América Latina se pone en pie: las claves para entender por qué arden sus calles
El cansancio ante los Gobiernos, la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos esenciales denominador común de las manifestaciones en hasta 5 países.
América Latina se levanta y obliga al mundo a que la mire. Una sociedad cansada de arrastrar pobreza y corrupción, cada vez más sabedora de sus derechos y de la necesidad de defenderlos, sometida a tensiones que van desde el neoconservadurismo feroz al desgaste de mandatarios longevos, pasando por injerencias externas y el desarrollo de una nueva clase emergente que quiere más.
Todo ello suma y explica manifestaciones como las que estos días se viven en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina o Colombia, diferentes pero con el denominador común del cansancio y la unidad de base social y con un importante calendario electoral de fondo.
En los últimos cinco años, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 17 millones de latinoamericanos se han sumado a las cifras mareantes de pobreza extrema en sólo cinco años, hasta los 63 millones de afectados. El 42% de los empleados ingresa un sueldo inferior al salario mínimo -o sea, tienen un trabajo “indecente”-, hay pocos jubilados con pensión por la alta informalidad de los empleos y la peor parte de la lleva la mujer. Los gobiernos opacos, las gestiones deficientes, los intereses del contrario... todo suma para que, como ahora, la mecha prenda.
Ecuador: fuera subsidios para contentar al FMI
Las mayores protestas a las que estamos asistiendo se están produciendo en Ecuador, donde el pasado jueves se decretó el estado de excepción y donde las detenciones de manifestantes rozan las 500. Las protestas se intensificaron este martes cuando, después de que el Gobierno se trasladase de Quito a Guayaquil, varios manifestantes tomaron el Parlamento y fueron posteriormente desalojados por la Policía y los militares. Todo parte de la aprobación, hace justo una semana por el presidente Lenín Moreno, de un paquete de medidas con las que contentar al Fondo Monetario Internacional (FMI), que le acaba de dar un crédito por 4.209 millones de dólares a tres años.
Para compensar, Moreno dio luz verde a una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año (apretar las tuercas a los más ricos para destinar hasta 300 millones extra a seguridad, salud y educación), pero también una bajada de salarios de hasta un 20% en contratos temporales del sector público y una reducción de vacaciones de 30 a 15 días para funcionarios y un aporte de un día de salario mensual al erario público.
La medida que ha causado más polémica fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, que regía en el país en los últimos 40 años, y que suponía unos 1.300 millones de dólares al año. Eso lleva a duplicar los precios de la gasolina extra y el diesel, que afecta especialmente a los agricultores -a los que alimentan a las ciudades, en su mayoría indígenas- y a los transportistas. Estos últimos convocaron la pasada semana dos días de paro, mientras llegan del campo a Quito, la capital, miles de agricultores para protestar por esta decisión (más de 7.000 ya). Los estudiantes, conductores de transporte público y las fuerzas opositoras se han sumado a la marcha.
Moreno, que defiende que sus medidas buscan la “reactivación económica” de Ecuador y que no las va a cambiar porque “lo correcto no tiene matices”, se ha llevado temporalmente la sede del Gobierno de Quito a Guayaquil por el miedo a las protestas. Denuncia que se trata de un golpe encubierto, que los manifestantes son “violentos” y están “pagados y organizados” por Venezuela y por su antecesor, Rafael Correa. La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) se ha desmarcado de la violencia y denuncian que están en la calle contra las “medidas neoliberales” y la “presencia del FMI en Ecuador”.
Perú: el control del TC enfrenta a Gobierno y Congreso
En el caso de Perú, la protesta data del 30 de septiembre: ese día, se disolvieron las cortes y se convocaron elecciones parlamentarias para el 26 de enero. El resultado de una pelea entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, en manos de sus opositores, los fujimoristas, y sus aliados (con mandato hasta 2021).
Vizcarra quiso someterse a una moción de confianza a raíz del proceso de selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entendía que el proceso no era limpio, que no garantizaba la separación de poderes. La Carta Magna dice que si el Parlamento le niega al presidente que se vote por segunda vez una moción de confianza (como era el caso), éste tiene potestad para disolver la cámara y llamar a las urnas.
Pero aquí viene el lío: el Congreso eligió a los miembros nuevos del TC y luego votó la moción, otorgándole la confianza. Sí, la votó, pero Vizcarra, al escuchar que se llevaba a cabo el primer nombramiento, presentó su renuncia, dio la orden de disolver y llamó a comicios. ¿Podía hacerlo? ¿O la jugada del fujimorismo anula sus pasos? Los opositores al Gobierno lo que hizo de seguido fue “suspender temporalmente” durante 12 meses al presidente. Hablan directamente de “autogolpe” para elegir a nuevos congresistas y que no tenía derecho a hacer lo que hizo. El debate es ese: el presidente acusa a sus opositores de usar su mayoría para controlar el Constitucional y los opositores dicen que Vizcarra gobierna sólo según sus intereses.
Todo esto, en un país sumido en la crisis institucional, con expresidentes investigados por Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de América Latina (Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski), aguantando la división Gabinete-Congreso desde hace tres años y con el pueblo muy cansado de mandatarios que no resuelven.
La mayoría de manifestaciones de estos días están con el presidente, de quien defienden que al menos ha intentado aprobar una serie de planes anticorrupción, reformas que los fujimoristas han tratado de vetar en la cámara.
Después de que dos personas más hayan renunciado a ocupar el puesto de Vizcarra, unos se niegan a ir a elecciones y otros las preparan, pidiendo incluso a la Organización de Estados Americanos (OEA) que mande observadores internacionales. Cualquier cosa puede pasar.
Bolivia: los incendios y la continuidad de Morales
En Bolivia, las protestas tienen un doble origen: se han producido marchas multitudinarias en Santa Cruz, la capital, para denunciar la supuesta inacción del Gobierno ante los incendios de bosques de la Amazonia, y para denunciar de paso que se vuelva a presentar a las elecciones de este 20 de octubre el actual presidente, Evo Morales, llevando el timón desde 2006.
Grupos de opositores y de agricultores de la zona denuncian que Morales se resiste a declarar el estado de desastre nacional, para facilitar así la gestión de fondos internacionales destinados a ayudar tras los fuegos, que ha quemado ya un área equivalente a Costa Rica (51.100 km²).
El Gobierno sostiene que esa declaración sólo vendría a favorecer una “intromisión extranjera” en un tema en el que Bolivia es “soberana”. De hecho, la prensa de izquierda sostiene que se ha detectado en la frontera la presencia en la zona afectada de supuestos mercenarios de origen norteamericano e israelí, con propósito desconocido.
Carlos Mesa, su máximo oponente en las elecciones, es quien lidera las protestas, aunque las encuestas siguen dando como vencedor a Evo, con un 38,8% de los votos frente al 25,4% de su adversario. Su exitosa gestión económica tiene mucho que ver con este apoyo popular.
Mesa anima también a tomar la calle ante un hipotético fraude electoral, la semana que viene. Sus medios afines hablan de un Tribunal Supremo Electoral partidista, poco transparente. Y más cuando inicialmente, en un refrendo, se votó que Morales no debía poder ser candidato otra vez en 2019, para buscar un cuarto mandato hasta 2025, pero el tribunal electoral dijo que no, que podía concurrir otra vez.
Colombia: la pelea por la educación digna
En Colombia, la protesta está muy focalizada en los estudiantes, los jóvenes. Hasta cinco centros de educación superior de Bogotá, la capital, se manifestaron en la última semana de septiembre denunciando supuestos casos de corrupción en el sistema administrativo de cada uno de ellos y en el Consejo Superior y recordando al Gobierno del conservador Iván Duque que no está invirtiendo en formación todo lo prometido.
Tantos desmanes han encontrado los alumnos en el funcionamiento de sus universidades que hasta han pedido que el ayuntamiento asuma el control, para evitarlos.
Las manifestaciones se convocaron de forma pacífica, pero todas acabaron con enfrentamientos con los antidisturbios, que han dejado una veintena de heridos. Las autoridades locales sostienen que “había intención violenta” y se han vandalizado unos 300 autobúses desde entonces. Las asociaciones estudiantiles insisten en que no saben quiénes son los encapuchados que han ido por otro lado.
A Duque le viene doliendo desde hace rato la cabeza con los universitarios: ya protestaron en noviembre del pasado año (y le sacaron promesas sobre presupuestos) y este abril (contra un Plan Nacional de Desarrollo que no garantizaba la igualdad de oportunidades). Ahora se han calentado los ánimos de nuevo y se ha convocado una macromarcha para este jueves, 10 de octubre, para pedirle cuentas sobre dónde están los 4.500 millones de dólares prometidos para este cuatrienio y reclamar que se respete el derecho de manifestación.
Argentina: grita el hambre
Septiembre ha sido el mes de las movilizaciones en Argentina y, aunque la aprobación de determinadas medidas ha calmado un poco los ánimos, el hecho de que haya segunda vuelta de las elecciones el próximo 27 de octubre mantiene calientes las calles. El hambre tiene la culpa.
Los ciudadanos reclamaban con los sindicatos, las ONG, las plataformas vecinales y los estudiantes que se decretara la emergencia alimentaria, necesaria desde 2002. El peso se ha devaluado de nuevo, la inflación ha subido, la pobreza roza el 40%, el desempleo está en un 12% (dos millones de personas), y el poder adquisitivo baja peligrosamente.
Mauricio Macri, el presidente, tomó en agosto algunas medidas económicas desesperadas, en un intento de comer terreno a su competidor, el peronista Alberto Fernández, que arrasó en la primera vuelta electoral. Pero no han servido de mucho, por ahora. De hecho, Fernández ha sacado un plan especial de choque que está levantando más ilusiones que lo que hace el presidente.
Al final, la emergencia se ha aprobado, pero eso no cambia que los empleados públicos cobren por debajo del coste de la cesta básica de la compra (228 dólares) o que los maestros estén convirtiendo las escuelas en centros sociales. “Con hambre no se puede enseñar ni aprender”, denuncian. De aquí al día de las elecciones, queda mucho que reclamar.
