El Gobierno aprueba la movilización de vivienda de la Sareb y pide colaboración a las autonomías del PP

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda social, que actualmente se sitúa en el 3%, muy lejos del 9% de la media europea. 

Según han expresado tanto la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, como la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, el objetivo el Gobierno es alcanzar el 20% de parque público de vivienda con el impulso de la ley de Vivienda, todavía en tramitación en el Congreso, y con el aprovechamiento, han afirmado, de todos los recursos públicos a su alcance.

Para ello, eso sí, deberán contar con el respaldo y la ayuda de las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en esta materia. Muchas de las cuales, gobernadas por el PP, ya han dicho que no apoyarán las medidas del Ejecutivo. 

Ante esto, Rodríguez ha pedido "responsabilidad" al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ya ha tildado de "fantasmadas" las acciones del Gobierno central. 

"Demandamos responsabilidad a las comunidades autónomas, no podemos mirar a otro lado, esto nos incumbe a las administraciones", ha pedido Rodríguez en respuesta al líder de los populares. 

Según ha dicho, el "objetivo" del Gobierno es "que cualquier persona con su salario pueda acceder a la vivienda y vivir con holgura". Para ello, ha dicho, van a poner "toda la fuerza del Estado para entregar ese derecho consagrado en la Constitución y que no se ha visto realizado".

De momento, el primer paso ha sido la movilización de las 50.000 viviendas de la Sareb que, según ha explicado Calviño, se llevará a cabo a través de tres ejes. El primero, el stock de 21.000 viviendas que se pondrán a disposición de las administraciones regionales y locales. De estas viviendas, 9.000 ya están disponibles a la venta y el resto, 12.000, están pendientes de obras de rehabilitación o accesibilidad, según ha dicho la vicepresidenta.

Calviño ha asegurado que ya se están "articulando acuerdos de venta a comunidades autónomas y municipios" para sacar estas viviendas con alquiler social o asequible. Y ha puesto varios ejemplos: 500 viviendas con la Comunidad Valenciana, 42 con Galicia y otras 42 con el Ayuntamiento de Madrid. Además, hay negociación para articular más operaciones similares con la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Cataluña y entidades locales como la de Torrelavega. 

Por otro lado, ha dicho Calviño, "se está trabajando en convenios de venta o cesión temporal de vivienda para uso social tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro, prestando especial atención a zonas despobladas o vulnerables". También aquí, la vicepresidenta ha puesto algunos ejemplos, como la puesta a disposición de trabajadores temporeros de vivienda social en ámbitos agrícolas o viviendas asequibles para jóvenes en áreas rurales.

Esto forma parte de un programa de refuerzo a la inclusión social a través de la vivienda que cuenta con 14.000 viviendas ya habitadas y que desarrolla un acompañamiento a familias vulnerables que habitan unas 9.000 de ellas. Este programa, ha dicho Calviño, ofrece alquileres en función del nivel de renta de las familias, ayuda en la regularización, en la búsqueda de empleo, en el acceso a los servicios sociales y hasta en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. 

"El alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos, al facilitar que sus habitantes estén en una mejor situación económica y facilitar así el pago de las rentas", ha explicado la vicepresidenta.

El tercer eje del plan de movilización de vivienda de la Sareb es la cesión de suelos de este organismo "mediante un esquema de colaboración público-privada". Según ha detallado Calviño, esta entidad cuenta con suelo urbanizable en el que se pueden construir hasta 15.000 viviendas para alquiler social. Ya hay, ha dicho, conversaciones con la Generalitat, por ejemplo, para cubrir 200 viviendas en 200 suelos. Espacio de la Sareb que se destinará también a otros proyectos, como hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos. 

"Con las medidas habladas de 100.000 viviendas y las 50.000 de Sareb, estamos aumentando en un 50% el parque público de vivienda", ha dicho Calviño, quien ha recordado que el Gobierno central no tiene competencia en esta materia, por lo que ha apostado por "actuar en consenso y aprovechando competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos".