Una Administración orientada a los datos

Ilustración: ISTOCK

Se ha convertido en lugar común la frase "Los datos son el petróleo del siglo XXI". Como suele ser frecuente con las citas que reflejan grandes verdades, su atribución está en disputa. La concienciación de las organizaciones sobre el valor de sus datos es creciente. De acuerdo con datos de Gartner, sólo una minoría de los máximos responsables de las organizaciones (11%), no ven los datos como un activo de las mismas. Con la misión de conseguir una gobernanza y adecuada obtención de valor de este "nuevo" activo, las entidades han comenzado a establecer el puesto de Chief Data Officer (CDO, Responsable de Datos).

Las Administraciones públicas han prestado siempre cuidado y atención a sus datos. La custodia del patrimonio histórico y documental generado como consecuencia de la gestión del interés público comenzó a realizarse de modo temprano en los sistemas de archivos nacionales, hoy convertidos en históricos. Sin embargo, las entidades públicas se centraron en la custodia y conservación y no han sido especialmente proclives a facilitar la explotación del valor de sus datos por terceros, bien fueran integrantes del sector público o externos al mismo. Solo recientemente se ha considerado práctica generalizada asociada al buen gobierno el establecimiento de normas que impulsen el acceso y transparencia de los archivos públicos y la reutilización de sus datos. Tampoco ha sido frecuente un desarrollo de acciones proactivas por la Administración a partir de la información recibida y generada. En un informe publicado en diciembre de 2016, el Instituto Global de McKinsey apuntaba el lento progreso de las Administraciones en capturar el valor de los datos en relación con otros sectores.

Como bien recordaba en un artículo reciente Eloísa del Pino, en España existe una "inveterada y renovada aversión a la evaluación de políticas públicas". Cuando no se ha realizado una evaluación del impacto social o económico de las leyes nacionales de transparencia y reutilización de la información, responsables de su supervisión ya piden más recursos para su desarrollo efectivo. Sin embargo, no se piden cambios necesarios en su implementación que, además de simplificar la supervisión, repercutirían en un mejor servicio público. Esencial entre estas medidas sería la creación de la figura de los CDO departamentales, la adjudicación a los mismos de la responsabilidad sobre las unidades de transparencia administrativas y la articulación de una red de CDOs que facilite la explotación eficaz y proactiva del conjunto global de datos de la Administración.

La mejora en la gestión de los datos públicos no sólo favorecería la necesaria transparencia gubernamental, tendría un impacto positivo visible sobre el ciudadano. Nada mejor para ilustrarlo que ejemplos prácticos. Me sitúo para ello en la esfera personal. Con motivo de la transición de género de mi hijo, realizó la modificación registral de nombre y sexo de acuerdo con lo estipulado en la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La acción obliga a otras acciones administrativas, algunas de las cuales es entendible requieran la presencia del interesado, como la expedición de un nuevo DNI y pasaporte. Sin embargo, una gestión proactiva del dato le hubiera evitado a mi hijo la visita de un sinfín más de ventanillas y la repetición innecesaria de su historia personal: Tesorería de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma, Consejería de Educación correspondiente, Dirección General de Tráfico, padrón municipal ... También la falta de una adecuada gestión de los datos públicos tiene consecuencia sobre las políticas públicas. El problema de desabastecimiento de medicamentos hormonales necesarios para la salud del colectivo transgénero no hubiera existido de tenerse y usarse de modo efectivo los datos necesarios para prever la demanda.

Se acerca un nuevo reto para el tratamiento de los datos en las Administraciones públicas: la implementación del nuevo reglamento de protección de datos personales de la Unión Europea, con entrada en vigor en mayo de 2018. Las Administraciones públicas habrán de nombrar un Delegado de Protección de Datos Personales (Data Protection Officer, DPO), responsable de asesorar e informar de las obligaciones derivadas del reglamento y supervisar su cumplimiento. La eficacia y eficiencia de las Administraciones llama a una fusión de las funciones de un CDO con las del DPO, más teniendo en cuenta la carencia de profesionales del tratamiento de la información. La simbiosis entre digitalización de las organizaciones y su orientación al uso efectivo de los datos apuntaría a la designación para estos puestos a profesionales públicos especialistas en las tecnologías de la información.

La anterior legislatura, se dio un primer paso en la optimización de la gobernanza de las tecnologías y gestión de la información con la creación del Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se pretendía con ello emular en la Administración la figura del Chief Information Officer (CIO) frecuente en las grandes organizaciones del sector privado. La implementación del nuevo modelo de gobernanza ha tenido sus luces y sombras y está lejos aún de concluir. En el proceso de reforma continua de la Administración, especialmente para una efectiva digitalización de su funcionamiento, es necesario añadir nuevas piezas y figuras como el CDO. Tras hacer hincapié en la gestión de la tecnología es la hora de incidir en el manejo eficaz y eficiente de los datos, una obligación en un mundo donde el volumen de datos digitales se duplica cada dieciocho meses. Servicios y políticas públicas más centradas en el ciudadano dependen de ello.