El juez manda a juicio a Luis Rubiales por 'agresión sexual' y 'coacciones' a Jenni Hermoso
Igualmente ha decidido abrir juicio oral contra Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera por las presuntas presiones a la jugadora. Aún no hay fecha para el proceso.
A juicio. El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado la apertura de juicio oral contra Luis Rubiales por 'agresión sexual' y 'coacciones' en relación al beso no consentido a Jennifer Hermoso.
Igualmente, el juez también ha mandado al banquillo al exseleccionador femenino, Jorge Vilda, el actual director deportivo de la selección, Albert Luque, y el que fuera responsable de Marketing, Rubén Rivera, por las presuntas coacciones a la futbolista.
La resolución no es recurrible y faculta al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional para llevar a cabo el enjuiciamiento del llamado 'caso Rubiales'. Dicho órgano da un plazo de diez días a los investigados para que presenten sus escritos de defensa.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 da 24 horas a Rubiales para que, en concepto de responsabilidad civil en el caso de que fuese condenado, abone una fianza de 65.000 euros por el delito de agresión sexual. Deberá abonar la misma cantidad de forma conjunta solidaria junto los otros tres acusados por el delito de coacciones.
El beso tuvo lugar en la ceremonia de premiación tras vencer España a Inglaterra en la final del Mundial femenino. A partir de ese momento, en el podio, se desató una oleada de acontecimientos que adquirieron una nueva dimensión cuando Hermoso optó por denunciar los hechos ante la Fiscalía el 6 de septiembre.
Entonces y en repetidas ocasiones, también en varios comunicados públicos, la futbolista madrileña ha aclarado que el beso "no fue consentido", relatando las "presiones" sufridas tanto de parte de Rubiales como de otras figuras de la federación para que compareciera en un vídeo junto al entonces presidente de la RFEF para restar importancia a lo sucedido. Finalmente, Hermoso se negó a participar de ese vídeo.
Sobre estos hechos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 2 años y 6 meses de prisión para Rubiales, desglosados en 1 año por la agresión sexual y 1 año y 6 meses por las coacciones en concepto de autor. El Ministerio Público, además, reclama a la Audiencia Nacional idénticas condenas de 1 año y 6 meses de cárcel a Vilda, Luque y Rivera por idéntifica figura de coacciones.
Pero la Fiscalía no es la única acusación de esta causa. En ella también figuran la misma Jenni Hermoso y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), quienes coinciden en sus respectivas peticiones de cárcel con el Ministerio Público. En el caso de Hermoso, añade la petición de prohibición a Rubiales de acercarse a ella a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante ocho años y una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil, y de otros 50.000 a pagar con el resto de acusados.
El auto de este miércoles da continuidad al criterio del mismo magistrado. En enero, De Jorge ya propuso juzgar a Rubiales tras considerar que el beso "no fue consentido" y que el entonces mandatario actuó de forma "unilateral y sorpresiva".
En ese mismo posicionamiento conocido el 25 de enero, el juez de la Audiencia Nacional apuntaba que "las presiones a las que se sometió a Hemoso crearon [en la jugadora] una situación de ansiedad e intenso estrés". Por ese mismo motivo ya incluía en su petición de juicio a Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.
Y aparte, la 'Operación Brody'
La causa abierta contra Rubiales y su entorno es independiente a la llamada 'Operación Brody' que también salpica de lleno al que fuera presidente de la RFEF entre 2018 y septiembre de 2023. Esta otra trama investiga presuntas irregularidades en los contratos firmados por la federación en relación a la Supercopa de España, que se viene celebrando en Arabia Saudí en los últimos años.
La investigación ha obligado a Rubiales a regresar a España de su domicilio provisional en República Dominicana. A su llegada a Barajas fue momentáneamente detenido para prestar declaración ante la Justicia.
Allí, en un juzgado de Majadahonda, está imputado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en los contratos adoptados por la RFEF durante su mandato.
