Alarma por el estado de alarma

Pedro Sánchez ha descolgado este lunes el teléfono a media mañana. Al otro lado, Pablo Casado (PP). Una hora de conversación tras la advertencia del popular en una radio de que no piensa apoyar otra vez el estado de alarma. El resultado: el Gobierno interpreta que no tendrá el respaldo del principal partido de la oposición y presiona con el caos sanitario y económico que puede llegar para salvar la votación. Los números, en el aire, y más con el ‘no’ de ERC anunciado.

El estado de alarma es un mecanismo constitucional que se había utilizado hasta ahora sólo una vez en España: durante la crisis de los controladores aéreos durante un mes por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahora la situación es totalmente diferente, una pandemia desconocida y con durísimas medidas sin precedentes como el confinamiento de la población.

El presidente del Gobierno confirmó el pasado sábado que volverá a pedir este miércoles una prórroga de quince días de ese estado de alarma. Pero esta vez se acerca a un precipicio también desconocido: no llegar a reunir los votos suficientes. Según establece la Constitución en su artículo 116, el estado de alarma es decretado por el Consejo de Ministros por un periodo de quince días y a partir de ese momento cualquier renovación depende del Congreso de los Diputados.

El malestar por ese estado de alarma ha ido creciendo en diferentes frentes y por distintos motivos. A pesar de haber sido muy crítico durante las últimas semanas, al final el PP votaba siempre la luz verde de prórroga. Pero Casado ha decidido plantarse, aunque todavía no ha revelado si será un “no” o una abstención. Detrás de él se están posicionando algunos de sus líderes autonómicos más significativos: Isabel Díaz Ayuso (PP), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía). Una estrategia política subyace: presentarse ya como la alternativa a Sánchez, dura oposición frente a cualquier intento de acuerdo.

Sánchez daba por hecho el sábado que no habría otra opción a la prórroga. El Gobierno ha repetido que no hay plan B al estado de alarma. Y es que si no logra ese acuerdo en la Cámara Baja, la única opción sería volver a aprobar esto vía decreto del Consejo de Ministros. Pero el Ejecutivo descarta por ahora eso y llama a la responsabilidad del principal partido de la oposición. Algunos juristas apuntan a que podría atribuirse más competencias vía otros decretos y al amparo de la legislación sanitaria si no quiere volver al punto de partida: que las comunidades asuman Sanidad y otras competencias. Otra variable sería dejar en manos de cada región la desescalada, algo que rechaza el Gobierno y que cree en una respuesta nacional.

Los números tienen muy cercado al Gobierno, ya que también socios que les apoyaron en la investidura como ERC y el PNV se alejan de ese estado de alarma al entender que las autonomías deberían recuperar sus competencias -el actual decreto establece que la autoridad competente es el Gobierno central-. Este argumento fue el que expuso este domingo en la conferencia de presidentes Quim Torra a Sánchez durante la videollamada. Otra puntilla ha llegado al final de la tarde con el anuncio del ‘no’ de ERC.

Conseguir el respaldo del Congreso requiere de una mayoría simple (más síes que ‘noes’). El Gobierno tiene garantizados 155 votos (PSOE y UP) de 350. También se ha mostrado a favor el PRC y NC, por lo que asciende a 157. En contra seguro ya tiene 75 (Vox, CUP, ERC y Junts). El PP no desvela si será un no o una abstención -esta segunda opción podría permitirle al Gobierno sacar el decreto-. El PNV duda y Ciudadanos está negociando, en tanto que Blldu se abstendrá. Emoción hasta el final.

¿Y por qué ahora Casado no quiere respaldar a Sánchez? Para el líder del PP ya no tiene sentido a día de hoy utilizar este estado de alarma al entender que la legislación ordinaria puede servir para que el Gobierno siga teniendo el mando único o limitar la movilidad de la población.

Entre las condiciones que pone el PP a Sánchez para dar una vuelta a su postura es que se desvincule ese estado de alarma de las ayudas económicas y sociales a los “millones de españoles que las necesitan”, tanto los ERTE como la liquidez a empresas. Según Casado, Sánchez ha tomado como “rehenes” a los parados y está aplicando un “chantaje”. Por ello, tilda la actitud del presidente de “inmoral”.

Casado no está por ningún acuerdo durante esta crisis. Ya rechazó unirse a una especie de Pactos de La Moncloa -no quiere que ningún acuerdo lo maneje directamente del Gobierno y evitaba fotos con ERC o Junts-. Y consiguió que Sánchez reconvirtiera esa idea en una comisión parlamentaria, en la que el PP busca también que sea de facto una de investigación más que un foro de acuerdos.

Pero ahora lleva su ruptura al máximo nivel: no apoyar el estado de alarma. El Gobierno ha empezado ya su presión para que Casado cambie de opinión y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dice que el PP sería culpable de un caos sanitario y económico. Desde el Ejecutivo se reprocha que los populares se vayan a oponer sin presentar un plan alternativo.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo ha planteado en estos términos: “Mejor no hacer experimentos que nos puedan llevar al caos”. El Ejecutivo argumenta que unos veinte países de nuestro entorno tienen un estado de alarma y que se ha demostrado que es efectivo para rebajar el ritmo de contagios y controlar la situación. Además, Moncloa quiere una respuesta nacional a la pandemia. Si decayera el estado de alarma, se volvería a la situación anterior en la que cada autonomía ejercía sus propias competencias, como es la Sanidad.

Un debate político... y jurídico

La situación no tiene precedentes en nuestro país y la legislación no tiene reglado exactamente un marco ante lo que se está viviendo. Es un debate que hay dentro de los propios juristas, como explican algunos catedráticos de Derecho Constitucional a El HuffPost. De hecho, ni la Carta Magna ni la ley que desarrolla el estado de alarma fijan el tiempo máximo de su aplicación. El Gobierno tiene en mente, si contara con los apoyos, con alargarlo hasta que se llegue al escenario de la “nueva normalidad” (que como pronto sería a finales de junio).

Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, comenta: “Yo no tengo dudas sobre la idoneidad de la declaración del estado de alarma en la presente circunstancia”. “Es evidente que hay una restricción de algunos derechos, como el de libre movimiento o el de reunión en la práctica, pero en determinadas circunstancias en las que hay una crisis sanitaria pues es el mecanismo adecuado”. “El estado de excepción hace más bien referencia a una crisis constitucional de orden público”, apostilla. 

Sí dice que hay que “tener cuidado con el abuso de derecho: que haya una habilitación no quiere decir que se pueda abusar o mantener más allá de lo razonable, las medidas tienen que ser proporcionales y, sobre todo, el control. Tiene que haber un control parlamentario y en su caso también judicial. Es donde hay que poner realmente el foco”. Pero, añade, “no veo riesgo de dictaduras inconstitucionales ni nada de eso”.

La extensión del estado de alarma ni siquiera está precisada en las leyes. En la Constitución simplemente se señala simplemente que sin la autorización del Congreso “no podrá ser prorrogado dicho plazo”. Y la ley orgánica que lo regula, en su apartado 6.2 indica: “Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga”. El presidente del Gobierno ha decidido pedirlo cada quince días, como el periodo inicial, pero eso no significa que pudiera modificarse ese espacio temporal (en la crisis de los controladores fue de un mes).

Además, recuerda Solozábal, que también se dan paradojas. Por ejemplo, algunas autonomías critican que el estado de alarma supone una merma de sus competencias, pero se da la situación de que han ganado otras precisamente por ese decreto, como que el Gobierno ha puesto a su servicio todos los laboratorios privados.

En cambio, Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, tiene la opinión de que el estado de alarma ya no se ajusta para esta fase de desescalada. Señala que la principal justificación del Gobierno para aprobarlo es el confinamiento y recuerda este profesor que ya se aplicó en una escala menor en la localidad de Labastida, en Igualada y en el hotel de Canarias antes de que se decretara oficialmente el estado de alarma.

“El confinamiento de no poder salir de casa que hemos tenido y estamos teniendo ni en el estado de alarma ni bajo el amparo de la legislación sanitaria que era el que se invocaba antes por parte de las comunidades que lo practicaban encaja en el marco constitucional”, sostiene. ¿Por qué? Arbos responde: “Se trata de una limitación de la libertad de circulación que no tiene amparo constitucional. El confinamiento no tiene amparo ni en el estado de excepción. Aunque sí tiene una justificación constitucional como las otras medidas: la defensa del derecho a la vida que también es un derecho fundamental”.

“A mí no me escandaliza la situación. Es un supuesto que no tiene precedentes y el derecho no estaba preparado para esto”, reflexiona Arbós, que apostilla: “Con esta premisa, digo que no encaja porque lo que nos encontramos en el estado de alarma y en el de excepción son limitaciones y restricciones”. “Es decir, tú puedes ir donde quieras excepto a tales lugares. Pero la situación actual es que tienes que quedarte en casa y puedes salir para tal y cual cosa. Lo cual es completamente distinto desde el punto de vista de la configuración de la libertad”, añade.

Si se termina el estado de alarma, recuerda Arbós, vuelven a asumir las competencias las comunidades autónomas “y en el minuto uno se vuelve a la situación anterior”. “Entonces, en el confinamiento gestionado por las comunidades existe una garantía que es la autorización o ratificación judicial. Es decir, la autoridad judicial del territorio en el que se impone el confinamiento ratifica la orden del departamento correspondiente. Eso puede hacerse. Lo han hecho en Cataluña o en Canarias. Desde el punto de vista del estado de alarma, tiene una garantía política, es que si se quiere prorrogar el Gobierno tiene que dar la cara en el Congreso”, explica. 

“¿Cuál sería el problema? Y hago una valoración que no es jurídica, sino de política pública. Me parece razonable que la decisión sobre el mejor ámbito para proceder a la desescalada lo tomen las comunidades, que son las que tienen la experiencia de gestión en el sistema sanitario desde hace más de 25 años y conocen los datos de primera mano inmediatamente”, añade Arbós. 

“Dicho esto, me parece que estamos ante una pandemia, no hay un gobierno mundial, ni siquiera uno europeo, pues la única manera de formular una estrategia macro contra la pandemia es la de los Estados. ¿Para esto se necesita un estado de alarma? Hombre, si no estuviéramos en una pelea de partidismo caníbal o de sectarismo autonómico, entonces en circunstancias en las que todo el mundo fuera razonable bastaría con la coordinación y la combinación de estrategias a través de conferencias sectoriales”, describe el catedrático.

¿Qué puede hacer el Gobierno ahora? Arbós señala: “Dos cosas. Una, que si la hace, la haría mal. En el caso de que tumbaran la prórroga, hacer otro real decreto de estado de alarma. Es decir, empezar de cero. Me parecería un fraude de ley, aunque formalmente a lo mejor se aguanta. Y otra sería hacer un real decreto ley para modificar la legislación sanitaria en el sentido de ampliar las competencias. Como es una competencia compartida, al Estado le corresponden unas bases y el Constitucional es muy generoso con la definición que haga el Estado para determinar lo básico. Podría tomar por esta vía el papel directivo”.

España, en plena pandemia y comenzando la desescalada. Y los políticos sin ponerse de acuerdo ni siquiera sobre el estado de alarma. El resultado final: en la votación del miércoles en el Congreso.