Bruselas recomienda a España limitar el gasto para lograr un ajuste de 9.300 millones en 2024

La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España que limite el aumento del gasto público a un máximo del 2,6% en 2024 con respecto a este año. Esto implica un ajuste estructural de al menos el 0,7% del PIB en 2024, lo que equivale a 9.289 millones de euros.

Bruselas considera que España, suponiendo que las políticas no varíen, lo cumpliría con un aumento del gasto previsto del 1,4%. El Gobierno, por su parte, ha celebrado este apunte de la Comisión y ha augurado que España saldrá del grupo de países con desequilibrios económicos.

La Comisión, además, ha recomendado la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía para finales de 2023 y su eliminación total en 2024, al tiempo que ha animado a utilizar los ahorros correspondientes para reducir el déficit público y limitar el gasto. 

De esta forma, ha hecho público este miércoles un plan orientativo para los Estados miembros dentro del marco del paquete de primavera del Semestre Europeo de 2023. En él destaca que "la economía europea sigue mostrando resiliencia en un contexto global desafiante". Así, teniendo esto en cuenta, se pretende "construir una economía robusta y preparada para el futuro".

La Comisión asegurar la competitividad a largo plazo para todos los países en el actual contexto geopolítico. Además, ha preparado un informe sobre el funcionamiento de 16 socios con el fin de evaluar si estos países cumplen con los objetivos de déficit y deuda. Sin embargo, señala que hay varios que no lo hacen: Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Letonia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

Una política fiscal "prudente"

En relación al regreso de las normas fiscales comunes —congeladas desde 2019 debido a la pandemia— que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%, Bruselas ha instado al Gobierno español a garantizar una política fiscal "prudente".

Bruselas también anima a España a preservar la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones del fondo de Recuperación y Resiliencia y otras ayudas de la UE, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital.

Asimismo, se espera que España mantenga el impulso en la aplicación constante de su plan de recuperación y resistencia y finalice rápidamente el capítulo de medidas energéticas con vistas a iniciar "rápidamente" su aplicación. También espera que se garantice la continuidad de una capacidad administrativa "suficiente" con vistas al aumento previsto del tamaño del plan, después de que España manifestase el pasado 28 de marzo su intención de solicitar 84 millones de euros de préstamo adicional.

Otras de las recomendaciones planteadas por Bruselas pasan por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar el despliegue de las energías renovables, aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.

Desequilibrio macroeconómico

En su informe posterior al procedimiento de desequilibrio económico (PDE), Bruselas destaca que la economía española superó las perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Registró, así, un "fuerte crecimiento" en 2022 que se espera que continúe a lo largo de 2023, con una previsión de crecimiento del 1,9%, acorde a las proyecciones de la Comisión, aunque a un ritmo "más moderado".

El Ejecutivo comunitario también ha destacado que el saldo de las administraciones públicas españolas en 2022 ha mejorado, favorecido por el buen comportamiento de los ingresos, aunque advierte de que el déficit subyacente y la deuda pública siguen siendo "elevados".

Por otro lado, subraya que el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que la calidad de los activos ha seguido mejorando y la rentabilidad aumentó notablemente en 2021 y 2022, pero se enfrenta a nuevos retos derivados de la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.