La OCU habría cobrado comisiones de Cepsa por captar clientes de luz y gas, según Facua

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) habría cobrado comisiones de Cepsa por contrataciones de luz y gas, según ha informado Facua. Según aseguran, habrían cobrado 14,52 euros (12 euros más IVA) por cada cliente captado. 

Facua recuerda que no es la primera vez que se da una situación así, sino que en 2019 ocurrió lo mismo con Cepsa y el año pasado obtuvo 18,15 euros (15 euros más IVA) por cada contrato que le consiguió a Repsol.

Según Facua, se trata de una serie de ofertas presuntamente ganadoras de la "compra colectiva" de electricidad y gas natural, que la OCU publicitó el pasado mes de mayo. Desde la organización de consumidores denuncian que la OCU no aclaró entonces qué compañías participaban de la subasta, ni el número de clientes que contrataron las ofertas ni el precio que cobrarían por las comisiones de las mismas.

Los presuntos pagos los realizaron, según Facua, a través de la sociedad mercantil instrumental OCU Ediciones S.A, siguiendo un convenio firmado con Cepsa Comercial Petróleo SAU en abril de 2019, que ambas partes calificaron de "confidencial". 

Esta información se ha publicado, según informan en Facua, a raíz de una resolución del Consejo de Transparencia que obligaba al Ministerio de Consumo a hacerla pública.

Estos contratos se habrían visto afectados, según Facua, por el cese de Cepsa en la comercialización de gas y electricidad, que pasaron a la comercializadora Podo. "La OCU anunció entonces que 'una parte considerable' de esos contratos eran de clientes que se habían dado de alta en la oferta ganadora de su compra colectiva", indican en la información.

Por su parte, la OCU ha señalado tras ser consultada por El HuffPost que "todas las actividades se realizan con el estricto cumplimiento de la legalidad vigente", concretamente de acuerdo con el art. 30 de la LGDC. Según explican, este "deposita en la dirección general de consumo los convenios que firma con operadores de mercado que, de acuerdo con la Ley, tienen como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado". 

La organización destaca la transparencia con la que llevan a cabo estas compras colectivas ya que recogen toda la información en la web, en la que "se detalla en las condiciones de transparencia que impone la normativa cual es la mecánica de funcionamiento".

"La mecánica de las compras colectivas siempre es la misma desde su origen en diferentes países de Europa y tiene como finalidad mejorar las condiciones del mercado. OCU hace una oferta general a todas las empresas más representativas del sector. Se trata de una compra abierta en la que puede participar cualquier empresa que lo desee", añaden. 

Indican que la CNMC reconoce que estas prácticas pretenden “reducir los costes de cambio de suministrador y lograr una mayor capacitación del consumidor” y "dinamizar el mercado y favorecer la competencia en mercado con un nivel históricamente bajo de competencia como son la energía, los carburantes o las telecomunicaciones".

Del mismo modo justifican que "en ningún lugar se establece que deba hacerse público el resultado del acuerdo, y por tanto, ni la empresa ganadora de la compra colectiva ni OCU tienen la obligación de hacerlo". Asimismo indican que "es comprensible que las empresas ganadoras suelan preferir que alguna información no sea divulgada", ya que realizan "ventajas o descuentos" a socios de la OCU, consumidores y simpatizantes. 

Sobre las compras colectivas, destacan que "los consumidores se han beneficiado de un ahorro medio muy sustancial" y que se llevan a cabo en distintos países de Europa como Italia, Bélgica o Inglaterra por asociaciones de consumidores similares a la OCU.

Con respecto a la acusación de Facua indican que "no responde más que al intento de implantar un modelo único de organizaciones de consumidores, con la clara intención de monopolizar con un claro interés político la defensa de los intereses de los consumidores". "Se pretende presionar para excluir a las organizaciones que llevamos a cabo actividades independientes equiparables a las que se llevan a cabo por organizaciones de consumidores legitimas en otros países y que tratan de mejorar la posición de los consumidores en el mercado facilitándole el acceso a las mejores condiciones y tarifas en mercados difíciles para los consumidores", añaden.