Reforma de la Ley de Costas: Con el agua al cuello
La reforma anunciada no responde ni a la necesidad de proteger mejor el litoral ni a la de garantizar mayor seguridad jurídica. Es una manifestación del mantenimiento a toda costa -nunca mejor dicho- del nefasto modelo productivo de nuestro país
El ministro Cañete ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988 que, de acuerdo con varios expertos, podría incluso resultar inconstitucional.
Nuestra carta magna de 1978 definió de forma bastante precisa el dominio público marítimo terrestre (básicamente playas, dunas y marismas), y le otorgó un régimen de especial protección, anticipándose así a muchas otras legislaciones y a la propia Comisión Europea, en la configuración jurídica de un bien público de extraordinario valor económico, ecológico y social.
El Gobierno pretende justificar esta reforma por la "inseguridad jurídica" y los "efectos indeseables" que ha comportado la aplicación de la norma. Sin embargo, los mayores problemas -tanto de nuestro litoral como de los particulares con propiedades potencialmente afectadas por la ley- se han derivado, precisamente, de la tardanza en su desarrollo así como de su incorrecta aplicación por parte de las tres administraciones, en un contexto bastante generalizado de ausencia de directrices autonómicas de ordenación del territorio y de irregularidades urbanísticas.
Entre 1988 y 2004 solo se aprobó el 60% del deslinde de nuestro litoral, lo que favoreció la concesión de licencias de edificación que no respetaban los limites previstos por la Ley de Costas. Un caso emblemático fue el hotel Algarrobico que, en ausencia de deslinde, comenzó su construcción con una licencia municipal amparada en la pretensión de que no ocupaba la zona de protección (los primeros 100 metros a partir del límite de la playa), por encontrarse supuestamente en suelo urbano (donde solo se restringe la construcción en los primeros 20 metros). Desde el inicio de mi mandato como ministra de Medio Ambiente aceleré los trámites de todos los deslindes pendientes -hasta situarlos, al final de la legislatura, casi en el 90%-; y por supuesto advertí, tanto al promotor del citado hotel como al alcalde de Carboneras, de que cuando se culminara el deslinde, si se mantenía el proyecto original, parte del hotel quedaría dentro de la zona en la que la ley prohíbe cualquier edificación. El promotor siguió adelante con todas las consecuencias una vez aprobado el deslinde. El Ministerio inició el proceso de expropiación y actualmente diversas sentencias abundan en la ilegalidad de la obra, es decir, en la exigencia de su demolición. No es necesario cambiar la Ley de Costas para evitar casos semejantes: lo que ha faltado es, en muchos casos, la voluntad política de cumplir y hacer cumplir las respectivas obligaciones administrativas.
Desde luego, la reforma anunciada no responde ni a la necesidad de proteger mejor el litoral ni a la de garantizar mayor seguridad jurídica. No protegerá mejor el litoral, porque cambia los criterios de deslinde -injustificable cuando apenas está pendiente un 5% de la costa- a favor de una reducción del dominio público y de la zona de protección: por ejemplo, excluye del dominio público determinado tipo de dunas y restringe de 100 a 20 metros la zona de protección en el caso de las rías; aumentará el uso privativo en dominio público al prolongar otros 75 años la duración de las concesiones reconocidas durante 30 años a edificaciones construidas en las playas antes de 1988... y no contribuirá a una mayor seguridad jurídica, a pesar de una lista de casos concretos que se relacionan en un anexo del anteproyecto, en los que no se aplicará la ley hasta ahora vigente. La propia selección arbitraria de esta lista suscitará incertidumbre y litigios en muchos otros supuestos análogos.
Es cierto que la deficiente gestión y la falta de consideración de la Ley de Costas (insisto, por parte de las tres administraciones) ha propiciado que desde 1988 miles de personas adquieran, en principio de buena fe, viviendas construidas en dominio público y en la zona de protección, así como que se siga construyendo (y vendiendo) casas en dichos espacios, incluso después de 1988. Pero la respuesta no puede ser la de cambiar la ley hasta desnaturalizar por completo el objetivo de protección de un bien público establecido en la Constitución, sino como se comenzó a hacer desde 2004, analizar cada caso y sus posibles soluciones a la luz de la norma que incluso permite, en supuestos justificados, la desafección del dominio público, y por tanto, su uso privativo.
Quizás los miles de propietarios teóricamente "beneficiados" por esta reforma -o aquellos a los que venderán el uso de estas viviendas-, con un plazo muy largo de disfrute, no son del todo conscientes del retroceso que ya está registrando nuestro litoral a causa del cambio climático. Es verdad que, durante los últimos veinte años, los daños producidos en las playas por temporales e inundaciones, cada vez más frecuentes e intensos, han sido "reparados" con cargo a los presupuestos del Ministerio de medio ambiente... Pero estas costosas y recurrentes actuaciones de protección y de regeneración del litoral tienen poca cabida ante la creciente exigencia de eficacia y austeridad en el gasto público. Seguramente Cañete no ha evaluado en absoluto el coste de las indemnizaciones a las que tendrían derecho los "beneficiarios" de su reforma, en el caso, cada vez más probable, de que se aceleren los efectos del cambio climático; y ello, a pesar de que algunos de los máximos expertos en dinámica del litoral, en comportamiento del océano... son, precisamente, investigadores españoles (Iñigo y Miguel Ángel Losada, José Manuel Moreno, Carlos Duarte...). Basta con conocer sus recientes opiniones sobre la espectacular ampliación del deshielo en Groenlandia para comprender que la reforma de la Ley de Costas puede hacer que le llegue el agua al cuello, más pronto que tarde, a algunos de los que hoy la celebran.
Se trata de una nueva manifestación de la injusticia y la arbitrariedad del Gobierno en la aplicación de las leyes, contentando a unos pocos a costa de degradar lo que es de todos, que se suma a la amnistía fiscal y a la proliferación de recortes en los servicios públicos. Pero también es una manifestación del mantenimiento a toda costa -nunca mejor dicho- del nefasto modelo productivo de nuestro país. ¿O es que el ministro Soria cree, quizás, que esta reforma de la ley de Costas ayudará a mejorar la calidad de nuestra oferta turística...?