Esto es lo que dice la ley sobre las viviendas en alquiler con opción a compra

El alquiler con opción a compra es una modalidad de transacción inmobiliaria que combina las ventajas del alquiler y la compra de una vivienda. Este sistema permite a los inquilinos residir en una propiedad con la posibilidad de adquirirla en el futuro, ofreciendo una solución ideal para aquellos que no disponen de los ahorros suficientes para una compra inmediata.

El proceso comienza con la firma de dos contratos: uno de arrendamiento y otro de opción a compra. Durante el periodo de alquiler, el inquilino paga una renta mensual acordada con el propietario. Al finalizar este periodo, el inquilino tiene la opción de comprar la vivienda por un precio previamente establecido, del cual se descontarán, parcial o totalmente, las cuotas de alquiler pagadas hasta ese momento.

Una de las principales ventajas para el inquilino es la posibilidad de vivir en la vivienda antes de decidirse a comprarla. Esto permite evaluar si la propiedad y el entorno cumplen con sus expectativas y necesidades. Además, durante el periodo de alquiler, el inquilino puede ahorrar para la futura compra, facilitando la obtención de una hipoteca.

Otra ventaja significativa es la protección contra la subida de precios. El precio de compra se fija en el contrato inicial, por lo que cualquier aumento en el valor de la propiedad no afectará al inquilino. Asimismo, el inquilino tiene preferencia sobre otros posibles compradores, lo que garantiza que la vivienda no será vendida a otra persona durante el periodo de alquiler.

Para los propietarios, el alquiler con opción a compra también presenta varias ventajas. La prima inicial, que suele ser del 5 al 10% del precio de venta, proporciona una seguridad económica adicional. Además, las cuotas mensuales de alquiler aseguran un ingreso constante durante el periodo de arrendamiento.

En caso de que el inquilino decida no comprar la vivienda, el propietario se queda con la prima y las cuotas de alquiler pagadas, lo que puede representar una ganancia significativa. Además, el propietario no tiene que pagar impuestos de compraventa hasta que se ejecute la operación, lo que puede resultar en beneficios fiscales.

En España, el alquiler con opción a compra se regula principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el Código Civil. Aunque esta modalidad no tiene una regulación específica, se menciona en el artículo 14 del Reglamento Hipotecario. Este artículo establece que el plazo para ejecutar la opción de compra no puede ser superior a cuatro años y que el contrato debe inscribirse en el Registro de la Propiedad para tener efectos frente a terceros.

El artículo 9.1 de la LAU determina que la duración del contrato de arrendamiento puede pactarse libremente entre las partes, pero si es inferior a cinco años (o siete años si el arrendador es una persona jurídica), el contrato puede prorrogarse obligatoriamente por plazos anuales hasta alcanzar dicha duración mínima. Además, el contrato debe incluir una cláusula de opción de compra que especifique el precio de adquisición, el plazo para ejercer la opción y las condiciones bajo las cuales las rentas pagadas se descontarán del precio final.

Antes de firmar un contrato de este tipo, es crucial tener en cuenta varios aspectos. Es fundamental especificar el tiempo durante el cual el inquilino puede permanecer alquilado y el plazo para ejercer la opción de compra. También es importante acordar quién asumirá los gastos derivados del arrendamiento, como suministros y reparaciones.

En cuanto a la futura compraventa, se debe establecer claramente el precio final de la operación y el porcentaje de las cuotas de alquiler que se descontarán del precio de compra. Además, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado para asegurar que todas las cláusulas del contrato sean claras y justas para ambas partes.