El SEPE vigila a Telefónica por la trampa que 93 empresas han hecho desde 2013

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa reclamando, tras una década, los casi mil millones de euros que hasta 93 empresas -que presentan beneficios- debe al Estado por el despido de 27.241 de más de 50 años. De los 983 millones de euros reclamados, ya han entrado a las arcas públicas 813.

De las 93 empresas, hay una que aglutina el 31% de las reclamaciones y el 25% de los ceses. Se trata de Telefónica, que con su ERE llevado a cabo en 2011, dejó en la calle a miles de trabajadores mayores de 50 años, siendo esta una situación muy similar a la que ahora pretenden repetir, con el despido de más de 3.400 trabajadores.

De hecho, fue esa situación la que obligó al gobierno socialista de aquel entonces a aprobar la 'enmienda Telefónica', con el objetivo de que todas las empresas en esta situación, compensen al Estado económicamente por el subsidio de estos trabajadores, que corrieron a cargo del dinero público. Pese a ello, no fue hasta el año 2013 cuando el SEPE inició este proceso para reclamar estas cuantías.

En este sentido, Telefónica ya ha abonado 305 millones de euros por el despido de los más 6.000 trabajadores en un proceso que finalizó en el año 2020, de acuerdo con la información del SEPE. Pese a ello, en esta ocasión, el Servicio Público de Empleo Estatal estima que hasta que no se conozca el número exacto de salidas, no se podrá calcular la 'sanción' ni montante de dinero que deberán abonar.

El SEPE, con problemas para cobrar las cuantías reclamadas

Además de Telefónica, esta situación se ha repetido en otras 92 empresas, de las cuales 22 se encuentran en distintas fases del procedimiento. Entre ellas destacan antiguos bancos y cajas de ahorro que se hallan en un proceso de reestructuración interna.

Todos estos procesos podrían dilatarse durante años debido a la complejidad de los trámites y las elevadas cuantías que el SEPE debe calcular. Con todo, es muy complicado acceder a los datos, ya que los sucesivos gobiernos han sido muy herméticos en este sentido. Esto llevo incluso a la congelación de la recaudación entre los años 2016 y 2017 "debido a la falta de medios materiales y humanos en el SEPE", tal y como informaron desde el organismo público.

Durante el año 2022, estos procesos de reclamación vieron un incremento considerable, al añadirse 17 nuevas empresas y 4.140 empleados, lo que supone un 17% del total de los afectados -de más de 50 años- por despidos colectivos.