¿A qué esperan?
Estuvimos un año sin Gobierno. Así no se podía seguir. Las fuerzas del cambio mostraron su incapacidad para ponerse de acuerdo, y Rajoy volvió a gobernar. Han bastado unos meses para que arrecie la tormenta de la precariedad, la desigualdad y la corrupción. ¿A qué espera el Gobierno para cambiar de rumbo y combatir de raíz una corrupción que amenaza a la estructura de su partido y socava los pilares de la democracia? ¿Y la oposición, cuándo saldrá de su ensimismamiento y tomará medidas prácticas dialogadas y consensuadas para impulsar de verdad el cambio? En este tiempo, el Gobierno ha arruinado casi todo el crédito con el que contaba (el que derivaba exclusivamente de sus 137 diputados), y de su acción de gobierno poco o nada se puede esperar. De ahí que sea tan importante un papel más activo de la oposición. Este 1 de mayo, los sindicatos centrarán sus reivindicaciones en exigir más y mejor empleo, hacer frente con otra política económica a la desigualdad y combatir una corrupción galopante que atraviesa de arriba abajo al partido del Gobierno y amenaza con socavar los cimientos y la credibilidad de algunas instituciones democráticas.
En estos últimos días, se suceden los casos de corrupción en una escalada peligrosa, muy peligrosa, para el Partido Popular. No está solo en juego la honestidad y enriquecimiento ilegal de tal o cual dirigente conservador o responsable público; se estrecha el cerco a un partido y a sectores muy sensibles del Estado controlados por ese partido, que apuntan a una financiación irregular, cuando menos de muy dudosa naturaleza, del mismo. Y todo ello, recurriendo, al parecer, a cierta complicidad del aparato judicial, y al uso y abuso de empresas públicas intervenidas y extorsionadas por cualificados responsables públicos y asimilados del Partido Popular. CCOO cree que así no se puede seguir. Urge activar un sólido paquete de medidas contra la corrupción, que trasciendan al mero acuerdo político de coyuntura, para blindar la democracia no ya de los corruptos y corruptores, sino de la posibilidad de que estos puedan valerse de los resquicios legales que la toleran. Nosotros nos ofrecemos para participar con decisión y propuestas en este proceso.
PGE, empleo, desigualdad
En un intento de salir del fango de la corrupción, el Gobierno ha presumido de la "buena marcha de la economía", destacando que la recuperación y la salida de la crisis son hechos incontestables. Enganchado al discurso anterior, ha presentado unos PGE para 2017 que apuntalan, dicen, la recuperación y el empleo. Veamos. CCOO no niega que se esté produciendo una cierta recuperación, entre otras cosas porque cuando se parte de la situación en que quedó el país entre 2010 y 2015, solo cabe ir mejorando. Lo contrario sería un despropósito. El problema y donde debe centrarse el debate es en cómo salimos de la crisis. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, con tres realidades contundentes:
1.- La recuperación ha llegado a la cuenta de resultados de las empresas, pero no a los salarios, cuyo poder adquisitivo ha quedado diezmado sensiblemente. Mientras los salarios no recuperen poder de compra y experimenten subidas netas en los próximos años más cerca del 3 que del 1,5%, la recuperación y salida de la crisis será injusta e inaceptable.
2.- El empleo que se crea -no crear empleo cuando llegamos a alcanzar durante la crisis cifras escandalosas de paro, sería incomprensible- es el más precario de la Unión Europea. Ello produce efectos perversos en las condiciones de vida de las personas y en la propia salud del modelo de protección social, especialmente en las pensiones públicas, cuyas cotizaciones no permiten, por su minúscula aportación, incrementar sustancialmente los ingresos del sistema y garantizar su viabilidad.
3.- El crecimiento de la desigualdad social, laboral y de género, algo impropio de una sociedad madura y democrática. No se puede presumir de recuperación y salida de la crisis en una sociedad en la que disponer de un empleo no garantiza llegar a final de mes; en la que crece la desigualdad y la pobreza; en la que no se combate decididamente la brecha salarial entre hombres y mujeres; y en la que se ensancha la dualidad del mercado de trabajo al calor de la reforma laboral de 2012, de la que el Gobierno se siente muy orgulloso. Es imprescindible su derogación para acordar un nuevo modelo de relaciones laborales, que pivote sobre una negociación colectiva equilibrada y justa.
Podría apuntar algunos factores más, que refuerzan la desigual salida de la crisis, según se hable de la población asalariada, pensionistas y personas desempleadas, o de las rentas de capital y de las empresas. Pero apunten otro dato: la protección social en España, y más concretamente, la protección por desempleo, ha caído a mínimos históricos, y no se entiende que a estas alturas siga sin legislarse la ILP impulsada por los sindicatos para una rentamínima, dirigida a los cerca de dos millones de personas que no reciben prestación alguna.
A ninguna de estas realidades responden los PGE 2017. El Gobierno plantea unas cuentas públicas como si de un presupuesto familiar se tratase, renunciando a su capacidad de impulsar la actividad económica. Sus objetivos son rebajar el déficit presupuestario, recortando el peso de la iniciativa pública, y crecer sin saldos exteriores negativos, lo que conduce a un escenario de crecimiento débil y de reducción lenta del paro. Y en efecto, así es: el empleo está aumentando menos que en otras salidas de la crisis y se desacelerará este año, según las previsiones del propio Gobierno, sin que los presupuestos tengan la intención de evitarlo.
Por eso, los sindicatos convocamos a las trabajadoras y trabajadores este primero de mayo, para que vuelvan a salir a la calle a denunciar las políticas antisociales del Gobierno y a exigir otra política económica, fiscal y presupuestaria para una salida más justa de la crisis. Todo ello en un día de solidaridad internacional con aquellos pueblos sometidos a conflictos y guerras, y/o que se ven privados de las libertades y derechos más elementales.