Gestionar los océanos para garantizar el futuro

"Ningún empresario inteligente gestionaría su negocio de la forma en la que la Humanidad gestiona los océanos".

En estos términos se pronunciaba hace poco José Maria Figueres, expresidente de Costa Rica y exdirector ejecutivo del Foro Economico de Davos. Con toda razón: las aguas internacionales -que suponen nada menos que el 50% de nuestro planeta- son el escenario de prácticas, ilegales o simplemente irresponsables, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, agravan el proceso del calentamiento global, y anticipan conflictos geoestratégicos por el control de un inmenso patrimonio natural (recursos energéticos, riqueza genética...).

Hoy se presenta en Londres la Global Ocean Commission -presidida precisamente por José Maria Figueres, por Trevor Manuel, exministro de Finanzas de Sudáfrica, y por David Miliband, exministro de Exteriores del Reino Unido-, Comisión de la que formaré parte dando así continuidad a mi compromiso frente a los grandes desafíos ambientales, y en concreto a mi pertenencia al anterior Panel sobre Sostenibilidad Global de Naciones Unidas. Esta Comisión, que no comporta ninguna retribución para quienes participan en ella, celebrará solo cuatro reuniones presenciales durante los próximos catorce meses, siendo por tanto plenamente compatible con las tareas profesionales de cada uno de sus miembros.

La Comisión reúne a quince personas, procedentes de los cinco continentes, sin ninguna responsabilidad actual de gobierno en nuestros respectivos países, que compartimos la voluntad de contribuir a diseñar una auténtica gobernanza mundial de los océanos, mediante la elaboracion de recomendaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas, de ámbito nacional e internacional. Una tarea en la que contaremos con las aportaciones, cada vez más importantes, de la comunidad científica, a través del asesoramiento de los mejores expertos en oceanografía y biodiversidad marina: una disciplina en la que, por cierto, España cuenta con especialistas de prestigio internacional. La Comision también recabará la opinión de empresarios y trabajadores de los sectores económicos relacionados con el mar, así como de las organizaciones no gubernamentales más comprometidas con la protección de los océanos.

En plena crisis económica, resulta más necesario que nunca introducir ética, racionalidad y conocimiento científico en la gestión tanto de lo público como de lo privado. Es inaudito, por ejemplo, que hayamos llegado al actual grado de sobreexplotación de los recursos pesqueros -el 80% de las poblaciones del Mediterráneo y casi el 50% de las del Atlántico-, sin establecer mecanismos realmente eficaces que eviten capturas muy superiores a la capacidad de recuperación de los caladeros.

Afortunadamente, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una ambiciosa propuesta de reforma de la política pesquera común, prohibiendo los descartes (más del 25% de la pesca se devuelve al mar) y fomentando la recuperación efectiva de las especies en el horizonte 2020: ello comportaría un aumento significativo (y duradero) de la actividad y del empleo en este sector. Se trata de incorporar, de una vez por todas, el principio de precaución así como el conocimiento de los ecosistemas marinos, desde un enfoque de medio y largo plazo, superando la irresponsable miopía actual.

Pero no basta con que la Unión Europea avance en esta dirección. Otros países son protagonistas determinantes del futuro de nuestros océanos, y es imprescindible implementar acuerdos bilaterales y multilaterales que hagan efectivos los principios de la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas, adoptada hace treinta años. Durante este periodo, las amenazas se han hecho mucho mas visibles: desde los efectos de las emisiones de CO2 en la acidificación de los océanos y del cambio climático en la alteración de las corrientes marinas ( que, a su vez, agravan los fenómenos adversos asociados al calentamiento global), a la pérdida creciente de biodiversidad (favorecida por embarcaciones y sistemas de pesca cada vez más "eficientes" en la destrucción de los ecosistemas y en el agotamiento de los recursos pesqueros), al aumento de la pesca ilegal (que supone en torno al 20% de la pesca total) y de la piratería... Frente a tales desafíos, la comunidad internacional carece de los instrumentos adecuados para garantizar la supervivencia de aquellas actividades que, cuando se ajustan a la legalidad, contribuyen notablemente a la creación de empleo y a la provisión de alimentos de un número creciente de ciudadanos en todo el planeta.

Otras amenazas, como el rápido deshielo de los casquetes polares y la pugna por recursos energéticos hasta ahora inaccesibles (solo bajo el Ártico se almacenan más del 20% de los yacimientos de petróleo sin explotar) hacen aun más urgente una auténtica gobernanza de los mares más allá de las jurisdicciones nacionales; de aquellos mares que, no siendo privativos de ningún país, son responsabilidad de todos. Como la atmósfera, cuya protección se ha ido incorporando en los acuerdos internacionales sobre protección de la capa de ozono, contaminación transfronteriza, cambio climático, etc., con resultados todavía insatisfactorios, pero sin duda más articulados que la Convención del Derecho del mar fuera de las jurisdicciones nacionales.

España tiene una larga tradición de relación con los océanos. Nuestros pescadores vascos llegaron a las costas de Canadá en busca de ballenas y de bacalao mucho antes del desembarco de Cristobal Colón en la hoy Republica Dominicana; un desembarco que marcó definitivamente nuestra historia, generando vínculos duraderos al otro lado del Atlántico. Nos corresponde ahora, como país con clara dimension marítima, contribuir a una nueva gesta, mucho más difícil y trascedente: la gestión responsable de los océanos, antes de que sea demasiado tarde. Ojalá el debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo -en el que los eurodiputados del PP han sido parte de la escasa minoría contraria a la reforma propuesta- sea motivo de reflexión para el Gobierno, que, lamentablemente, ha demostrado, desde el inicio de la legislatura, su posición contraria a cualquier compromiso serio por la sostenibilidad, a diferencia de muchos otros gobiernos conservadores de la UE.