Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra

A lo largo de 2012, el último año contabilizado, la economía sumergida en España alcanzó los 253.000 millones de euros, un 24,6% del PIB. Con cifras tan astronómicas e insostenibles, la sociedad española necesita de una buena dosis de cultura de la honradez que debería ser transversal y generalizada. Una iniciativa colectiva muy similar al propósito común que se plantearon los ciudadanos para reducir a mediados de los años 90 las altísimas cifras de siniestralidad en la carretera.

Todo empieza por echar a andar, por pequeños gestos cotidianos de cada uno y que sólo pueden ser dados por un proceso de concienciación e información a la ciudadanía y por un rechazo frontal ante las actitudes de fraude sean grades o pequeñas. Sería importante recordar a los defraudadores y a los que toleran estas actitudes que cada vez que se extravía una factura se colabora en el cierre de quirófanos en la sanidad pública, o que cada vez que un empresario falsea sus declaraciones está contribuyendo a ampliar la pobreza y la desigualdad en España.

Hasta hoy las baterías de medidas que los sucesivos gobiernos han tratado de aplicar para reducir el fraude fiscal han sido ineficaces, e incluso desde el inicio de la crisis se han disparado notablemente los asalariados que buscan en la economía sumergida un modo de supervivencia, pero también el de grandes empresas y fortunas que utilizan la ingeniería fiscal y financiera para obtener mayores beneficios. En los mentideros se justifica la falta de eficacia en la lucha contra el fraude aludiendo a que si se aplicaran medidas de persecución real, se provocaría un estallido social en el país, ya que una buena parte de los más de cinco millones y medio de parados sobreviven gracias a él; recordemos que en España ya son casi dos millones de hogares los que tienen a todos sus miembros en paro.

Esta idea peregrina no hace más que confirmar la necesidad de una catarsis que debe empezar por la conducta ejemplar de cada uno de nosotros y que muchos desearíamos ver en las pirámides jerárquicas de la política y el mundo empresarial. En estos últimos años venimos contemplando ya con peligrosa cierta normalidad presuntos escándalos de corrupción que salpican de arriba abajo a todas las instituciones del país desde el Gobierno hasta la monarquía.

En los últimos días hemos sabido que el senador y diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular Francisco Granados tuvo una cuenta en Suiza desde el año 1996. Hace apenas unos días supimos también que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, defraudó la friolera de 11,5 millones de euros a Hacienda entre 2000 y 2011 o, lo que es lo mismo, un millón de euros al año.

Estos casos de corrupción política y fraude no sólo desalientan a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino que vienen a acentuar el grave problema de moralidad de muchos españoles en el pago de impuestos; un problema que forma parte ya de una idiosincrasia fiscal a la española donde el que defrauda es el más listo y goza de cierto prestigio social, y el que no lo hace es porque no puede o no sabe.

Mientras tanto, asalariados y pensionistas continúan llevando el peso del fraude fiscal de los demás sobre sus espaldas sin que aparentemente encuentren salida al empobrecimiento de la clase media a la que algún día pertenecieron. Por irónico que parezca, esta semana fuimos testigos de cómo el presidente Rajoy anunciaba una exención fiscal de 49 euros anuales para todos aquellos asalariados mileuristas, una cifra que ni siquiera llega a cubrir el gasto medio de la cesta de una compra semanal de una familia española. ¿Realmente puede hablarse de rebaja fiscal?

Si bien este paralelismo puede resultar a priori demagógico, huyendo de las generalidades, lo cierto es que busca evidenciar que la crisis ahonda la brecha entre los más ricos y los más pobres o lo que es lo mismo entre los que defraudan y los que no lo hacen. ¿Acaso hay razón que justifique que el 72% del fraude se concentre en las grandes empresas y fortunas?

Más allá de una conducta ejemplar, sería positivo para reducir la bolsa de dinero negro contar con más efectivos en la Agencia Tributaria pero, sobre todo, permitir que aquellos que, como los técnicos de Hacienda, tienen atadas las manos contra el fraude, puedan asumir mayores responsabilidades de inspección. Sólo hace falta echar un vistazo a la dimensión de los cuerpos de lucha contra el fraude en los países de nuestro entorno para evidenciar al necesidad de una profunda reforma. Según datos de la OCDE España, cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin duda, la falta de eficacia en la organización de los efectivos es una lacra como también lo es la falta de informes oficiales de estimación de la economía sumergida en nuestro país a sabiendas de que sólo algo que se conoce puede gestionarse y mejorarse.

Muchos son los retos que se le plantean al Gobierno para mejorar la lucha antifraude pero, volviendo al planteamiento inicial, comencemos por dar todos ejemplo, sobre todo quienes conforman la élite política y empresarial, los que deberían actuar como modelo de una sociedad salpicada por la crisis, el paro, la corrupción y los escándalos fiscales; porque, no lo olvidemos, como dijera Einstein, "dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única".

Este artículo se publicó originalmente en el diario 'El Progreso'.