Anticorrupción pide al juez de Tándem que impute al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán
El Ministerio Público también interesa la imputación del ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles, del expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y del ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa Tándem, Manuel García-Castellón, que cite en calidad de investigado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para que responda en sede judicial sobre su posible participación en el contrato de los servicios del comisario José Manuel Villarejo por la eléctrica, según adelanta El Confidencial y ha confirmado Europa Press.
Según el mismo medio, el Ministerio Público también interesa la imputación del ‘número dos’ de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, del expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker, y del ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Esta solicitud, a la que ahora debe dar respuesta el magistrado, llega tras la celebración de la junta de accionistas del Iberdrola, y después de que se incorporara en mayo a la causa un nuevo informe de Asuntos Internos en el que se analizaban conversaciones mantenidas entre el comisario y el responsable de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo. En ellas el comisario se refería en diferentes momentos a “don Ignacio” o el “señorito” en el marco del proyecto ‘Arrow’, uno de los encargos que realizó.
Comparecencia de la cúpula energética
El informe de Fiscalía llega además al poco de que la Comisión Ejecutiva delegada del consejo de administración de Iberdrola decidiera poner a los administradores y empleados de la compañía, incluido Galán, a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante el que se tramitan las diligencias de la pieza 17 para declarar y ayudar en la finalización de la investigación.
Lo hizo por medio de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que la energética señala que el máximo órgano de la compañía, para “la mejor protección del interés social, sobre la base de la confirmación de las conclusiones alcanzadas en las investigaciones internas anteriormente referidas y en coherencia con su ánimo de remitir al Juzgado cualquier información relevante”, adoptaba la decisión de poner a los administradores y empleados de la sociedad a disposición del Juzgado que investiga el caso.
De esta manera, pedía la comparecencia de la cúpula de la energética “en la medida en que lo considere necesario y tan pronto como sea posible”, para proporcionar su testimonio y, de esta manera “facilitar la finalización de la investigación en curso”.
