Un cuartel del Ejército pasa a ser propiedad de San Sebastián por 75 millones de euros
El Gobierno llegó a un acuerdo con el PNV para la cesión de las instalaciones a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso del cuartel de Loyola al Ayuntamiento de San Sebastián, cuya intención es la de construir nuevas viviendas y equipamientos urbanos. La operación se cerrará por casi 75 millones de euros, que se abonarán mediante un pago en metálico y un otro en especie de 50 plazas de garaje valoradas en más de un millón para uso de la residencia militar General González Vallés.
En el acuerdo, además, están incluidas también otras propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en San Sebastián: parcelas rústicas en Monte Ulía, parcela viviendas Camino de Uba y Solar Camino de Uba. "Se trata de modernizar las instalaciones de la ciudad para dotarlas de mejores avances y mejorar también su operatividad", ha indicado la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La semana pasada la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, recordó que el proceso de enajenación de dicho acuartelamiento lleva ya "más de dos años y medio en trámite", y explicó que una vez aprobada la cesión, el ayuntamiento pagará a Defensa "la valoración y el justo precio que tienen esos terrenos".
El Gobierno llegó a un acuerdo con el PNV para la cesión de las instalaciones del cuartel de Loyola a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aclaró que su presencia en San Sebastián era "innegociable", por lo que los militares del Ejército de Tierra permanecerán en la ciudad vasca en cualquier caso. De hecho, ha estado trabajando para trasladarlos "dentro" de la capital donostiarra y ya dispone de "los lugares donde se van a ubicar" en la ciudad.
La idea del Ayuntamiento de San Sebastián era derribarlo para construir viviendas, pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) falló a favor de Vox en un recurso contencioso-administrativo para incluirlo en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Construido (PEPPUC), por lo que no podrá ser demolido, como recuerda InfoDefensa.
