España presenta pérdidas millonarias en la fruta del otoño

La Unió Llauradora ha emitido un comunicado en el que ha alertado de que el destrío del caqui por las plagas y la falta de fitosanitarios y herramientas de control biológico va a provocar que los productores de la Comunidad Valenciana dejen de ingresar más de 47 millones de euros durante esta campaña.

“El destrío de caqui en esta campaña será muy importante, superior al 30% de la cosecha, como consecuencia de la incidencia directa sobre el fruto de las plagas y enfermedades ya existentes y de las importadas a lo largo de los últimos años que generan mayor resistencia dificultando su control agronómico, agravado además por la ausencia de materias activas eficaces y también de métodos de lucha biológica como depredadores, parasitoides o feromonas para el control sostenible e integrado”, ha explicado la organización agraria.

“El porcentaje de destrío, producido por plagas y enfermedades, se ha incrementado en más del 247% respecto a la campaña anterior, situándose en cerca del 31% como consecuencia de la aparición del nuevo trips sudafricano de cuarentena Scirtothrips aurantii”, se añade en el documento.

En relación a esta situación, la Unió Llauradora ha subrayado que “los productores valencianos de caqui no tienen absolutamente ninguna responsabilidad ante esta situación, pero sí son los que sufren los perjuicios económicos del sobrecoste tan elevado que tienen en sus explotaciones. Además, el cultivo del caqui se enfrenta a desafíos cada vez mayores al ser un cultivo minoritario que provoca que la reglamentación fitosanitaria y de autorizaciones excepcionales sean más difíciles de conseguir”.

En consecuencia, la organización agraria ha expresado que “ve necesaria la autorización excepcional de materias activas eficaces para el control de las plagas que afectan al caqui y también la suelta pública de parasitoides como es el caso del Anagyrus fusciventris para el control biológico del cotonet Pseudococcus longispinus”.

Igualmente, la Unió Llauradora “propone la organización de una reglamentación, de obligado cumplimiento, que defina los parámetros comerciales y establezca legalmente una normativa comercial que fije cuando un caqui es apto para comercializar y cuando no lo es”.