Impuestos y recortes: favorecer a los favorecidos

El informe que Oxfam ha elaborado con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, que se celebrará del 22 a 25 de enero, parte de la base de que la desigualdad económica crece rápidamente en la mayoría de los países del mundo, poniendo en peligro los sistemas democráticos, como consecuencia de la influencia de los sectores más poderosos en la política, y en detrimento de los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos. Esta realidad es, sin duda y desgraciadamente, también aplicable a España.

De hecho, desde mayo de 2010 venimos asistiendo a un continuo recorte del gasto público, iniciado por el anterior Gobierno y profundizado por el actual, con la finalidad de reducir la cifra de déficit. Tal recorte comenzó afectando de manera específica a determinados colectivos como los empleados públicos, pensionistas y personas dependientes, y finalmente ha acabado incidiendo en la mayor parte de los ciudadanos, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Estos ajustes se han centrado en educación, sanidad, dependencia y otros gastos sociales, que constituyen los pilares básicos de nuestro Estado de bienestar, que tanto tiempo nos ha costado levantar.

Al mismo tiempo, las medidas dirigidas a incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal, centradas sobre todo en las subidas del IRPF y del IVA y otros impuestos indirectos, han afectado fundamentalmente a las clases medias y a las más desfavorecidas. Esto se explica por la regresividad de los impuestos indirectos, así como por las posibilidades que la minoría mejor posicionada de nuestra sociedad tiene para escapar de la tributación del IRPF -utilizando con frecuencia las numerosas posibilidades de elusión que la vigente normativa les permite, cuando no a través directamente de la evasión fiscal-.

A estas medidas hay que sumar las que ya se venían produciendo, como consecuencia de un proceso iniciado años antes, y que conllevó una paulatina y continua bajada de impuestos, en aras de una pretendida mejora de la eficiencia, pero con un perjuicio evidente para la equidad, dado que estas bajadas no afectaron en la misma medida a todos los contribuyentes, sino que tuvieron un efecto especialmente favorable para los de mayor poder económico.

Y en este sentido, podemos citar las bonificaciones de hasta el 99% en el Impuesto sobre sucesiones, la supresión del Impuesto de Patrimonio, la conversión de las rentas de capital en "rentas del ahorro", con distinto tratamiento, mucho más beneficioso para éstas que para los rendimientos del trabajo. Pero, sobre todo, destaca la rebaja en el Impuesto sobre Sociedades, primero nominal -del 35 al 30%- y luego encubierta, a través de la pléyade de deducciones, exenciones y regímenes especiales, utilizados sobre todo por los grandes grupos empresariales (según los últimos datos publicados por la AEAT, el tipo efectivo sobre beneficios contables de los grupos de sociedades fue del 3,5%).

Como consecuencia de todo lo anterior, se viene produciendo un debilitamiento de la equidad, que, según el artículo 31 de la Constitución Española, debe inspirar nuestro sistema tributario, así como de los principios de igualdad, generalidad y progresividad, a los que se refiere dicho precepto. Y de este proceso son plenamente conscientes los ciudadanos, como refleja elocuentemente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CSIC) en su último estudio sobre Opinión pública y política fiscal, según el cual casi el 90% de los españoles piensa que los impuestos no se pagan justamente.

Además, en el mismo estudio, más del 70% de los ciudadanos cree que los tributos se deberían recaudar sobre todo a través de impuestos directos, lo que choca con el discurso del FMI, de la Comisión Europea y del propio Gobierno, cuyo actual ministro de Hacienda señalaba en una entrevista reciente, en relación con las líneas por las que debería discurrir la reforma fiscal anunciada para los próximos meses, que "estamos en Europa y nos tenemos que apoyar mucho en la imposición indirecta".

Sumado a esto, la percepción de los españoles de que los impuestos no se pagan justamente se ve plenamente confirmada por muchos otros datos, entre los que además de la amnistía fiscal decretada en el año 2012 -la tercera desde la publicación de nuestra Constitución- se pueden citar a título de ejemplo los siguientes: el IRPF, que aporta más del 40% de los ingresos tributarios del Estado, se nutre en un 85% del gravamen a los rendimientos del trabajo, frente al 8% del referido a las rentas del capital y el 7% del correspondiente a los beneficios de las actividades empresariales y profesionales; se mantienen instrumentos de elusión como las sociedades de capital variable y las entidades de tenencia de valores extranjeros, utilizadas por grandes patrimonios y empresas, respectivamente, para reducir considerablemente su factura fiscal o demorar eternamente el pago de impuestos; se dice luchar contra los paraísos fiscales al tiempo que se favorece a los capitales que operan en ellos, permitiendo a los residentes en estos territorios adquirir deuda pública sin retención fiscal...

Por último, y en lo que se refiere a los aspectos relativos a la aplicación y control del sistema tributario, la actuación de la Agencia Tributaria (AEAT), en lo fundamental, no está en concordancia con los principios constitucionales antes citados y que deben inspirar nuestro sistema tributario. De hecho, su forma de actuar está más volcada en el control de las discrepancias que resultan entre lo declarado por los perceptores de rentas del trabajo y de capital sometidos a retención y los datos de que dispone, que con la investigación de las bases no declaradas. A esta última tarea de investigación dedica unos recursos menores, por no hablar del control de las grandes empresas y fortunas, al que sólo destina un 20% de su plantilla, a pesar de que es donde se concentran las grandes bolsas de fraude. Todo lo cual supone, sin duda, obviar los principio de generalidad e igualdad del artículo 31 de la Constitución Española, al que no sólo se debe sujetar el legislador al aprobar las normas tributarias, sino también el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, en su control y aplicación.

Asimismo, podríamos citar diversas actuaciones que han tenido cierta repercusión mediática y que suponen el haber dado un tratamiento distinto a unos contribuyentes frente a otros, como es el caso del trato que la AEAT dispensó en el año 2010 a las más de 600 grandes fortunas españolas con depósitos no declarados en el banco HSBC, en Suiza. Tras recibir la información sobre la existencia de cuentas opacas, la Administración tributaria, en vez de abrir los correspondientes procedimientos de inspección, como sería lo usual con cualquier otro contribuyente, les brindó la oportunidad de saldar "voluntariamente" sus cuentas con el fisco, con lo que se ahorraron sanciones y la posibilidad de ser condenados, en su caso, por delito fiscal.

Todos estos datos nos pueden llevar a pensar que los sucesivos gobiernos atienden, más que a la generalidad de los ciudadanos y a los principios constitucionales que deben regir el sistema tributario, a los grupos de presión correspondientes a esas élites económicas que, finalmente, son los beneficiados por las actuaciones y políticas tributarias seguidas, a las que nos hemos referido.

En conclusión, y como destaca Oxfam en su informe, es necesario adoptar soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política. Ha llegado el momento de acabar con la inequidad. El aumento de la desigualdad, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos 30 años, debe revertirse.