Los expertos financieros advierten que España es una "trampa fiscal peor que un capo de la mafia"
Un bufete de abogados lo ha descrito como una "inquisición fiscal".
España ha atraído a un número significativo de residentes extranjeros con alto poder adquisitivo. Sin embargo, algunos de ellos están experimentando dificultades relacionadas con la fiscalidad. Según denuncias recientes, las autoridades españolas estarían llevando a cabo investigaciones tributarias arbitrarias sobre residentes extranjeros, especialmente británicos.
Ante esta situación, el prestigioso bufete de abogados Amsterdam & Associates ha lanzado una campaña llamada "Carteristas fiscales españoles", tras recibir denuncias de 80 extranjeros cuyas "vidas han sido arruinadas" por auditorías fiscales inesperadas.
"Lo que España está haciendo con los expatriados avergonzaría a un capo de la mafia" , declaró el abogado internacional, Robert Amsterdam, al The Telegraph, afirmando que estas prácticas son incompatibles con las leyes europeas y los derechos humanos.
Bonificaciones por recaudar más impuestos
Uno de los puntos más polémicos, según ha publicado The Olive Press es que los inspectores fiscales españoles reciben bonificaciones económicas por alcanzar ciertos objetivos de recaudación. En 2019, se asignaron 95 millones de euros en incentivos para que la Agencia Tributaria recaudara 150.000 millones de euros .
Los críticos aseguran que esto genera investigaciones arbitrarias, enfocadas especialmente en extranjeros sin conexiones en España, que prefieren pagar antes que luchar contra el sistema, por miedo a represalias o sanciones aún mayores.
Sin embargo, las estadísticas sugieren que más de la mitad de las apelaciones terminan favoreciendo a los contribuyentes, lo que refuerza la idea de que muchas de estas auditorías carecen de fundamento sólido.
El fin de los beneficios fiscales para extranjeros
El punto de fricción principal es la llamada "Ley Beckham", una normativa introducida en 2005 para atraer talento extranjero a España. Esta ley permite que los trabajadores que vienen de fuera tributen solo un 24,75% sobre sus ingresos de hasta 600.000 euros al año en España, en lugar de hacer frente a las tasas progresivas que alcanza hasta un 47% para los residentes españoles.
Este beneficio en su día atrajo a muchos británicos y otros expatriados con altos ingresos, sin embargo ahora no parece convencer a la mayoría. Según expertos financieros, la aplicación de la ley "parece discrecional y carece de transparencia", lo que está llevando a muchos expatriados a reconsiderar su permanencia en el país.
Las denuncias indican que a los afectados "se les niega cualquier explicación de por qué están siendo auditadas" y solo pueden impugnar las investigaciones cuando el proceso ya está casi concluido, dejándolos en una situación de indefensión.
Un panorama más hostil para los extranjeros
El endurecimiento del control fiscal llega en un momento de creciente presión sobre los residentes extranjeros en España. Además de la ofensiva de la Agencia Tributaria, el Gobierno español ha impulsado medidas que afectan directamente a los expatriados, como el fin inminente de la "visa dorada" el 3 de abril, que hasta ahora permitía a extranjeros obtener residencia a cambio de inversiones en propiedades.
Otra de las medidas fue la creación de un nuevo impuesto del 100% sobre la compra de propiedades por parte de residentes no pertenecientes a la UE que viven fuera de España, anunciado el pasado mes de enero por el presidente Pedro Sánchez.
Mark Stücklin, fundador de Spanish Property Insight, advierte que la situación es sistémica y que los extranjeros son vistos como "presas fáciles" para una administración tributaria agresiva, con regulaciones mal definidas y falta de supervisión.
