatadas en la mar y desembarcadas en sus puertos y muelles ya se encuentran en la UE. Ya han llegado. Ya están aquí, en Europa. De modo que la respuesta sólo puede ser común, como lo es, sin duda, la responsabilidad.

Ahora, mientras esta llega, el Consejo Europeo de 10 y 11 de diciembre debe asegurar al menos que los notorios campeones de la insolidaridad —Hungría y Polonia a la cabeza— no se salgan con la suya en su chantaje contra el resto.