Cinco comunidades deflactarán el IRPF en 2024
Una medida defendida por el PP, rechazada por el Gobierno.
Cinco comunidades, una menos que el pasado ejercicio, han decidido ya o se plantean deflactar el tramo autonómico del IRPF en 2024 para compensar la subida de precios. Otras siete han rechazado esta medida sin renunciar a aplicar rebajas de tipos o deducciones para aliviar al contribuyente.
Según la información recabada en los ejecutivos autonómicos por las delegaciones de EFE, comunidades con gobiernos de distintos partidos como Canarias (CC-PP-AHI-ASG), Madrid (PP) y País Vasco (PNV-PSE) volverán a deflactar el próximo año sus tramos del IRPF y a ellas se unirán Aragón (PP-Vox) y Navarra (PSN-GBai-CN/ZN).
De las otras tres comunidades que tomaron esta decisión en 2023, las tres dirigidas por el PP, Andalucía está valorando en esta ocasión qué disposiciones adoptar, Murcia ha preferido no avanzar su medidas y Galicia ha resuelto no repetir estrategia y continuar con rebajas fiscales.
Esto mismo van a hacer otras cuatro ejecutivos del PP: Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura; y dos de los tres del PSOE -junto a Navarra-: Asturias, que se mantendrá en la autodenominada "vía fiscal asturiana", y Castilla-La Mancha, que lo considera "regresivo".
Por su parte, el Gobierno PP-Vox de Castilla y León no lo hará en principio porque lo cree menos beneficioso para los contribuyentes que otras fórmulas; el Govern catalán de ERC aún trabaja en los presupuestos, pero siempre ha dicho que deflactar restaría ingresos con escaso beneficio; y el ejecutivo riojano (PP) no descarta otras medidas, pero de momento va a reducir los tramos.
Una medida defendida por el PP, rechazada por el Gobierno
La deflactación de la tarifa del IRPF, una de las medidas que el PP demanda al Gobierno en un contexto alcista del IPC, consiste en ajustar los tramos, los mínimos y otros parámetros del impuesto a la evolución de los precios con el objetivo de evitar que las subidas salariales para compensar la inflación acaben suponiendo que los contribuyentes dediquen un porcentaje mayor de sus ingresos al pago de impuestos sin haber incrementado su capacidad económica.
Una solución que ha venido rechazando el Gobierno, que ha defendido que sus medidas fiscales para las rentas bajas permiten ahorros diez veces mayores.