Hablemos sobre el juicio político a Dilma Rousseff de forma responsable

Puede que el aplauso que Dilma Rousseff recibió durante la apertura de la 70ª Asamblea General de la ONU el pasado lunes tuviera un efecto relajante sobre ella; quizá incluso le dio un breve respiro tras la crisis que afronta desde el principio de su segundo mandato.

Sin embargo, aunque se haya tomado un pequeño descanso al otro lado del continente americano, la presidenta brasileña sabe que para cambiar el sentimiento de indignación -audible- de los brasileños en las calles, necesitará mucho más que un emotivo discurso sobre los refugiados o un compromiso para la protección del medio ambiente.

Caceroladas, abucheos y hasta insultos han compuesto el coro del descontento de los brasileños, frustrados con un Gobierno que está haciendo lo contrario de lo que prometió en su campaña inicial.

Durante la campaña electoral de 2014, Dilma calificó a sus principales oponentes como defensores de la austeridad, los bancos, el desempleo y la inflación.

Este año, bajo su mandato, Brasil ha visto un incremento en las tasas de desempleo e inflación, además de un aumento de los intereses y de los beneficios de los bancos.

El ajuste presupuestario, llevado a cabo por el ministro de Economía, Joaquim Levy, tiene el sabor amargo de las subidas de impuestos. Para todos.

En los últimos nueve meses, aquellos que votaron (o volvieron a votar) por Dilma se han visto cada vez más desilusionados con un Gobierno que tiende más a la derecha de lo que esperaban. La frustración se ve reflejada en los resultados de un reciente sondeo de Datafolha: el 71% rechazaba este Gobierno y el 66% pedía un juicio político a Dilma Rousseff.

No obstante, ¿acaso son las mentiras, unidas a una debilitada economía (que se ha hecho evidente en los bolsillos de todos), suficientes para destituir a un presidente?

No. Su política no tipifica como ningún delito en particular.

Sin embargo, justo a su vuelta de Nueva York, la presidenta tendrá la vista y el oído puestos en la Cámara de los Diputados, donde su presidente -y archienemigo-, Eduardo Cunha (del Partido de Movimiento Democrático Brasileño), empezará a analizar más de 10 solicitudes de juicio político pendientes.

La principal causa para impugnar a la presidenta sería la violación de la ley de responsabilidad fiscal de Brasil.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) debe anunciar próximamente que rechazó las cuentas de la Administración de Dilma del año 2014.

Según el diario Valor Econômico, el presidente del TCU, el ministro Augusto Nardes, condenará las maniobras de contabilidad adoptadas por la presidenta el año pasado.

Esto fue lo que hizo el Gobierno: tomó prestado dinero de los bancos públicos (Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal) para pagar programas sociales, como Bolsa Família (un tipo de subsidio familiar) y seguros para el desempleo, entre otros.

Sin embargo, el problema es que este tipo de préstamos está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal, porque es otra forma (más) de manipular las cuentas públicas. Además, Dilma ha retrasado el pago a los bancos.

40.000 millones de reales brasileños (más de 8900 millones de euros): esa es la cifra a la que podría ascender el maquillaje de las cuentas, según estima el TCU.

El fiscal del TCU Júlio Marcelo de Oliveira lanzó una dura crítica sobre la Administración de Dilma en una carta enviada al Tribunal de Brasil:

Si el TCU confirma todas estas infracciones, Dilma habrá cometido un error. Un grave error. Habrá sido una mala gestora de las cuentas públicas.

Por otra parte, el fiscal general no reconoce ninguna ilegalidad y declara que los Gobiernos anteriores (Lula y Fernando Henrique Cardoso) también han recurrido a este tipo de maniobras.

Sin embargo, la postura de Nardes podría ser el ingrediente que le falta al Congreso para que dé comienzo un proceso de combustión destructivo dentro del poder ejecutivo.

Una coalición de gobierno cada vez más debilitada, con su aliado principal quejándose en televisión sobre la situación actual de Brasil, es terreno poco seguro para la presidenta. Todo ello, sumado a las alegaciones constantes de la operación Lava Jato (el grupo especial anticorrupción) que demuestran que altos cargos del Partido de los Trabajadores han estado implicados en el escándalo de corrupción de Petrobras y a los intentos sucesivos de la oposición de derrotar a Dilma en las votaciones más importantes del Congreso.

Además, los diputados del principal partido de la oposición han ido votando contra el ajuste presupuestario y, de manera controvertida, están intentando crear más gastos con el fin de minar al Gobierno de forma permanente.

Si, en un momento tan crítico para el presupuesto de 2016 y para el futuro del país, la oposición se comporta de manera irresponsable, ¿cómo se puede esperar que el debate sobre la impugnación se trate con seriedad y no se vea contaminado por los intereses de un partido o por los intereses personales, en lugar de por el interés nacional?

En un panorama tan complejo como este, El Huffington Post Brasil no tiene respuestas sobre el destino de este Gobierno. Lo que intenta es promover un sano debate, mostrando diversos puntos de vista, de izquierdas y de derechas, sobre la situación actual. Este foro de ideas, el debate y el pluralismo nos ayudan a reflexionar y a madurar como ciudadanos.

Este artículo fue publicado por primera vez en HuffPost Brasil y ha sido traducido del inglés por Lara Eleno Romero y Marina Velasco Serrano