Acuerdo en la prórroga: el Gobierno y los agentes sociales pactan extender los ERTEs

En el descuento llegó la prórroga. El Gobierno, los sindicatos y la patronal han alcanzado este jueves un acuerdo prácticamente en el último minuto para la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) extraordinarios por el coronavirus. Solo quedaban unos días para que concluyera su periodo de vigencia, ya que la fecha de caducidad prevista era el 30 de junio. Después de varias jornadas maratonianas de reuniones y mucho cruce de propuestas, hay fumata blanca.

El apretón de manos a cinco bandas (UGT, CCOO, CEOE, Cepyme y Gobierno) ha sido tardío, porque las conversaciones se han resuelto después de varias reuniones virtuales durante dos semanas. La limitación de tiempo obliga al Gobierno ahora a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes con el objetivo de aprobar el texto acordado.

Fuentes de Moncloa habían descartado una aprobación unilateral de la extensión de los ERTEs por parte del Ejecutivo para dar mayor importancia al “diálogo social”. De hecho, el pasado martes se cayó de la agenda prevista para la reunión Consejo de Ministros, ante la falta de consenso.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, explicó este miércoles en una entrevista en Onda Cero que la reunión acabó para “evacuar consultas”, es decir, que las organizaciones pregunten a sus órganos de decisión. “Espero que en un plazo muy breve de tiempo tengamos acuerdo”, apostilló.

El final del encuentro del miércoles sin ningún acuerdo no significaba que la negociación entre agentes sociales se hubiera roto. A todo el mundo le interesaba llegar a un acuerdo y así ha sido. Los empresarios han aceptado finalmente este jueves la última propuesta del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz.

“CEOE y Cepyme aprueban la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Consultados los órganos de Gobierno este jueves, se ha dado un apoyo unánime a la propuesta, en tanto que presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial”, recoge un comunicado emitido de manera conjunta por la CEOE y Cepyme.

Borrador tras borrador, hasta el definitivo

El texto que se ha debatido este miércoles y aceptado este jueves era la cuarta versión que el Gobierno ofrecía a sindicatos y patronal, un borrador que ha sido modificado para intentar incluir las exigencias de los agentes sociales y que ya el pasado lunes quedó “cerca” de ser aprobado.

El plazo de la extensión de los ERTEs era una de las cuestiones que impedían el acuerdo. Mientras el Ejecutivo planteaba alargarlos solo de manera parcial hasta el 30 de septiembre, los agentes sociales habían defendido inicialmente llegar hasta el 31 de diciembre.

El Ministerio de Trabajo ha ofrecido mantener los ERTEs de fuerza mayor al 100% hasta el 30 de septiembre para aquellos sectores que no hayan podido retomar su actividad o esté muy limitada por razones de salud pública, como ocurre en el caso de las discotecas.

El problema es que la ampliación tiene un gran impacto en las cuentas públicas, que ya acumulaban problemas anteriores. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) calculó que el coste para el Estado de alargar una quincena los expedientes es de 3.400 millones, aunque ese importe se iría rebajando a medida que se incorporen los trabajadores a la actividad.

Los ERTEs han servido para que 3,4 millones de trabajadores no se vayan directamente a la cola del paro, pero han incrementado notablemente el gasto público. El Estado paga actualmente el 70% del salario a los trabajadores afectados. Si la nómina de las prestaciones por desempleo antes de la covid era de 1.800 millones al mes, el pasado mes de mayo se pagaron 5.121 millones de euros. Nunca se había abonado tanto dinero.

Una parte del dinero dedicado a costear los ERTE saldrá del fondo europeo para ayudar al mantenimiento del empleo llamado Sure, que está dotado con 100.000 millones. A España le corresponderían unos 15.000 millones, según el Ministerio de Asuntos Económicos. Pero el coste de los expedientes ya ha superado esa cantidad ofrecida por Bruselas.

El calendario no era el único elemento que impedía el acuerdo con los agentes sociales en las últimas fechas. Otro de las discusiones residía en las exoneraciones fiscales de las empresas que utilicen los ERTEs por fuerza mayor. El Estado exonera a las compañías de sus aportaciones a la Seguridad Social durante el tiempo que dure el expediente: un 100% si la compañía tiene menos de 50 trabajadores y un 75% si tiene más.

La idea del Gobierno es que estas rebajas sean menores a medida que se recupera la actividad. A raíz de las negociaciones, el Gobierno ha ofrecido mejoras en las exoneraciones fiscales. Las empresas que conviertan su ERTE por fuerza mayor en uno de carácter ordinario mantendrán unas ayudas, aunque menos generosas que las anteriores.