Avanzar hacia la justicia digital del siglo XXI

España es punto de referencia europeo y mundial en la implantación de servicios públicos digitales. Nuestro país ocupa una posición destacada en el Índice de Digitalización de Economía y Sociedad de la Comisión Europea, que evalúa la digitalización de los servicios públicos, y en el Índice de Desarrollo de Administración Electrónica de Naciones Unidas.

Son datos que nos hablan de una Administración que avanza de modo rápido por la senda de la digitalización, y que, lejos de triunfalismos, deben hacernos reflexionar sobre las sombras que aparecen en ese proceso, así como iluminar los siguientes pasos a realizar en la forma de implementación de políticas que fomenten su transformación digital.

Nuestro sistema de Justicia es uno de los elementos de la Administración rezagados en el proceso de digitalización. Los legajos que se acumulan en los juzgados son la evidencia clara de un fracaso colectivo. En las últimas décadas, se han sucedido distintos planes de modernización de la Justicia, sin que funcionarios u otros estamentos judiciales y, lo que es más relevante, los ciudadanos, hayan percibido un avance significativo en su funcionamiento.

En las últimas semanas, se han publicado en medios de comunicación diversas críticas de colectivos contra el más reciente intento de modernización administrativa de la Justicia. En la pasada legislatura, se diseñó un plan para establecer la obligatoriedad del empleo de sistemas telemáticos en la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal. El principal foco de estas críticas es el sistema LexNET, que se sitúa como elemento esencial para las comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

Todo parece apuntar hacia un nuevo fracaso en la introducción masiva de la tecnología en la Administración de Justicia. Desde la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Administración (ASTIC), comprometida con la búsqueda de la calidad de los servicios públicos, creemos que las opiniones vertidas hacia el sistema desplegado deben servir para iniciar un proceso de reflexión. En las causas del fracaso presente están los cimientos del éxito futuro. Desde ASTIC, queremos contribuir de modo activo en este análisis.

En primer lugar, el sistema judicial es el ecosistema más complejo de nuestra Administración. Confluyen en el mismo grupos profesionales con alto poder de influencia, el poder ejecutivo y el poder judicial, así como las administraciones autonómicas y la central. El nudo gordiano de la modernización de la Justicia no es la digitalización de los actuales procedimientos, sino un análisis conjunto por parte de todos los colectivos de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información que conduzca a una simplificación de los procedimientos judiciales tradicionales, el diseño de nuevos procesos digitales, y la consiguiente modificación de los roles de los distintos actores. Esta estrategia de transformación digital facilitaría de manera considerable la adecuada gestión del cambio, vinculando y consiguiendo la imprescindible implicación de los distintos agentes.

Se debe también reflexionar si se debería haber dado otro tipo de papel a los funcionarios de los cuerpos de tecnologías de la información en el proceso de modernización. De un lado, en ASTIC creemos que deberían haber tenido un mayor peso dentro de las estructuras y comités que definen la estrategia de digitalización de la Justicia, sus recursos y plazos, así como dentro de los comités de dirección del propio Ministerio.

Paralelamente, pensamos que la presencia de los funcionarios de los cuerpos de tecnología es necesaria más allá de las unidades tecnológicas. Son necesarios embajadores digitales que impulsen la integración, capacitación digital y corresponsabilidad de todos los actores con el proyecto en todas las unidades administrativas, que lideren los procesos de transformación desde las propias unidades de gestión. Es difícil imaginar que una organización pueda alcanzar el éxito en una transformación digital sin una presencia transversal de sus profesionales más conocedores de la tecnología.

Por otra parte, en ASTIC pensamos que la implementación de los planes de digitalización de la Justicia requieren de una dotación adecuada de funcionarios de las tecnologías de la información. Son necesarios más empleados públicos conocedores de la normativa, procedimientos y estructura administrativa, que garanticen la salvaguarda del interés público y el adecuado servicio a los usuarios del sistema.

El Informe REINA 2015, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refleja un ratio de "personal TIC/personal total" del 1,21% en el Ministerio de Justicia, uno de los más bajos en la Administración del Estado. Esta carencia de personal conduce a elevados volúmenes de subcontratación de personal, circunstancia origen de disfunciones que han llevado a organizaciones públicas y privadas, en la búsqueda de consecución de sus objetivos, a limitar su utilización en los procesos internos de especial trascendencia.

Por ello, en ASTIC acogemos con satisfacción la importante dotación de funcionarios de tecnologías de la información que se prevé incorporar en la Oferta de Empleo Público para 2016, sin olvidar que se debería abordar la flexibilidad de su asignación y la redefinición de sus competencias para satisfacer el necesario proceso de transformación digital de Administración y sociedad.

Queremos concluir animando a perseverar en el proceso de modernización de la Administración de Justicia. Paralizar el proyecto, como se viene planteando desde algunos ámbitos, no conseguiría más que profundizar la evidente obsolescencia tecnológica de un servicio público clave en las sociedades democráticas avanzadas. ASTIC apuesta por el establecimiento de los cauces necesarios para incorporar al proyecto a todos los actores del sistema judicial, así como a los principales interlocutores sociales y políticos, permitiendo identificar las carencias actuales del proyecto y estableciendo una hoja de ruta para la superación de las mismas, realista, al servicio de la ciudadanía e independiente de intereses partidistas.

La transformación digital de la Justicia supondrá un incremento en la eficiencia y una reducción del coste sin precedentes, palanca de cambio para una justicia más ágil, transparente y, en definitiva, más accesible y mejor valorada por los ciudadanos. España necesita una justicia moderna a la altura del siglo XXI, y las tecnologías de la información son el medio para conseguirla.