Bajo la lupa de Bruselas: la UE marca el futuro de Doñana y el campo español

"Cuando se habla del campo, mal asunto". Este aforismo tradicional entre agricultores y ganaderos se ha vuelto a cumplir. En los últimos meses, semanas y especialmente días, la actualidad obliga a hablar mucho del campo. Y siempre para mal. La sequía, el calor excesivo, la ruina y, por si faltaban ingredientes, ahora se suma la pelea política en España y en la Unión Europea a cuenta de Doñana. La posible legalización de cultivos de regadío en un enclave medioambiental único tiene enfrentados a la Junta, el Gobierno central y la UE en una suerte de pelea a tres bandas sin solución a la vista.

Denunciado por los expertos, el plan liderado por PP y Vox busca desarrollar zonas de regadío en la llamada Corona Norte de Doñana. Lo que ambos llaman "responder a las necesidades del sector" y que ecologistas, expertos y políticos de signo contrario denuncian como una explotación indebida que puede dañar aún más el gran humedal situado en la provincia de Huelva. 

De momento, el Parlamento ha dado luz verde a tramitar el polémico texto sin dificultad, gracias a la mayoría absoluta de PP y el añadido del apoyo de la ultraderecha. Pero el camino legislativo se antoja largo, entre reproches del Gobierno central y de la Unión Europea, muy duros con la propuesta.

Con las elecciones del 28-M a la vuelta de la esquina, Bruselas puede jugar un papel clave y, con sus acciones u omisiones, marcar el futuro del humedal y de buena parte del campo español.

Palabras gruesas y amenazas

Es más que una discrepancia. La propia Comisión Europea ha advertido en varias ocasiones, la última este lunes, de que el plan es peligroso y va “en sentido contrario” a las obligaciones de la Junta para cuidar el Parque Natural y todo su entorno. Pero Bruselas también atiza a Moncloa, por no tomar las medidas necesarias para garantizar su protección. 

De nada sirvió la visita a la capital europea del consejero andaluz de Medio Ambiente. Ramón Fernández-Pacheco intentó defender la propuesta, avalando con estudios que no violaba la legislación ni las aguas de los cultivos "tocarían" las maltrechas reservas del acuífero. Pero en Bruselas se encontró de bruces con el rechazo. Primero, a la cara en su encuentro con su homólogo comunitario, el comisario Sinkevicius, y posteriormente en un duro comunicado por parte de la Comisión, que se reconocía "profundamente preocupada" porque "si se aprueba como se ha propuesto, (la ley) podría degradar el humedal protegido de Doñana".

No menos notables, por poco habituales, han sido las palabras empleadas por diferentes miembros del Ejecutivo central, en una sucesión de reproches al líder autonómico y acusaciones de “arrogancia de señorito”, como espetó la vicepresidenta y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ella ha liderado la batalla contra la iniciativa de Moreno Bonilla y este mismo martes echaba más leña al fuego político al aseverar que la Junta "sigue tonteando con algo que nos puede costar mucho dinero", en un contexto de incertidumbre por si la UE suspende la entrega de fondos comunitarios como medida de presión.

Andalucía, por su parte, pide ahora "bajar el tono" y emplaza a la ministra a fijar "sitio y hora, porque la voluntad de diálogo se demuestra hablando, no amenazando" de cara a una reunión que Moncloa no quiere celebrar en las actuales circunstancias. 

"Tan pronto esa proposición esté descartada, expresamente descartada, estaremos encantados de poder trabajar con ellos", respondía tajante minutos después Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No vamos a negociar ilegalidades", añadía acto seguido. A cada pregunta, una respuesta más contundente que la anterior por si las cosas no habían quedado claras.

Las partes aún no dan sus brazos a torcer, si bien la Junta comienza a recoger algo de cable, al menos en lo verbal. La oposición todo y todos más allá de PP y Vox pueden acorralar a un Moreno Bonilla que no descarta ahora abrirse a posibles retoques al texto.

Si bien la ley no tendría dificultades para ser aprobada en el Parlamento Andaluz, sí puede toparse con un recurso del Gobierno al Constitucional… y la ejecución de sanciones de la UE. Mucho ruido y dinero en juego a un mes de las elecciones en las ocho capitales de provincia y los miles de municipios andaluces.

El campo, a la espera 

Pero Europa no sólo saca la lupa por el affaire Doñana. En las últimas horas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido por escrito a la Comisión que active la reserva de crisis de las famosas PAC, las ayudas comunitarias al sector primario. Junto a esto, solicita que se adelanten las ayudas habituales cada mes de octubre.

La pasada semana, los representantes de las principales asociaciones agropecuarias exigían medidas urgentes al Gobierno en una Mesa de la Sequía que varios de sus protagonistas calificaron de “decepcionante” a El HuffPost. Pero de esa sucesión de buenas palabras y “diagnósticos comunes” salió algún compromiso a futuro por parte del Ejecutivo. Uno de ellos ahora ve la luz, pero será la UE la que decida cómo, cuándo y cuánto de las ayudas pondrá a disposición de España.

El Gobierno, no obstante, también quiere intervenir de puertas para adentro. En un paquete de medidas urgentes anunciado este martes tras el Consejo de Ministros, se ha anunciado una rebaja fiscal del IRPF para trabajadores del campo, entre el 25% y el 50% según el tipo de actividad desarrollada.

Sí pero no, la opinión de las asociaciones

Las principales entidades del sector primario ha reaccionado con inmediatez, de forma diferente. Para el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas son medidas "positivas, importantes... pero insuficientes", por lo que reclama "ayudas directas" al sector. 

Algo más duro ha sido el presidente nacional de ASAJA, para quien la rebaja del IRPF "no tiene que ver nada con la sequía". "Son medidas de la cosecha del año pasado, por lo tanto, son medidas que todos los años se sacan en esta fecha antes de la declaración de la renta, como cualquier persona de nuestro país", ha manifestado. 

A medio camino entre ambos, desde COAG se valora una "positiva" rebaja fiscal de ese 25% con carácter general, aunque fuentes de la entidad señalan que "seguirán reclamando que sea más amplia"

¿Y qué pasa con el agua? A falta de medidas concretas, Planas ha asegurado que "lo importante es que tomaremos medidas" y acusa de electoralismo las protestas por la supuesta inacción. "No se puede repartir el agua que no existe. Si el PP decide hacer campaña de ello, allá ellos". Ante esto, plantea como "alternativas racionales" "el uso de aguas no convencionales, aguas reutilizadas, recicladas, también la desalación, que es más cara, pero con la bajada de precios de la energía como consecuencia de las renovables es una alternativa real".

Palabras y promesas que mantienen al campo a la espera. De una lluvia que sigue sin caer (y lo que viene es peor) y de que las medidas empiecen a notarse. "El objetivo ya no es solo salvar esta campaña, sino las próximas", explicaba a este medio Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro-alimentarias y añadía a modo de remate que "ahora queda actuar, el periodo de diagnóstico ha pasado".

Bruselas toma nota de todo. Y de lo que decida puede depender del futuro de dos asuntos que marcan buena parte de la agenda política.