Suárez y la reforma fiscal
Evocar la reforma fiscal de la transición no es solo nostalgia histórica. Ahora se afirma que aquel marco está obsoleto a la vez que se aumenta sistemáticamente la presión fiscal sobre el trabajo y el consumo, mientras que se trata con guante blanco al llamado 1 %.
En las evocaciones de la ejecutoria del presidente Suárez en el periodo constituyente hay una dimensión fundamental relegada una vez más: la reforma fiscal. La primera ley que entró en el Congreso tras las elecciones en 1977 y el primer punto de los Pactos de la Moncloa, decisiva para cambiar una secular situación de injusticia e insolidaridad.
Su índice reformador era elocuente: introducción del impuesto sobre el patrimonio, gravamen de renta, impuesto sobre el lujo, apoyo al empleo, creación del delito fiscal, persecución de la elusión mediante sociedades y secreto bancario. Se tramitó en dos meses con el apoyo de todos los grupos políticos. A partir de esta piedra angular, hicimos una reforma fiscal global debatiendo la Constitución de día y la reforma fiscal de noche con nuevos impuestos de renta, sociedades, sucesiones y accisas hasta la introducción del IVA por el primer Gobierno González. Una auténtica Constitución fiscal. Además, se hicieron los Estatutos de Autonomía y la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Evocar la reforma fiscal de la transición no es solo nostalgia histórica. Ahora se afirma que aquel marco está obsoleto a la vez que se aumenta sistemáticamente la presión fiscal sobre el trabajo y el consumo, mientras que se trata con guante blanco al llamado 1 %. El informe del Comité de Sabios encargado por el Gobierno ha propuesto en esencia dar un paso más en la contrarreforma fiscal en la imposición directa, con la eliminación del impuesto del patrimonio.
Otro debate pendiente es cómo actualizar las relaciones entre la Hacienda Central y las Autonómicas. La filosofía predominante parece ser que la mano que gasta no guarda relación con la que ingresa. No hay un presidente autonómico de régimen común contento con su financiación mientras que seguimos sin tener un Senado que debata y decida con criterios de solidaridad y sostenibilidad.
El otro gran argumento es que solo vale lo que sirve para crear empleo. La fiscalidad en sí no crea puestos de trabajo, pero puede ayudar a crearlos. En este punto, la fiscalidad es importante en el paquete energía-cambio climático de la Unión Europea en el programa 20/20/20 (20 % de reducción de emisiones de CO2, 20 % de energías renovables para 2020). Entre las experiencias exitosas europeas el ejemplo pionero es Suecia, con su reforma fiscal global verde introduciendo el impuesto sobre el carbono en 1990. El resultado es una conciencia generalizada de ahorro energético y, sobre todo, una reducción de cargas sobre el puesto de trabajo, mecanismo inteligente de creación de empleo. Filosofía extendida a Dinamarca y Finlandia. En Alemania, la progresiva reforma fiscal Schröder permitió una mejor financiación de las pensiones públicas y ahora es un elemento básico de la reforma energética, tras su decisión de salir de la energía nuclear.
El informe de los Sabios reconoce que la reforma fiscal verde, "que en la última década del pasado siglo ha tenido lugar en diversos países europeos, aún está pendiente en España" y propone pasar del espolvoreo de tasas autonómicas y municipales a un sistema de acuerdo con el proyecto de directiva sobre la fiscalidad energética. Igual consideración debe merecer el impuesto de transacciones financieras, que España apoya en el marco europeo.
Ciertamente, tiene sentido plantear una reforma fiscal global. Ante todo, para no desmantelar lo conseguido en el período constituyente, que fue clave para transformar una sociedad injusta y anquilosada. Además, para introducir figuras que potencien la renovación industrial, la creación de empleo y la solidaridad en el Estado Autonómico.
