85 años del golpe de estado fascista y aún nos disparamos con la memoria histórica

En algún momento entre el 17 y el 18 de julio de 1936, Francisco Franco firmó el bando de guerra con el que consumaba el golpe de estado contra el Gobierno republicano del Frente Popular. Tras aquella noche de hace 85 años llegó la noche más larga, una guerra civil de tres años y una dictadura de 40.

No han necesitado ese tiempo en Alemania, Italia, Chile o Argentina para revisar su pasado y llegar a consensos básicos, irrebatibles, sobre el fascismo doméstico y sus efectos. Y aquí estamos nosotros, aún con las heridas abiertas por las fosas cerradas, la verdad a medio saber, la historia retorcida por según y quién y parte de la sociedad in albis, fruto de una suma de olvido programado y dejadez institucional.

La Guerra Civil sigue en la agenda política. Parece mentira, pero la memoria histórica ha centrado una de las mayores polémicas recientes del jefe de la oposición, el popular Pablo Casado, y protagoniza una de las leyes estrella del Gobierno de coalición PSOE-UP, que justo iba a aprobarse esta semana y que se ha retrasado por la remodelación del Ejecutivo.

Casado tiene ya experiencia en estas zarzas. Antes de presidir su formación, en 2015, dijo aquello de “los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién”. El 30 de junio pasado fue más allá y afirmó en el Congreso: “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”. Lo dijo cuando se hablaba de los indultos concedidos a los políticos catalanes presos por el procés.

La lluvia de críticas fue recia. Justo lo que se recuerda este 18 de julio es un golpe de estado, sin medias tintas, y los historiadores así se lo hicieron saber.  “No hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley”, “es una estupidez. Una de esas frases que suenan bien para quien no sabe nada, pero que no corresponde a los hechos demostrados inequívocamente”, o “toda guerra civil empieza con un golpe de Estado, un acto de fuerza para ocupar el poder y expulsar a los que están”, le respondieron investigadores de la talla de Julián Casanova, Ángel Viñas o Enrique Moradiellos.

Ni siquiera se ha producido nunca en España algo tan sencillo como una condena del golpe de Franco del que ahora se cumple el aniversario. Justo estos días, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado una petición al presidente Pedro Sánchez para que haga una declaración institucional de condena del 18 de julio de 1936.

“Hay que terminar con la equidistancia en la que el Estado no se enfrenta a los verdugos y no repara a las víctimas, porque eso, además de ser una enorme injusticia con quienes sufrieron la dictadUra y la combatieron, debilita nuestra democracia y no confronta los discursos que desde el presente legitiman o justifican la necesidad de la dictadura franquista, como si pudiera ser una respuesta válida a los problemas políticos y sociales”, dice su presidente, Emilio Silva.

La ley, en puertas

Precisamente en parte para luchar contra estas tentaciones de revisionismo histórico se ha impulsado la Ley de Memoria Democrática, que ahora deberá aprobar el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El retraso en su aprobación, prevista para el martes pasado, se debe a la marcha de la anterior titular, Carmen Calvo, y al interés de su sucesor en estudiar mejor la norma, según publicó El HuffPost.

La norma viene a llenar algunos de los agujeros que dejó la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero, voluntariosa y un buen primer paso, pero muy lejos aún de las demandas del movimiento memorialista. Esta norma orientada a “encontrarnos todos”, en palabras de Calvo, tiene dos objetivos fundamentales: la defensa de la democracia y la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la postguerra y el franquismo.

Supone una especie de plan de choque, que las víctimas reclaman que se aplique cuanto antes, porque la deuda es antigua de décadas y porque, literalmente, los que necesitan ver esa reparación y esas respuestas se están muriendo de viejos. “Es un gran esfuerzo por homologar a nuestra democracia con la dignidad que le corresponde al nombre de nuestro país”, resumía la entonces vicepresidenta en su presentación en el Consejo de Ministros.

Como medidas concretas, obliga a los poderes públicos a recuperar los restos de perseguidos que aún están en fosas y cunetas, persigue la exaltación y el enaltecimiento de la dictadura -lo que en la práctica supone, por ejemplo, ilegalizar la Fundación Francisco Franco-, promueve la conversión del Valle de los Caídos en un lugar de memoria, retira las medallas y títulos nobiliarios a quienes ayudaron en la represión y anula las sentencias franquistas.

La norma permitirá proteger los lugares de memoria y rescatar también a los personajes “que estuvieron luchando en pos de las libertades”, y por la “emanación de la soberanía del pueblo”, una historia “que tiene que estar en las aulas y en la conciencia de la ciudadanía”. Por eso ahora, incluyendo las recomendaciones de las Naciones Unidas y de Europa, esta parte de nuestra historia se estudiará en la Secundaria y se incluirá en la formación del profesorado. Es otra de las grandes deudas pendientes de nuestra democracia, el abordaje de esta materia en los currículos escolares, en los que su presencia es residual, parcial y edulcorada.

La Ley, sin embargo, tiene por delante algunos problemas que resolver. El primero es el informe del pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobado el lunes pasado, que incluye objeciones como que el intento de disolver la Fundación Francisco Franco o de sancionar la apología del Franquismo suponen un ataque a los derechos de libertad ideológica, de expresión y de reunión. También afirma que no está alineado con los criterios de la Unión Europea de recuperar la memoria para las víctimas de todos los regímenes autoritarios, no sólo de alguno concreto. Objeciones que obligarán a revisar el articulado tal y como se presentó el septiembre pasado.

El otro es la oposición del PP. Desde 2108, Casado lleva anunciando una Ley de Concordia, con la que pretende derogar tanto la Ley de Memoria Histórica de 2007 así como la de Memoria Democrática por venir. Vox, huelga decirlo, quiere una enmienda a la totalidad. “Quieren ganar lo que perdieron en el campo de batalla”, dicen.

Por qué es urgente la acción

La ley comenzará a resolver deudas pendientes, pero hasta que pase el trámite parlamentario y se apruebe y entre en vigor, nos sigue quedando un panorama muy duro, muy árido, para las víctimas, sus familias y las entidades que luchan por sus derechos. Todo, aún más enmarañado por el creciente poder de la ultraderecha y su discurso que, más allá del revisionismo, usa la mentira y el guerracivilismo como bandera.

Lo que más lamentaban hasta ahora las asociaciones -la Federación Estatal de Foros por la Memoria o la propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, entre otros- era la falta de reconocimiento a las víctimas como tales, algo que va mucho más allá de la etiqueta y apareja respeto, compensaciones y verdad histórica con datos fiables.

A ello se suma la necesidad de exhumar cuanto antes las más de 2.000 fosas comunes, en las que se calcula que maldescansan 130.000 personas, “desaparecidos que un estado democrático no se puede permitir tener”, señalan. La llamada “anomalía española”, tan incomprensible en países que han pasado por algo parecido. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha insistido en varias ocasiones en que España tiene que adoptar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos para cumplir con los estándares democráticos que se le suponen a un país como este.

Tampoco ha habido hasta ahora un reconocimiento público de estas víctimas y mucho menos un homenaje. Han sido sus familias y las asociaciones las que se han encargado de cada pequeño acto de reparación o de cada investigación y exhumación, mientras sigue habiendo calles con nomenclaturas fascistas y estatuas que homenajean a Franco. El Ministerio de Justicia solicitó formalmente el año pasado a 656 municipios que retiraran vestigios que pervivían en sus espacios públicos, como 1.171 calles y plazas que mantenían los nombres de figuras del franquismo.

Habrá, pero no hay hoy un banco de ADN en el que cotejar los datos de un hueso encontrado en una fosa, los archivos no están abiertos a los investigadores y, menos, digitalizados, no hay equipos forenses especializados, ni listado de desaparecidos, ni se estudia su limbo y la crueldad que afrontaron en los colegios e institutos, como en cualquier sociedad que fue herida y ahora trata de cerrar todas las cicatrices, desde el conocimiento.

No se ha derogado tampoco la Ley de Amnistía de 1977, el borrón y cuenta nueva que buscaba perdonar y pasar página sobre “los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976”, que acabó dejando sin castigo crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura.

Hasta se sigue pagando cada mes la medalla policial de algunos ejecutores de ese terror. Tampoco se han declarado nulas las sentencias de los tribunales franquistas -sin argumentos jurídicos, sin delitos enumerados, sin defensa para los acusados...-. Mientras, fundaciones como la Francisco Franco siguen cobrando subvenciones públicas y hay no pocos nobles de nueva hornada, cuyos títulos creó y entregó el dictador, que siguen haciendo gala de ellos y disfrutando de los bienes expoliados a otros españoles no afines al régimen.

Y hay víctimas que ni siquiera tienen esperanza en la ley por venir porque les deja fuera: son los que sufrieron los crímenes que quedaron impunes en el tiempo que va desde la aprobación de la Constitución a los principios de la democracia. La norma abarcará hasta 1978, pero hasta los primerísimos 80 hubo coletazos brutales de la vieja época. A ellos, ni se los cita.

Las asociaciones, que en líneas generales aplauden el borrador de la ley, insisten en que lo esencial, por encima de todo, es la “voluntad política” y que con ella incluso la insuficiente ley de Zapatero hubiera sido buena. La voluntad y los tiempos, urgentes, porque, como escribe Francesc Valls, “la memoria es una carrera de fondo en la que algunos esperan que el abandono o la defunción acaben con el corredor”.

85 años después, toda una vida, y aún es necesario estar “todo el día pensando en la guerra del abuelo”. Es cuestión de verdad, de justicia y de reparación.