5 años de paz en Colombia: mucho avanzado, mucho por hacer

El 24 de noviembre de 2016, el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado. Un hito que hasta le valió el Nobel de la Paz al entonces presidente, Juan Manuel Santos. El texto y el apretón de manos que lo selló, entre camisas de blanco inmaculado y buenos deseos, venía a definir un marco vinculante para el esclarecimiento de la verdad, el procesamiento jurídico de violaciones a los derechos humanos en este tiempo, el respeto y la reparación de las víctimas y la protección de la ciudadanía para que no haya más violencia en el futuro. Todo un reto.

La meta global era impulsar una amplia reconciliación social y así lograr una paz duradera, desconocida en el país. La ejecución está siendo difícil, sobre todo, en lo que respecta a la lucha contra las causas del conflicto, a la raíz. Los constantes asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros son señales de un clima de violencia que perdura. Y, pese a todo lo pendiente, Colombia es otra. Nada es comparable a la violencia, la extorsión, los secuestros, las amenazas de entonces. Todos los procesos de paz pasan por esta travesía del desierto. Lo fundamental es que no haya pasos atrás.

Hasta donde nadie llegó

Prácticamente todos los presidentes colombianos habían intentado acercarse a las FARC, pero ninguno lo había logrado. Santos inició la senda con las mismas dudas que sus predecesores, pero con una aplastante sensación generalizada de que la violencia y ano llevaba a ningún lado y tenía que acabar. Llegaron así los contactos en La Habana, los altos el fuego en los que pocos parecían confiar... y la paz.

Hubo retrasos por divergencias en el seno de los guerrilleros, pero llegó. Legitimado por las dos partes. Avalado por la mayoría parlamentaria del presidente. Pero, aún así, Santos quiso someter el texto a refrendo y, en un contexto muy caldeado por el conservadurismo -y las fake news- del expresidente Álvaro Uribe, la consulta salió mal: el 50,21 % de los votos fue para el no. La mayoría de los colombianos rechazaba el acuerdo. Pese a ese revés, los firmantes siguieron adelante. Y ahora conmemoramos la vida de cinco años de aquel compromiso.

Meses después, la victoria en las elecciones del delfín de Uribe, Iván Duque, quien en campaña prometió dejar en los huesos el acuerdo de paz por ser una “cesión” a la guerrilla, hizo temer que las cosas descarrilasen. Sin embargo, se ha impuesto la lógica: se está avanzando, no hay que parar, es un acuerdo válido.

El contenido, los pasos

Las partes acordaron seis puntos hace un lustro: reforma rural integral, participación política, finalizar realmente la guerra, resolver el problema del narcotráfico, reparación de las víctimas, así como la implementación, verificación y refrendación de lo negociado.

Gobierno y FARC dieron mandato al Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre-Dame de EEUU para hacer un seguimiento continuo del proceso. “Lo que mejor ha funcionado es lo que tiene que ver con el punto tres, en materia de reincorporación, cese al fuego, dejación de armas”, estima Daniel Cano, coordinador político del Instituto. Subraya la importancia del “acompañamiento internacional para acompañar el acuerdo con recursos para impulsar su implementación”.

Aporta datos que son impactantes: el número de víctimas de la violencia se ha reducido en este tiempo a la mitad, pasando a un promedio anual de 100.000, altísimo, pero notablemente menor; hay que ver de dónde se venía. Los secuestros cayeron más del 95%, al menos 25.000 combatientes han completado su tránsito de la vida de guerrilla a la civil. Esos son los buenos. También los hay malos: más de 900 líderes sociales y otros 296 combatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo y la meta de entregar tierras, hasta tres millones de hectáreas, a campesinos, para que dejen los cultivos de droga, se ha cumplido apenas en un 0,08%.

Formalmente, la FARC existe, pero es otra FARC: el 15 de agosto de 2017, concluyó su desarme y 15 días después se formalizó como partido, con las mismas siglas e ideología, pero distinto nombre: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que este año cambió por Comunes. Hay algunas ramificaciones que se han negado a acatar la paz, que siguen escondidas y tratando de atacar. Incluso algún líder potente ha optado por esta vía. No es lo común.

Pese a estos avances, queda mucho camino por recorrer. “Los temas que más dificultades han tenido tiene que ver con, fundamentalmente, aquellos programas que son de largo plazo, como la reforma rural integral, todo el punto 1 del acuerdo final. Específicamente, lo que tiene que ver con el acceso a tierras por parte de campesinos pobres y comunidades indígenas”, explica Cano.

Otro de los puntos pendientes es “mejorar la situación socioeconómica de esas comunidades que han sido más afectadas por el conflicto. Estos son los temas que van a llevar más tiempo y son más lentos”. La Agencia EFE, sobre el terreno, ha constado estos días cómo no están llegando las inversiones prometidas. Mientras hay guerrilleros que vuelven a zonas como Arauca, no se ven las infraestructuras esenciales prometidas para afianzar población, mejorar la formación o la atención sanitaria y garantizar el acceso a recursos, como tampoco seguridad.

En cuanto a cuáles son los obstáculos para cumplir con la entrega de tierras como a tomar en cuenta las necesidades de los sectores más postergados en el acuerdo, Cano considera que “lo ambicioso del acuerdo es uno de los principales resto porque se habla de que de este Fondo de Tierras tres millones de hectáreas deben quedar a campesinos en todo el país. Y eso implica identificar esas hectáreas, dónde están, incluirlas en el Fondo de Tierras, identificar a los beneficiarios y eso, en un contexto como el de Colombia, donde hay unas dificultades no sólo a nivel territorial, sino material y de seguridad que hacen que ese proceso sea complejo”, analiza.

Se ha producido una transformación importante de los llamados poblados socialistas, las primeras zonas veredales donde las FARC abandonaban las armas y abrazaban la vida civil. Ahora son villas donde los uniformados no lo son más, sino que se han convertido en agricultores, ganaderos, zapateros, tenderos... Viven de su trabajo y la violencia no está ya en sus vidas.

La violencia que no cesa

Al mismo tiempo, Colombia vive una de las peores arremetidas de grupos armados desde la firma de la paz con las FARC. Pese a que el acuerdo desarmó a la otrora guerrilla más poderosa de América, aún operan varios grupos de rebeldes que se marginaron del pacto y bandas dedicadas al narco que se disputan las rentas del negocio de la droga.

El gobierno del conservador Iván Duque responsabiliza a los grupos que se financian del narcotráfico y la minería ilegal de estar detrás de los asesinatos. Para expertos, algunas fallas en la implementación del acuerdo han permitido que antiguos bastiones de las FARC sean ocupados por otros actores, manteniendo el conflicto.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida oficialmente, también hace presencia en un centenar de municipios y constantemente es señalada de atentados contra la fuerza pública y civiles.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación de este proceso, ha constatado a EFE que siguen produciéndose muertes, sobre todo de activistas locales y guerrilleros, aunque se están produciendo avances en cuanto a la identificación de los atacantes y hasta su arresto: ya hay 150 personas cumpliendo condena por ellos. En la mayoría de los casos, se trata de narcotraficantes (sobre todo del Clan del Golfo), disidentes de las FARC y gente del ELN.

El conflicto colombiano se cree que ha dejado 8,5 millones de víctimas en más de cinco décadas, entre muertos, heridos, secuestrados, desaparecidos y desplazados. La Comisión de la Verdad constituida como parte del acuerdo ha permitido en este tiempo redactar más de 400 informes, con unos 13.000 testimonios de primera mano, que están construyendo el primer relato coral de un conflicto que ha afectado y afecta a todos los estratos del país.

La batalla de la memoria es diaria y por eso hasta se han creado cuadrillas de exmilicianos que, aparte de trabajar en sus villas y en sus nuevos oficios, se están dedicando a buscar a desaparecidos.

El problema de los desplazados

Casi cinco millones de personas aún están desplazadas por el conflicto armado, aunque el Gobierno colombiano reconoce hasta ocho en estos años. De ellos, casi 110.000 se han visto obligados a huir o confinarse solo en 2021, según los datos que maneja la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados internos, solo superado por República Democrática del Congo (RDC) y Siria.

El desplazamiento en masa de la población, que casi se ha triplicado en 2021 en comparación con 2020, es resultado de la violencia armada, que persiste en Colombia de forma efectiva. Según la OCHA, en los primeros nueve meses de 2021 se registraron 188 ataques mensuales contra civiles. En otras palabras: seis ataques diarios contra la población. A su vez, la violencia es una consecuencia directa de la lentitud del Gobierno para garantizar la presencia permanente del Estado en las zonas más remotas después de la retirada de las FARC-EP.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha señalado que muchas comunidades locales de estas zonas les cuentan que se sienten “asustados”, ya que las zonas rurales antes dominadas por las FARC-EP ahora están bajo el mando de grupos armados no estatales que luchan por el control de las actividades ilícitas. Esta es una de las principales razones por las que, de media, se asesina a dos líderes comunitarios al día desde la firma del acuerdo, destaca el NRC.

“No hay nada que celebrar para los cientos de niños, mujeres y hombres de la Colombia rural que huyen de sus hogares todos los días para escapar de la violencia”, ha subrayado el secretario general del NRC, Jan Egeland, que ha lamentado que, para estas personas, la paz “todavía es un sueño lejano”.

Egeland ha puesto el foco en que el Gobierno de Colombia es el “principal responsable” de proteger a su población y ha considerado que debe hacer “más” por las comunidades vulnerables obligadas a desplazarse “una y otra vez”. De forma paralela, ha pedido abordar las causas de este desplazamiento y ha advertido de que, si no se hace, “existe el riesgo de volver a los oscuros días de la guerra”. El acuerdo consta de cinco puntos que abarcan desde el fin del conflicto hasta la participación política, pasando por un compromiso para una reforma rural “integral”, una solución al asunto de las drogas ilícitas y un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

Asimismo, el NRC ha pedido repetidamente al Gobierno de Colombia y Naciones Unidas que “hagan más” para alcanzar a aquellos que más los necesitan. En este sentido, ha subrayado que las necesidades humanitarias se incrementan en Colombia, por lo que las agencias humanitarias deberían aumentar los recursos que destinan al país latinoamericano para ayudar a las comunidades rurales. “Es el momento de ampliar, no recortar, el apoyo humanitario para Colombia”, ha incidido Egeland.

El llamamiento para financiar la ayuda humanitaria para Colombia es de 174 millones de dólares (unos 154,6 millones de euros) para asistir a 1,4 millones de personas en 2021. Sólo una tercera parte está financiada cuando el año está a punto de acabar y las necesidades humanitarias se incrementan. Así, el NRC ha pedido a la Unión Europea, a sus Estados miembros, a Canadá, a Estados Unidos y a otros donantes que aumenten los fondos donados.

Santos y Duque

El expresidente Juan Manuel Santos ha señalado en declaraciones a Blu Radio que el actual mandatario colombiano, Iván Duque, “aún tiene tiempo de unir al país en torno a la implementación del acuerdo”, al tiempo que ha pedido que su aplicación no se convierte en una estrategia de campaña electoral, porque considera que eso se presta a “tergiversaciones y mentiras”.

A juicio del expresidente, si la implementación se “hace con cuidado”, Colombia “tiene una oportunidad de oro, en todo sentido, en darles derechos a los colombianos, corregir desigualdades en el campo, poner a producir al campo en un mundo que está comenzando a preocuparse por falta de alimentos”.

Esa implementación está en mano de Duque, quien le tomó el relevo anunciando que destrozaría el acuerdo por “pernicioso”, pero que ha acabado afirmando: “El Estado va a cumplir”. La transformación de un discurso al ver los resultados, por más que haya imprimido un ritmo más lento a la consecución de estos objetivos. Su plan es que en diciembre de este año el proceso sea ya “irreversible”, en palabras de Archila.