El fondo soberano de Noruega votará en contra del traslado de Ferrovial en la junta de accionistas
Si más del 2,56% de los accionistas ejercen su "derecho de separación" el cambio de sede no será efectivo
Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, votará como accionista de Ferrovial en contra del traslado de su sede social a Países Bajos en la junta general que se celebrará este jueves en Madrid y en la que se decidirá sobre los planes de futuro de la multinacional española.
El fondo argumenta en su página web que votará en contra de este punto del orden del día de la junta tras evaluar la operación de fusión transfronteriza de Ferrovial con su filial neerlandesa, transacción que permitirá este cambio de sede social.
"Las fusiones, adquisiciones y otras transacciones corporativas deberían maximizar los rendimientos de los accionistas. Al evaluar las transacciones corporativas, también consideraremos si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios", justifica.
Institutional Shareholder Services' (ISS), una firma asesora en gobierno corporativo, ya advirtió sobre el riesgo que suponía esta operación para los accionistas minoritarios, ya que la ley neerlandesa restringe más que la española el poder de los accionistas con menos peso en el capital. En concreto, Norges Bank contaba a cierre de 2022 con un 1,5% del capital de Ferrovial.
Con este voto en contra del fondo soberano de Noruega, cuyo Gobierno está liderado por el Partido Laborista, los planes de Ferrovial podrían estar en peligro, siempre y cuando ejerza su 'derecho de separación'.
Este derecho consiste en oponerse formalmente a la operación en el plazo de un mes desde la celebración de la junta. Si más del 2,56% de los accionistas lo ejerce, el cambio de sede no será efectivo, según lo determinó Ferrovial al anunciar la operación.
En cualquier caso, desde Banco Sabadell recuerdan que este límite, que tiene como objetivo mantener su calificación crediticia, es un derecho para los accionistas que voten en contra, no una obligación.
