28-A, las primeras elecciones en las que podrán votar todas las personas con discapacidad

Montse Vilarrassa y Clara Hervás se parecen en muchas cosas. Una tiene 38 años y la otra 35. Ambas son bajitas, trabajan de lunes a viernes y llevan una vida completamente normal. Las dos tienen Síndrome de Down. Hasta la fecha, sin embargo, sólo Montse podía votar. Clara lo tenía prohibido.

El próximo 28-A, los jueces ya no tendrán la capacidad de decidir si una persona con discapacidad puede participar en las elecciones. Todos tendrán ese derecho gracias a una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) aprobada en el Senado el pasado noviembre. Entre 80.000 y 100.000 ciudadanos con discapacidad serán llamados a las urnas por primera vez, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Cuando nace una persona con discapacidad, muchas familias optan por declararlas incapaces y así protegerles, por ejemplo, de estafas o engaños. La decisión, no obstante, conllevaba una significativa reducción de sus derechos: si querían participar en unos comicios, debían pasar un examen ante un juez.

Es lo que le sucedió a Clara Hervás cuando quiso votar en 2017. "Fui ante un juez y me empezó a hacer muchas preguntas", recordaba la semana pasada en Barcelona. Le preguntaron por partidos políticos, por presidentes...Y el juez determinó que no podría participar en las elecciones. "Fue como una patada en la barriga", admitía compungida. Según su relato, el juez le dijo que antes que ella votarían los perros. Su familia, presente en la sala, se querelló contra el magistrado y el caso está aún en los juzgados.

"Ahora por fin podré decir la mía", confesaba emocionada Hervás, que trabaja de administrativa en un ambulatorio. Todavía no se cree del todo que vaya a poder votar en las próximas elecciones y explica que está pendiente del buzón de su domicilio para ver si llegan de una vez las papeletas de los distintos partidos.

Se suman a la conversación Montse Vilarrassa y Lluc Valls, ambos con discapacidad pero con derecho a voto. Vilarrassa fue incapacitada parcialmente y vota desde que es mayor de edad. Está acostumbrada a romper viejas barreras y, hace tres años, se convirtió en la primera persona con discapacidad intelectual que accede al consejo rector del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Valls, de 22 años, tuvo que pasar el temido examen ante el juez.

Sale a la palestra un tema peliagudo: ¿Son más manipulables las personas con discapacidad que el resto de ciudadanos? "A mí nadie me puede convencer de lo que tengo que votar", responde rápida Vilarrassa, auxiliar de administrativa en una compañía energética. "¿Si yo puedo votar, por qué el resto no?", se preguntaba.

Valls, deseoso de que le toque formar parte de una mesa electoral para poder vivir el proceso de cerca, responde en el mismo sentido. "Tengo amigos sin discapacidad que me dicen que votarán lo mismo que sus padres", afirma taxativo. "Nosotros podemos decidir por nosotros mismos".

La inclusión de un colectivo que hasta hace poco no se había sentido interpelado por los políticos presentará dificultades, admite Edgar Prat, responsable de la Asamblea de Derechos Humanos Montserrat Trueta de la Fundació Catalana Síndrome de Down, encargada de defender los derechos de personas con discapacidad. Prat, no obstante, lanza una pregunta al aire: "¿Si estas personas tenían que demostrar un mínimo conocimiento de política para poder votar, por qué no nos hacían el examen a todos?"

Este trabajador social lo compara con la reivindicación del sufragio femenino en los siglos XIX y XX. "Cuando se prohibía votar a las mujeres, se justificaba diciendo que no podían decidir por ellas mismas, que no sabían de política y acabarían votando lo que les dijeran sus maridos", comparaba Prat. "Lo primero que hay que hacer es permitirles el voto para que se sientan llamados a participar, el resto ya vendrá".

La lucha para que este colectivo tenga reconocido su derecho a voto viene de lejos, pero se agilizó gracias a la lucha de una familia gallega que llevó el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tras pasar por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, la Asamblea de Madrid recogió el guante e impulsó una iniciativa legislativa que después llegó al Congreso, donde en octubre pasado se aprobó cambiar la ley por unanimidad.

España llevaba un retraso sustancial en el reconocimiento de este derecho. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en España desde mayo de 2008, indica que este colectivo debe tener derecho a "participar en la política y en la vida pública". En 2011, Naciones Unidas recomendó a España que revisase la legislación al respecto y el pasado julio el tirón de orejas llegó por parte de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo Europeo, Dunja Mijatovic. "Nadie debería ser privado de su derecho a voto, sin excepción", advirtió.

La decisión se enmarca dentro de una tendencia a nivel europeo en reconocer el derecho de voto a este colectivo. España es el octavo país de la Unión Europea que decide no restringir el voto por razón de discapacidad. El resto de países son Holanda, Italia, Croacia, Letonia, Suecia, Reino Unido y Austria.