América Latina: la inseguridad ciudadana, un freno al desarrollo
Es cada vez más tangible. La inseguridad ciudadana en la región se ha convertido en un freno al desarrollo, una profunda grieta en la cohesión social, y un fenómeno tan complejo que aún no ha sido posible asestarle golpes definitivos.
No se trata solamente de no sentirnos seguros al caminar por una calle, o el hecho inédito hace unos años, de que hay zonas enteras o barrios a los que no podemos acceder porque ya dejaron de pertenecer a la sociedad, es además el enorme costo socio-económico que la inseguridad ha producido.
Además de representar la dolorosa pérdida de 135 mil vidas al año, implica también un altísimo costo para los países. América Latina gasta entre el sector público y privado juntos, más del 3,50 del PIB regional, o lo que es lo mismo, la friolera de 261 mil millones de dólares al año en gastos de seguridad que además coinciden con los gastos que la región dedica a mejorar su infraestructura.
No es difícil imaginarse cuál debería ser la prioridad correcta. Se trata, exactamente del doble de los gastos que en esta materia dedican los países desarrollados, según explica el BID en un reciente estudio.
Algunos expertos, arguyen que es una suerte de paradoja del desarrollo. Que mientras la región logró capear la crisis financiera global del final de la primera década de este siglo, con índices de crecimiento que aumentaron los niveles de consumo como nunca antes, quienes fueron excluidos de ese nuevo consumo se abrogaron el derecho de hacerlo por fuera de la ley.
Una de las explicaciones que ofrecen es que el progreso económico de los últimos años ha provocado un crecimiento explosivo y desordenado de las ciudades.
A esto se suman otros fenómenos, como el aumento de los ninis (jóvenes de entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan) y que son propensos a actividades ilegales y la inadecuada gestión de la justicia, con centros penitenciarios, convertidos en una suerte de universidades del crimen, en lugar de instituciones para la reinserción.
El narcotráfico, las redes criminales de trata de personas, son parte a su vez de este complejo fenómeno, al que los países de la Cuenca del Plata (Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) no son ajenos.
Ante esta realidad, los gobiernos de la región están tomando medidas que pasan, por el uso de la fuerza pública para el control del delito, pero también por críticas medidas de prevención, como políticas de inclusión social y de recuperación de espacios públicos.
De hecho, entre las medidas que los latinoamericanos consideran más efectivas para combatir el delito están el patrullaje policial en primer lugar, pero también el alumbrado público y la recuperación de espacios urbanos y para la recreación.
En estos dos últimos factores es donde las organizaciones de desarrollo podemos hacer aportes muy significativos en trabajar junto los gobiernos en soluciones de desarrollo que apunten al mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes y a resolver problemas desde un enfoque integral que combine la prevención, una justicia más eficiente y la provisión de nuevas oportunidades de progreso social.
En Argentina, por ejemplo, el programa de Desarrollo de Complejos Fronterizos de FONPLATA busca aumentar la presencia del Estado en las áreas de frontera, tanto de seguridad pública como de servicios públicos para los ciudadanos.
En Joinville y Curumba, dos de las localidades en las que hemos estado trabajando en Brasil, se ha puesto el énfasis en la recuperación de espacios públicos y recreativos, así como un mejor alumbrado en las calles. En Bolivia estamos impulsando un programa de infraestructura urbana, que generará empleos para jóvenes en situación vulnerable.
Con estos y otros proyectos buscamos incidir en algunas de las causas de la inseguridad en América Latina. Ayudando a mejorar la planificación urbana, especialmente en ciudades pequeñas y medianas, reacondicionando los espacios públicos, ofreciendo oportunidades a los jóvenes y generando alianzas con el sector público, el privado y la sociedad civil para juntos ponerle una barrera al crimen