Amnistía denuncia que hay una media de 80 multas diarias contra la libertad de expresión

Este lunes se reactiva el proceso de reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), comúnmente llamada Ley Mordaza, tras meses de parálisis, con el inicio de la ponencia abierta en el Congreso. En ella, entre otros, intervendrán representantes de Amnistía Internacional, por lo que la organización ha emitido un comunicado en el que hace una radiografía de situación de cómo están las cosas en cuanto a la aplicación de la norma.

Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, según datos oficiales del Ministerio del Interior, se han impuesto 73.187 sanciones en aplicación de los artículos 37.4 y 36.6 de la LOSC (los dos con más impacto), lo que supone una media de 80 sanciones diarias con base en alguno de estos dos artículos; podría equivaler a casi 25 millones de euros en sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad del Estado (quedan excluidas de estas y el resto de las cifras las sanciones impuestas por policías autonómicas de Cataluña, Euskadi y Navarra). La cantidad recaudada puede ser menor, porque algunas podrían haberse recurrido y para otras podría haberse llevado a cabo un descuento por pronto pago, puntualiza Amnistía.

"Esta actividad sancionadora, está poniendo en riesgo el ejercicio pacífico de derechos humanos. La prueba es que ha tenido un gran impacto en las vidas y en la movilización de aquellas personas, que damnificadas por los recortes del gasto público y la crisis económica, se han organizado para defender sus derechos", denuncia la organización defensora de los derechos humanos en su comunicado oficial.

La sanción tipificada por el artículo 37.4, referido a las "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad", otorga según Amnistía una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda enteramente bajo su consideración a la hora de aplicar la sanción. En el año 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones por este artículo, ascendiendo a las 21.122 en el año 2017. Según los datos de Interior, el total de sanciones impuestas en aplicación de este artículo durante estos dos años podría habría superado los seis millones de euros en multas.

El artículo 36.6 de la LOSC considera grave "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación", y castiga con una multa cuya horquilla es de 601 hasta 30.000 euros.

Amnistía Internacional ha documentado cómo este artículo ha sido aplicado en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información. En el año 2016, se impusieron 12.094 sanciones por este artículo, elevándose esta cifra a las 13.033 en el año 2017. Igualmente, según datos oficiales, el total de sanciones impuestas en aplicación de este artículo durante estos dos años podría haber superado los 15 millones y medio de euros en multas.

A la organización también le preocupan otros artículos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos. Por ejemplo, el 37.1, que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificación. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación. Desde que entró en vigor la ley hasta finales de 2017, se han impuesto un total de 282 sanciones con base en este artículo por parte del Ministerio del Interior.

El artículo 36.23, por su parte, que sanciona la distribución no autorizada de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes, es igualmente mejorable. En ese sentido, Amnistía Internacional insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a España diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista. Se han impuesto 85 sanciones en aplicación de este artículo en el periodo que va desde la entrada en vigor de la LOSC hasta el 31 de diciembre de 2017.

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"Una gran oportunidad"

El director de Amnistía internacional, Esteban Beltrán, que es quien acudirá a la reunión en el Congreso de los Diputados, le recordará al gobierno que debe cumplir sus promesas. "Tres años después, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley", asegura Beltrán.

En 2015, cuando el proyecto aún se encontraba en tramitación parlamentaria, Amnistía Internacional alertó de que esta reforma de la LOSC, como respuesta a la multitud de manifestaciones con motivo de la crisis económicas, era un paso en la dirección equivocada y se alejaba de los estándares internacionales de derechos humanos.

"Más de tres años después de su entrada en vigor, esta legislación ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social", continúa Beltrán.

La reforma de LOSC también supuso la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos.

En estos tres años, Amnistía Internacional ha documentado cómo la Ley Mordaza se ha utilizado específicamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medio ambiente obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pacífica. De igual modo, su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.

Por todo ello, la organización reclama que España debe incorporar un mecanismo independiente de investigación de abusos policiales tal y como ya lo han hecho Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega. Además, la norma debe dejar de dar cobertura legal a las expulsiones en caliente de inmigrantes en las fronteras nacionales.