Años de indolencia y ahora, desprecio: los vecinos de San Fernando sufren los Gobiernos de Madrid

Cada vez que se va a la cama, Juan Fuentes no puede dormir. Se pone a pensar en su casa, que ya no existe; en sus ahorros, que van menguando; en sus vecinos, que acuden a él y se encomiendan: “Juan, tú me lo vas a solucionar”. El hombre ha estado de baja y se mantiene en tratamiento psicológico. Fuentes es uno de los afectados por las obras de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, y preside la Asociación de Afectados por este trazado.   

La casa de Fuentes, con todos sus muebles y enseres dentro, fue derribada el 9 de mayo de 2022, mientras su familia y otra veintena más permanecían alojadas en apartahoteles a unos diez kilómetros del municipio. Pero ahí no acabó su agonía, sino que empezó una dura travesía para encontrar una alternativa habitacional. 

En septiembre serían desalojados de los apartahoteles, y hasta 72 horas antes de ese momento no sabían qué sería de su vida. En el último instante, los vecinos consiguieron que la Comunidad de Madrid les diera una ayuda, 798 euros al mes durante seis meses (en total, 4.788 euros en un solo pago) para pagar un alquiler, una subvención a la que no todos los afectados pueden acceder, y que a otros se les acabó al segundo mes. “El primer mes tuve que pagar la fianza, los gastos de la inmobiliaria y un mes de adelanto: 3.300 euros”, detalla Fuentes. Ahora tiene que seguir pagando los 1.100 euros mensuales de la vivienda en alquiler que consiguió in extremis gracias a un contacto, y 450 euros de la hipoteca de su vivienda original, esa que ya no existe porque fue demolida.

El origen del problema: elecciones autonómicas, mayo 2007

El motivo de ese derribo no es otro que la construcción de la línea 7B de Metro, un ‘capricho’ que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre llevó demasiado lejos. Porque lo que iba a ser un trazado recto fue modificado a última hora y con prisas para que el Metro llegara al Hospital del Henares que pronto abriría sus puertas. Finalmente las obras –encargadas a la empresa Dragrados, de Florentino Pérez– llegaron a tiempo para las elecciones de mayo de 2007, en las que Aguirre obtuvo mayoría absoluta.

“La singularidad de la reducción del plazo de construcción [...] por el problema electoral ha repercutido negativamente en todos los trabajos desarrollados”, dictaminó en 2007 una auditoría encargada por la propia Comunidad de Madrid, que hablaba también del “estrés adicional” que sufrió la Dirección de obra por las prisas. 

Los tribunales sentenciarían más tarde, en 2019, que la responsable era la Administración madrileña, que no tuvo en cuenta “las singularidades del terreno”, concretamente la importante presencia de materiales salinos. “La causa de la ruina producida fue el defecto del proyecto consistente en no tener en cuenta las singularidades del terreno que exigía un pozo impermeable en lugar del que se diseñó”, dijo la sentencia.

Quince años después de aquellas polémicas obras, más de 600 viviendas se han visto afectadas de una u otra manera por la línea 7B de Metro. Según datos del Ayuntamiento de San Fernando, 28 viviendas ya han sido demolidas, 13 más han sido declaradas en ruina, y otras 13 están próximas de demolición, con al menos 178 personas desalojadas. Nadie ha sido indemnizado todavía. 

Los que no tienen casa; los que están “en un limbo”

Alejandro Escribano es uno de los vecinos que se encuentra “en un limbo”, describe. En los últimos diez años, la mitad del tiempo ha tenido que residir fuera de su casa. Desde 2009 recuerda convivir con “daños importantes” en su vivienda, de la que ha sido desalojado y realojado hasta en tres ocasiones. La última vez que lo desalojaron fue el pasado 11 de abril.

Escribano se negó a aceptar vivir en el apartahotel que le ofrecía la Comunidad de Madrid, que consideró “indigno” por su tamaño y la zona aislada donde se encuentra. Él y otras familias tuvieron que “pelearse muchísimo” con la Administración autonómica para que les pagara otro alquiler, asegura. 

La frustración de Escribano es mayor teniendo en cuenta que él y sus vecinos llevaban “avisando desde 2008” de la degradación de su vivienda, sin que por aquel entonces los técnicos de la Comunidad les hicieran caso, afirma. “Sabíamos que algo no iba bien, pero la Comunidad de Madrid no contestaba jamás a nuestras súplicas, así que llegamos a contratar a un arquitecto particular”, cuenta Escribano, hoy portavoz de la Plataforma de Afectados por la línea 7B.

“Me he llegado a despertar en casa con pedazos del techo en mi almohada, con ladrillos a dos centímetros de mi cara”, dice. Y eso, después de que la Comunidad de Madrid se dedicara a ‘rehabilitar’ su vivienda durante meses. “Era una pesadilla: al volver [a ser realojado] entrabas, veías tu casa como nueva, y a los tres días, una fisura, a los cuatro días, una grieta, a los pocos días, la puerta se cae”, relata Escribano. “Hemos vivido así durante años”. Ahora, señala, “estamos peor que nunca”.

Ayuso sube los decibelios: “Convierte a víctimas en culpables”

Los ánimos decaen entre los vecinos después de tantos años de lucha y sin ver resultados. También por el trato recibido por los diferentes Gobiernos de la Comunidad de Madrid. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no sólo ha minimizado en los últimos años el drama que viven cientos de vecinos de San Fernando, sino que en sus últimas declaraciones los ha acusado de violentos y acosadores por reclamar soluciones. 

Víctor Yángüez, un joven de 19 años desalojado junto con su familia de su vivienda, apareció la semana pasada en varios programas de televisión para denunciar su situación y el desamparo que sienten los vecinos. Acto seguido, comenzó el acoso contra el chico en redes y en algunos medios de comunicación, que lo acusaban de activista de izquierdas.

Juan Fuentes conoce personalmente a Víctor, que forma parte de la Asociación de Afectados. Sabe de primera mano que “el chaval lo está pasando mal” estos días. Al drama por su vivienda se suma la impotencia al ver que terceras personas utilizan su situación contra él. “Están convirtiendo a las víctimas en culpables”, lamenta Fuentes.

Lo mismo ha ocurrido con respecto a la Plataforma de Afectados, duramente señalada por Ayuso estos días. La presidenta ha acusado a personas que integran la Plataforma de llevar a cabo “acciones agresivas”, de meterse “de manera irregular en las obras” y de “acosar a las personas funcionarias” que trabajan en la Oficina de Atención del municipio y a los políticos de la Comunidad de Madrid.

Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados, explica que esta agrupación engloba a la gran mayoría de asociaciones cívicas, culturales, políticas y sindicales de San Fernando, además de a los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de Metro. “Somos un paraguas que engloba a todo San Fernando de Henares. Igual estamos metidos más de la mitad del municipio en la Plataforma”, asegura. Ahora, Escribano cree que la Comunidad de Madrid ha tocado fondo con sus críticas. “No solamente nos han arruinado la vida, no solamente nos han sacado de nuestra casa, sino que además nos maltratan de esta forma”, denuncia. “Da mucha rabia y mucha impotencia ver tantas mentiras y tanta desinformación”, añade Fuentes. 

La responsabilidad patrimonial, de la Administración madrileña

Cuando se les pregunta si responsabilizan enteramente a la Comunidad de Madrid del problema, los vecinos lo tienen claro: no es que ‘ellos’ echen la culpa a la Administración regional, es que lo muestran sentencias y lo ha reconocido la propia Comunidad al menos en dos ocasiones, recuerdan. La primera fue el ex consejero de Transportes Ángel Garrido, que de una u otra manera admitió la responsabilidad de la Comunidad en una sesión de la Asamblea en diciembre de 2019, anunciando una partida de 1,2 millones de euros para reparar las viviendas; la segunda llegó en febrero de 2022, con una orden de la Consejería de Transportes e Infraestructuras por la que se inician de oficio “los procedimientos de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en diversos inmuebles en el municipio de San Fernando de Henares derivados de las obras del tramo del túnel de la línea 7B de Metro, comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares”. 

El HuffPost ha tratado de ponerse en contacto con la Consejería de Transportes e Infraestructuras para conocer su postura, sin éxito. Algunos medios han publicado que desde la Consejería se están poniendo en contacto con los vecinos para ofrecer de forma individual diferentes indemnizaciones. Los vecinos consultados por este periódico no han recibido aún esa llamada, pero se quejan de las formas: “Nuestros abogados no entienden que hagan esto”, replica Juan Fuentes.

El Gobierno madrileño ideó una partida de 7 millones de euros para indemnizar a las familias a partir del próximo año, en unos presupuestos que finalmente no salieron adelante. “¿Cómo van a pagar ahora las indemnizaciones, si no tienen presupuestos?”, se preguntan ahora los vecinos.

El Ayuntamiento de San Fernando también ha sido señalado en varias ocasiones por parte de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid en su afán por tratar de repartir responsabilidades. El actual alcalde del municipio, Javier Corpa (PSOE), –igual que los anteriores regidores– niega cualquier responsabilidad. “El Ayuntamiento no tenía información de nada”, sostiene Corpa, en la alcaldía desde 2019 y muy comprometido con los afectados por Metro. 

“La competencia en la construcción y elaboración de informes en todo lo que tiene que ver con la línea 7B de Metro es de la Comunidad de Madrid”, insiste Corpa. “El Ayuntamiento podría proponer, y no sé si propuso, alguna cuestión. Pero al final, cuando se hace un proyecto, este tiene que contar con los informes que dice la ley sobre la situación del terreno. En la ampliación que se hizo posterior al trazado inicial se han obviado informes que tenían que constar en esos expedientes. La competencia era y es autonómica. Eso no lo discute ni la propia Comunidad de Madrid”, lanza Corpa.

“Esto está afectando a toda la ciudad”

El regidor de San Fernando es consciente de las situaciones dramáticas que viven cientos de sus vecinos por las obras de Metro, pero va más allá: “Esto está afectando a toda la ciudad”. Recuerda que las estaciones de Jarama, Henares y Hospital del Henares se encuentran cerradas por “reparaciones” desde agosto, igual que sucede prácticamente cada temporada. El desastre de Metro también ha afectado a edificios públicos del municipio: “La Escuela Oficial de Idiomas, que era un referente de la comarca, se ha trasladado al municipio de Coslada; se han trasladado a otros puntos de la ciudad la escuela infantil Tambor, la escuela de adultos, la Casa de la Mujer, la Concejalía de Educación, el Centro de Juventud, tenemos cerrada la Sala de Exposiciones…”, enumera Corpa. 

Tanto los vecinos afectados como la corporación municipal defienden la puesta en marcha de una ley autonómica específica y de un plan integral similar al que se hizo con el hundimiento del Carmel de Barcelona en 2005, en torno a dos ejes: el análisis de las causas que originan los daños en las construcciones por la ampliación de la línea 7B de Metro de Madrid, y la reparación de todos los daños causados. 

En diciembre de 2021 la Asamblea de Madrid dio luz verde al plan integral propuesto a través de una Proposición No de Ley (PNL) –sin los votos del PP–, que no se llegó a aplicar en ningún momento. En cuanto a la ley autonómica, planteada por el grupo socialista, no salió adelante. Y Corpa lo lamenta: “Esto permitiría tener una alternativa habitacional digna, daría garantías a los vecinos”.

Por otro lado, los locales comerciales afectados por las obras –más bien, sus propietarios– también sufren este desamparo. “Algunos negocios van para dos años cerrados, y esos autónomos ni siquiera han cobrado el lucro cesante”, apunta Javier Corpa. “Este es un pueblo obrero y cada familia es un mundo. Está habiendo mucha injusticia”, denuncia. 

El problema, por tanto, no es nuevo, pero parece que es ahora cuando ha llegado a un punto de no retorno. Los continuos trabajos de asentamiento del terreno que lleva a cabo la Comunidad inyectando mortero en el subsuelo no están dando resultado, sino que están provocando nuevos desalojos de urgencia de vecinos. La visibilidad del problema también es ahora mayor: el pasado 8 de enero, más de 1.500 sanfernandinos se manifestaron en el centro de Madrid para denunciar su causa; y hace unas semanas varios representantes de las asociaciones, junto con el alcalde Javier Corpa, acudieron a Bruselas para exponer su situación ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 

Se abre una “importante” vía en Bruselas

La presidenta de la Comisión de Peticiones, casualmente la ‘popular’ Dolors Montserrat, escribió el 19 de diciembre a Juan Fuentes, representante de los afectados, para comunicarle que la Comisión Europea abriría una investigación preliminar sobre las obras de la línea 7B de Metro a su paso por San Fernando. “Esta vía que se abre es importante”, confiesa Corpa, que también cuenta que están trabajando con el Ministerio de Hacienda español para “llevar a cabo exenciones fiscales” cuando los vecinos reciban su indemnización. 

Los vecinos “pedimos lo que teníamos: ni más, ni menos”, defiende Alejandro Escribano. “Estamos hablando de una catástrofe del calado del volcán de la Palma, pero esto no lo ha provocado un volcán, sino una negligencia, y tiene un agravante mucho mayor”, sostiene. “Esto es algo extraordinario, ninguna negligencia ha hundido un municipio de 40.000 habitantes”.  

Escribano advierte de que si la Comunidad de Madrid sigue en sus trece, San Fernando de Henares “va a acabar siendo un erial”. “Y a mí no me da igual –lanza–: aquí ha nacido mi abuela, estas tierras y estos edificios los han construido mis abuelos con sus manos, y no me da la gana de que el municipio de mi familia se vaya al carajo porque esta gente no quiera asumir responsabilidades”. “Este problema empezó siendo político y morirá siendo político, pero además será judicial”, avisa Escribano: “No vamos a parar hasta que no haya un responsable juzgado. Es una auténtica aberración lo que están haciendo con cientos de familias”.