¿A qué sanción del PSOE se enfrenta Carmen Calvo por romper la disciplina de voto en la Ley Trans?
La diputada socialista ha decidido abstenerse en lugar de votar a favor, como había dictaminado su partido
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Trans a pesar de los votos en contra de PP, Vox y casi todo Ciudadanos. Aunque podía esperarse, también ha sorprendido la abstención de la socialista Carmen Calvo, que durante estos últimos meses ha sido una de las personas más críticas con la norma redactada por el Ministerio de Igualdad, especialmente con la autodeterminación de género y sus consecuencias sobre los derechos de las mujeres. La exvicepresidenta del Gobierno ha roto así la disciplina de voto de su partido, que había pedido el apoyo a dicha ley.
El PSOE presentó varias enmiendas a la ley, aunque centradas en limitar la autodeterminación de los menores y para endurecer el proceso de reversión de las personas trans, pero en comisión no consiguió el voto favorable de ningún grupo a sus iniciativas y al final decidió no mantener estas propuestas para el debate de la ley en el Pleno.
Tras la votación, Carmen Calvo ha explicado que se ha abstenido porque está “de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley” y que tampoco coincide “con el ‘no’ de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos”. Y preguntada por si teme alguna sanción por parte del grupo parlamentario socialista por saltarse la disciplina de voto, la exvicepresidenta ha apuntado que “siempre” asume las consecuencias de sus actos.
Hasta 600 euros de sanción
Según la Constitución, los diputados tienen libertad de voto ya que se trata de un derecho personal e indelegable. Sin embargo, los partidos políticos castigan a los diputados que rompen la disciplina de voto y efectúan la votación en contra de lo dictaminado. El PSOE dispone en su normativa que todos los diputados tienen que adscribirse a la “unidad de actuación y disciplina de voto”, y deja en manos de la comisión de ética y garantías del partido las posibles sanciones, que tradicionalmente no han superado los 600 euros de multa.
El último ‘díscolo’ fue Odón Elorza, que votó en noviembre de 2021 contra de la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del TC. El PSOE reaccionó imponiéndole esa máxima multa de 600 euros. Pero no ha sido el único: los 15 diputados socialistas que votaron ‘no’ a la investidura de Rajoy en 2016 en lugar de abstenerse también recibieron la misma sanción.
También ha habido ‘perdonados’. En 2013, una decena de diputados del PSC, - - entre ellos, la actual presidenta del Congreso Meritxell Batet - votaron a favor de una resolución de CiU que abogaba por el derecho a decidir de Cataluña. El grupo parlamentario decidió finalmente no sancionarlos.
