Cifuentes contra los derechos de las mujeres jóvenes

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Como ha denunciado la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, a la hora de garantizar los derechos de las mujeres jóvenes, y en concreto el derecho a la interrupción del embarazo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid representa una completa anomalía dentro del conjunto del Estado. El Gobierno de Cifuentes está realizando la interpretación más restrictiva e ideológica de la legislación vigente y está exigiendo que los dos progenitores de una menor (y no solo uno) tengan que dar su consentimiento cuando ésta quiere interrumpir su embarazo, algo que condena a la indefensión y a la falta de garantías jurídicas a numerosas menores en Madrid. Esta interpretación de la ley, única y exclusiva de Madrid, está dando lugar a situaciones kafkianas, como que una adolescente conociera a su madre cuando fue a interrumpir su embarazo, que una menor inmigrante que trabaja aquí y tiene a su padre en su país de origen en paradero desconocido no pueda cumplir los requisitos para abortar.

Nos encontramos con una situación en la que los derechos de multitud de menores en la Comunidad de Madrid no se ven reconocidos. Hablamos de situaciones que todo el mundo puede reconocer, de todas aquellas menores que viven solas o acompañadas únicamente de su padre o de su madre. De todas aquellas que su padre o su madre trabajan fuera (de la provincia o del país) o que tienen progenitores en prisión, con problemas de salud física o mental o que viven en condiciones de abandono. Sabemos de casos reales de jóvenes inmigrantes con un padre en su país de origen en paradero desconocido. Sabemos que en la Comunidad de Madrid una mujer maltratada que tiene la custodia de la menor y una orden de alejamiento no es reconocida como tutora con potestad para consentir el aborto de su hija. A todas estas menores, que viven ya en situaciones difíciles, se las puede estar obligando a una maternidad no deseada o que no pueden asumir.

También existen menores, mujeres de entre 16 y 17 años, que no viven con sus progenitores o con adultos que les mantengan: menores inmigrantes que viven solas, mujeres que viven con sus parejas de hecho (con o sin hijos); menores que tienen ingresos y viven emancipadas; mujeres casadas, etc. Todas ellas, también, en situación de inseguridad jurídica. En todos estos casos, las dificultades administrativas que genera este tipo de práctica pueden suponer que las menores se queden fuera de los plazos que permiten la interrupción voluntaria del embarazo.

Podemos se ha convertido en la única fuerza política que está defendiendo los derechos de las menores en la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad no ha cesado en defender la legalidad y la legitimidad de esta práctica, pero después de las declaraciones de los abogados de ACAI en la Asamblea, denunciando la ilegalidad de estas medidas, el Gobierno de Cifuentes se ha visto obligado a recular, al menos, aparentemente. Sin embargo, ante una situación de esta gravedad, no se puede responder con nuevas excepciones, ni con política de titulares, tal y como pretende el gobierno del Partido Popular.

El resto de partidos políticos se han mostrado contrarios a nuestras iniciativas para resolver esta situación. El Partido Popular prefiere solucionar problemas mediante titulares de prensa, en lugar de debatirlos políticamente en la Asamblea, cuando uno de los problemas que está provocando esta inseguridad jurídica es la ausencia de unas instrucciones escritas por parte de la Consejería de Sanidad, dedicada a dar instrucciones orales a las y los funcionarios a través del teléfono.

Al margen de esta aplicación ideológica y máximamente restrictiva que está llevando a cabo el nuevo PP de Cifuentes, cabe destacar la actuación que ha tenido el Partido Socialista en esta cuestión. Ha sido el PSOE quien ha contribuido a obstaculizar y limitar las competencias de la Comisión de Mujer sobre este problema. Especialmente surrealista fue la invalidación que hizo el PSOE de la comparecencia del consejero de Sanidad en dicha comisión solicitada por Podemos para hablar del aborto. El argumento fue que el aborto no es tema de la comisión de mujer sino de la comisión de Sanidad, toda una muestra de la seriedad que parecen dispuestos a darle a una comisión a la que, por cierto, ellos mismos sí pudieron llevar, con su voto y el de Podemos, una comparecencia del consejero de Sanidad para hablar de embarazos no deseados.

El PSOE fue ayer más lejos cuando votó junto con el PP y Ciudadanos para invalidar la Proposición No de Ley (PNL) que Podemos iba a llevar al pleno del 2 de julio. El grupo de Gabilondo, en vez de dar curso a una iniciativa para remediar la situación de las menores y hacer uso de su derecho a presentar cuantas enmiendas al texto considerasen, se unió al PP e impugnó el texto por cuestiones de contenido. Según el derecho parlamentario, el contenido, como ha establecido el Tribunal Constitucional, es algo que le compete juzgar a la cámara, es decir, al poder legislativo, no a una mesa cuya única potestad es invalidar iniciativas por defectos de forma. Y es que con el PSOE hemos topado no solo en cuestiones programáticas (que adquieren una u otra importancia según estemos o no en momentos de campaña), sino en lo que entendemos que debe ser una institución con las puertas y ventanas abiertas. Si la ciudadanía no puede leer en un escrito lo que los diferentes partidos decidieron ayer en la Mesa, es en parte porque el PSOE no apoyó la petición de Podemos de hacer las actas públicas. Lejos de tal cosa, ha respaldado el oscurantismo de una institución cuyo reglamento dice que los y las diputadas podrán "recibir" las actas pero que no las envía y que no permite hacer copia de las mismas ni difundir su contenido.

Por nuestra parte, solicitaremos tanto una reconsideración de la validez de la PNL para ser llevada a la cámara, como una comparecencia del consejero de Sanidad el próximo día 2. Nuestra iniciativa pide, simplemente, que en Madrid las menores tengan garantizado el acceso a la IVE como lo tienen el resto de las jóvenes de nuestro país. Se trata de asegurar que el consentimiento está garantizado cuando sea prestado por el padre o la madre de la menor, o por cualquier otra persona que ostente la patria potestad del menor. Se trata de reconocer el derecho de las mujeres emancipadas a poder interrumpir su embarazo sin requerir más consentimiento que el propio. Y se trata de elaborar instrucciones claras, precisas y de conocimiento público sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para conocimiento de la comunidad sanitaria y de toda la ciudadanía. Estamos hablando de derechos y los derechos requieren de garantías.