Bruselas amenaza a España con las máximas sanciones si no reforma las pensiones e impone sus condiciones

El que avisa no es traidor... y Bruselas ha avisado. En concreto, la Comisión Europea, que ha alertado a España de sanciones máximas en caso de no completar la reforma de las pensiones.

La entidad presidida por Ursula von der Leyen urge a culminar las reformas fundamentales de un plan de recuperación, algo que incluye a las pensiones, mientras el Gobierno insiste en su buen trabajo en la materia. Este año se incrementarán un 8,5%, pero Bruselas quiere que los borradores que maneja el ministro José Luis Escrivá se concreten.

"No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser", han asegurado fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, cuya culminación estaba comprometida para el cierre de 2023 y lleva ya casi dos meses de retraso.

Lo que impone la UE para pagar

El Ejecutivo comunitario ha publicado este martes un documento que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.

En este caso, la cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos. Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa".

En el caso de España, las negociaciones se enmarcan en lo que sería el cuarto paquete de ayudas, de 10.000 millones de euros, un pago aún no solicitado. Tras la reciente aprobación de la tercera entrega, de 6.000 millones, la pasada semana, ahora Bruselas impone el obligado cumplimiento de otros 58 hitos, entre ellos cuatro directamente ligados a la reforma de las pensiones. 

Estos son el cómputo de los años de cotización, los cambios en la base máxima de cotización, el mecanismo de equidad intergeneracional y la sostenibilidad de todo el sistema, como detalla El Mundo.

En qué punto están las negociaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo el lunes en Bruselas, donde aseguró que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo.

Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del Ministerio, la ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados, lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización dentro de un periodo total de 30 años.

Este martes por la tarde en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visita España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero defiende la elevada ejecución de los fondos

Montero ha explicado que España, como país más adelantado en la ejecución de los fondos, ya ha alcanzado un 75 % de obligaciones reconocidas de todos los recursos presupuestados para 2021 y 2022, y ha destacado que el despliegue de esos recursos se ha caracterizado por la gestión conjunta con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que tiene la impresión de que los europarlamentarios están "sorprendidos" por los instrumentos puestos en marcha por el Gobierno de España para mejorar la ejecución y el control de los fondos europeos, que refuerzan los sistemas de auditoría, de control y de prevención del fraude y que permiten anticiparse a los conflictos de interés.

Uno de ellos es el sistema integral de seguimiento y gestión de los hitos y objetivos (CoFFEE) y el otro, el sistema de detección de conflictos de intereses ex ante mediante minería de datos (Minerva), dos instrumentos que son una prueba del control interno con que se gestionan los fondos y que además se complementan con la formación de más de 2.200 empleados públicos que trabajan con fondos europeos.

La queja de los autónomos

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha criticado que los fondos europeos no están llegando al tejido empresarial, especialmente en el caso de las pymes y autónomos.

"Los autónomos no perciben los fondos. De los más de 3.300.000 autónomos, apenas 5 de cada 100 ha solicitado los fondos, no llegan a 170.000 autónomos y debemos llegar al menos a 1 millón. Nuestro objetivo es mejorar y hay que hacerlo ya", ha asegurado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, tras reunirse con la delegación de europarlamentarios.

Como ejemplo ha puesto que las ayudas del kit digital solo han beneficiado a 70.000 autónomos.