Europa no juega con tirachinas, tampoco en Cataluña
El estado de derecho no es una goma, que puede estirarse a conveniencia. Pero incluso las gomas tienen un límite. Lo sabemos bien quienes de pequeños hemos sido unos diablillos de las postas o de los tirachinas: si se traspasa el límite, la goma se rompe y te golpea con fuerza en los dedos.
La Unión Europea no es una goma, sino una construcción de derecho (no podemos decir estado, porque no lo es: está compuesto de países que sí lo son), así que la flexibilidad en sus decisiones depende de la voluntad de su gobernantes (Consejo Europeo, Consejo, Comisión, Parlamento) pero, sobre todo, de sus leyes, empezando por la de mayor rango, su Tratado, cuya interpretación última corresponde al Tribunal de Justicia.
Hay quien pide a la Unión que medie en la crisis provocada por Puigdemont y quienes le apoyan, con el objetivo de internacionalizarla y situar a los Gobiernos de España y de Cataluña como entes iguales de territorios diferentes. Sin embargo, no lo son, porque el de Madrid es el Ejecutivo de toda España (Cataluña incluida) y el de Barcelona lo es únicamente de una Comunidad Autónoma de las que la componen. Y lo es en tanto que representante en ese territorio del Estado español y solo para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud de la Constitución y el Estatuto que han violado reiteradamente.
Así que, más allá de los deseos independentistas, los gobernantes de la UE no pueden más que atenerse a la letra del Artículo 4 de su Tratado, que deja claro el respeto comunitario a la estructuras constitucionales y territoriales de cada estado miembro -incluida España y, en su seno, Cataluña-.
Ese artículo está en el Tratado porque era necesario plasmar en la ley fundamental de la Unión principios esenciales como el de atribución de competencias y el subsidiariedad. Pero también porque era imprescindible traducir en términos jurídicos las tremendas experiencias vividas por Europa a causa de los nacionalismos y los populismos a fin de evitar que revivieran en el futuro.
Cuando la Convención que redactó la Constitución Europea (hace 15 años) elaboró y adoptó el Artículo 4 -heredado por el actual Tratado- tuvo todo eso en cuenta y también lo que estaba sucediendo en sus estados miembros (desde luego lo hicimos los parlamentarios españoles que en ella participábamos: Méndez de Vigo, el recordado Gabriel Cisneros, Alonso, Borrell, López Garrido y yo mismo, junto con el ministro Dastis, en nombre entonces del Gobierno). Por ejemplo, el denominado "Plan Ibarretxe", que naufragó después en su intento de conseguir la independencia del País Vasco.
A todo ello hay que sumar otro concepto esencial: el ordenamiento jurídico de los estados miembros tienen en su cima al Tratado de la UE. Por lo tanto, una modificación ilegal o de facto del ordenamiento jurídico de un socio comunitario replicaría de manera inaceptable en la estabilidad de los otros 27 (todavía, con el Reino Unido dentro).
Así que Tusk, Juncker, Merkel, Macron, Rutte, Gentiloni, May y los demás líderes europeos son coherentes al exigir que se respete la Constitución Española y en apoyar a nuestra democracia ante la situación provocada por el independentismo. Sus posicionamientos no derivan ni única ni principalmente de las réplicas que una separación ilegal de Cataluña pudiera tener en otros territorios. Provienen de la defensa de la construcción política de derecho que es la UE, como refleja perfectamente el Artículo 4 del Tratado.
Ellos no juegan a tirar postas o con tirachinas, son gente adulta y seria.
