Apuestas deportivas: las dos caras del juego
Por Levi Pérez Carcedo, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico, Universidad de Oviedo:
El juego es una actividad económica de ocio que por sus peculiaridades puede afectar a cuestiones de interés social como el orden o la salud pública, lo que justifica su regulación. La cuestión es que las posiciones sobre esta actividad son muy dispares: en muchas casos se prohíbe, mientras que en otros la libertad es absoluta e incluso impulsada por los diferentes reguladores.
En general se trataría de equilibrar el impacto económico que se genera regulando y gravando esta actividad con sus aspectos negativos (adicción, juego compulsivo, fraude, corrupción, etc.).
En España, tras más de 30 años sin apenas sobresaltos, la industria del juego comenzó a experimentar un profundo cambio. En el año 2008, siguiendo la estela de las primeras licencias concedidas meses antes en el País Vasco, comenzaban a operar en Madrid las primeras casas de apuestas. Hasta ese momento, las apuestas deportivas legales en España se limitaban en gran medida a los pronósticos sobre los resultados de los partidos de fútbol profesional a través de La Quiniela; sin perjuicio de las apuestas que se realizaban, desde hacía ya varios años, de forma alegal a través de Internet.
Progresivamente otras comunidades autónomas se fueron sumando a la concesión de licencias a nuevos operadores para la apertura de este tipo de locales, lo que, conjuntamente con la creciente disponibilidad de sitios de apuestas deportivas en Internet y la consiguiente expansión de las oportunidades de juego, contribuyó sin duda a crear un escenario completamente nuevo.
Como consecuencia del crecimiento de este mercado y sus potenciales repercusiones sociales, en el año 2011 se avanzó con la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juegohacia la legalización, regulación y normalización de las apuestas deportivas en todas sus formas (quinielas, apuestas deportivas de cuota fija o de contrapartida, etc.) y canales de juego.
Actualmente, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, regula, controla y, en su caso, sanciona la actividad de las apuestas deportivas en España.
Las apuestas deportivas, además de una fuente de financiación para el deporte profesional a través de diferentes formas de patrocinio, promoción y/o publicidad, constituyen una actividad económica que, según el Anuario del Juego en España 2018, sostiene unos 2.350 empleos directos y genera alrededor de 30 millones de euros vía impuestos sobre el juego. En el año 2017, el margen de juego o GGR (Gross Gaming Revenue) de las apuestas deportivas superó los 740 millones de euros.
En cualquier caso, y aunque compartan algunas características con el resto de juegos de azar, conviene aclarar que las apuestas deportivas no constituyen un juego de azar puro en el sentido de que la combinación ganadora no es el resultado de un sorteo, sino que se relaciona con el resultado final de un cierto evento deportivo.
Así, las apuestas deportivas permiten vivir, de forma todavía más intensa, una afición ya existente entre los consumidores, como es el deporte, que ha de ser tenida en cuenta a la hora de explicar la relativa reciente expansión de este mercado.
No obstante, y como ya se ha apuntado, las apuestas deportivas constituyen también un cierto riesgo tanto para la sociedad como para el deporte en sí mismo.
Desde el punto de vista de la salud pública, y acentuado quizás por la publicidad y la presencia mediática de esta actividad, además de por el hecho de que su consumo se inicie cada vez en edades más tempranas, el número de jugadores con episodios de juego problemático ha crecido en paralelo al desarrollo de las oportunidades de juego.
Por otro lado, y aunque los ingresos potenciales para el deporte procedentes de la industria de las apuestas deportivas se han multiplicado, el riesgo para la integridad del deporte también se ha visto notablemente acentuado.
La elevada liquidez de la industria de las apuestas deportivas, unida al hecho de que ésta se concentre principalmente en mercados carentes de regulación, y al desarrollo de la modalidad “in-play” o apuestas en juego (es decir, apuestas realizadas mientras el evento deportivo está en curso), ha incrementado la rentabilidad potencial de manipular los resultados de eventos deportivos.
El hecho es que, de acuerdo a las recientes revelaciones de amaños de partidos de fútbol en España y la identificación de numerosos casos de apuestas sospechosas, este tipo de delito parece estar proliferando.
Al Caso Eldense, se han sumado recientemente las investigaciones de las operaciones Pizarroy Cortés que llevaron en 2018 a varias detenciones vinculadas a una red de amaños en el fútbol español.
Actualmente, se desarrolla la operación Oikos en relación con los delitos de amaño deportivo, blanqueo de capitales y organización criminal.
Del seguimiento y control de las apuestas en todos los niveles de sus competiciones y en los partidos amistosos oficiales durante la temporada 2017-18, La Liga reportó un total de 39 denuncias y 9 personaciones en juicios por posibles amaños en partidos de fútbol.
El aumento de este tipo de casos constituye una seria amenaza para el deporte, cuestionando incluso su integridad. Por consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera las apuestas deportivas como una actividad económica especial y ha admitido incluso algunas limitaciones a la libre prestación de servicios de apuestas (la justificación de su intensa regulación - prohibición en algunos casos – reside de hecho en el objetivo de la lucha contra el fraude, la corrupción y la delincuencia).
La tendencia observada es que las apuestas deportivas están creciendo, principalmente debido a la expansión global de las oportunidades de juego y a la disponibilidad de sitios de apuestas en Internet. Pero también porque los avances tecnológicos proporcionan facilidad de acceso y otras características atractivas para los jugadores, como las apuestas “in-play”.
La normativa vigente pretende dar respuesta a las necesidades del sector ofreciendo los instrumentos reguladores adecuados, pero también seguridad jurídica a los participantes y operadores de juego, así como medidas de protección del orden público y de prevención del blanqueo de capitales. De hecho, los operadores que prestan servicios de juego en el mercado español de apuestas deportivas están sujetos a un proceso de autorización, supervisado por la DGOJ.
El objetivo último ha de ser el de equilibrar la demanda e interés de los potenciales consumidores de apuestas deportivas, la actividad económica generada por esta modalidad de juego y las externalidades negativas asociadas a la misma.
