¿Confianza en la justicia?

Más bien escasa. Al menos en España, según el Eurobarómetro 2013. Vamos a las cifras comparativas y disculpen porque soy consciente de que pueden llegar a hastiar. Pero son tan elocuentes... Nuestro país es el cuarto con menos confianza en su sistema judicial. Por detrás, sólo Eslovenia, Eslovaquia y Chequia.

El 64% de los españoles no confía en el sistema, el 34% sí. La media europea es que el 53% confía, frente al 43% que no lo hace. El 65% de nuestros compatriotas opina que el Estado no respeta las leyes y el 64% estima que las autoridades públicas actúan arbitrariamente. En Europa, sin embargo, sólo el 36% cree que las autoridades actúan con arbitrariedad y el 55% dice que el Estado sí respeta las leyes.

El 72% de los ciudadanos del Reino de España afirma que las leyes no se aplican ni se hacen cumplir de forma efectiva y por si fuera poco, el 85% está convencido de que las mismas se aplican discriminatoriamente, en función de los afectados, sin respetar la igualdad de los ciudadanos ante le ley, protegiendo a gente influyente (¿infanta Cristina, Pujol, gentes de la Gurtel?). La media europea es: 52% cree que las leyes no se respetan de forma efectiva y el 58% piensa que se aplican discriminatoriamente.

¿Y qué decir del tema corrupción? Nada menos que el 83% de nuestros compatriotas se muestra convencido de que el Estado la tolera y de que no la combate con eficacia. La media europea es del 62%, lo que indica que aunque nosotros somos líderes en esa percepción muchos europeos, aunque en menor grado, la consideran asimismo una plaga. Ah!, otro dato importante a la hora de hablar de mayor o menor confianza en la justicia. El referido a quienes son sus principales intérpretes, los jueces. El 45% de los españoles estima que no son independientes. El 39%, sí. La media de los europeos, el 54%, confía en el poder judicial, pero el 31% no.

Un resumen que tiene que ver con la cultura, la educación, los mores y la historia: en Finlandia y Dinamarca han nacido los ciudadanos que más confían en su sistema judicial, el 85% de ellos. Seguidos de Austria (78%), Alemania (77%), Luxemburgo (77%) y Suecia (76%). Convendrán ustedes, queridos lectores, en que, aunque una excesiva utilización de los números puede conducir a la aversión por la aritmética (a mí me sucedió en el colegio de los escolapios), su utilidad para hacer patente una realidad (en este caso demoledora) compensa todos los inconvenientes.

Me gustaría mencionar una realidad conexa que no proviene del Eurobarómetro sino de otra encuesta, pero que dado los tiempos que corren -insufribles para los condenados de la tierra- estimo de interés. La tal consulta se pregunta "¿Cómo de justos son los tribunales nacionales con las personas de raza o grupo étnico mayoritario en relación a las de raza o grupo étnico minoritario?" Respuesta: la mayoría de las personas en la mayoría de los países europeos considera que los tribunales tratan a los grupos por igual. Salvo: España, Portugal, Hungría, Bulgaria y, curiosamente, Suecia. Ello no impide resaltar (como en el caso del Eurobarómetro) que los nórdicos confían más y creen que sus instituciones son titulares legítimos del poder y la autoridad. En el este de Europa y, a veces, en el sur, confían menos.

Es difícil asegurar el cumplimiento generalizado de las leyes por parte de los ciudadanos si no existe confianza pública en el sistema o si se piensa que los jueces no son independientes. Si no hay valores compartidos entre quienes supuestamente detentan la auctoritas y los ciudadanos que están sometidos a la misma.

En España se están produciendo demasiados casos en que esa auctoritas, de haber estado consolidada en algún momento, ahora está siendo lamentablemente, pero lógica e inevitablemente cuestionada. Además de los ya de por sí sumamente escandalosos casos de desigual trato fiscal o de manga ancha para muchos en temas de corrupción (por ejemplo, uun diputado del PP se duele de la entrada en prisión del expresidente balear tan sólo por un quítame allí unas pajas), existen casos singulares harto significativos, por ejemplo el de Ángela González, que ha provocado en la prensa titulares como este: "La ONU condena a España por negligencia en un caso de maltrato". Por no proteger a Ángela y a su hija de siete años a la que el padre maltratador asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas por el régimen de separación. Ángela había denunciado a su marido nada menos que en 50 ocasiones, pero ni por esas. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, cuyo tratado ratificó Madrid, ha emitido un dictamen vinculante en el que indica que el Estado español actuó negligentemente.

Se ha dicho que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. A la capitana Zaida Cantera se le otorgó una medalla en 2005 por su actuación en la misión de la OTAN en Kosovo. Posteriormente fue víctima de acoso sexual por parte de un coronel. Por denunciar a este se le abrió un expediente por falta grave, se la acusó de un delito de deslealtad. Los efectos psicológicos son imaginables. Ha solicitado se le abra un expediente de pérdida de condiciones profesionales y psicofísicas. El Ejército ha dicho no. Fuentes expertas opinan que el Ejército, continuando con el acoso, esta vez no sexual, pretende forzar a Cantera a que renuncie a su condición de militar, a que se vaya voluntariamente sin ningún derecho económico. ¿Confianza en la justicia... militar?

Con la justicia eclesiástica hemos topado. Resurrección Galera, profesora de religión, fue despedida en 2001 por casarse con un divorciado. Aunque su despido fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en 2011, la readmisión no se materializó nunca. La profesora ha recurrido al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Por cierto, sería conveniente que algún día este Tribunal se pronunciara sobre si es legal que un Estado miembro de la Unión Europea, España, esté sometido a códigos canónicos y acuerdos religiosos con un Estado (el Vaticano), que no es miembro de la UE.

¿Confianza en la justicia en España? Escasa.