Nueva caza de brujas en la Sanidad madrileña

Que el Partido Popular de Madrid ha tratado de imponer una especie de pensamiento único en materia sanitaria es hoy una evidencia para muchos ciudadanos madrileños.

Que trata de imponer ese pensamiento de forma autoritaria, intolerante y prepotente es también una certeza para muchos profesionales y ciudadanos.

Que reprime, amenaza y depura a los profesionales y trabajadores sanitarios que discrepan de su política y se oponen a ella, es una realidad constatable por los hechos acaecidos. Veamos.

Comencemos por hacer el siempre saludable ejercicio de recuperar la memoria histórica reciente y así recordaremos que tras la llegada de la Sra. Aguirre al poder en 2003, gracias al tamayazo, el gobierno del PP impuso a la sociedad madrileña un cambio sustancial en su sistema sanitario público; sin el imprescindible debate político previo que una democracia exige, sin el establecimiento del necesario diálogo con los profesionales e interlocutores sociales, el Gobierno regional inició un temerario proceso de irrupción en tromba de capital privado en la sanidad pública que suponía la entrada en un proceso privatizador absolutamente descontrolado, sin planificación alguna y sustentado sólo en una ideología que siente aversión a lo público.

Para soslayar la visualización pública de ese proceso privatizador, el Gobierno regional encomendó a su consejero de Sanidad Lamela, oscuro personaje hoy imputado, la ignominiosa misión de desprestigiar un hospital público emblemático, el Severo Ochoa, acusar a sus profesionales del servicio de Urgencias de reiteradas malas prácticas con resultados de cerca de cuatrocientas muertes amparándose para ello en una denuncia anónima y falsa (como se probó posteriormente). Se pretendió así crear una cortina de humo que impidiese el debate sobre la construcción de ocho hospitales con capital privado y ciertamente ese objetivo lo logró el Gobierno del PP madrileño.

Aquel escándalo supuso la mayor agresión conocida a unos profesionales en el ejercicio de su labor por parte de un responsable político, quebró la confianza en la relación médico-paciente e hizo un daño inmenso al sistema sanitario. La repulsa social fue unánime no sólo en Madrid, también se produjo en toda España. Mas a pesar de ello la Consejería de Sanidad cesó de manera fulminante a cinco jefes de servicio y rescindió contratos de médicos de Urgencias por el simple hecho de haber manifestado su apoyo a los compañeros encausados. Como es bien sabido la Justicia exoneró de todo tipo de mala praxis a los profesionales perseguidos y lo que no se subsanó fue la caza de brujas que se llevó por delante a profesionales muy cualificados y comprometidos con la sanidad pública.

La tibieza y ambigüedad que muchos profesionales y sus organizaciones mantuvieron ante aquella brutal agresión a la profesión, favorecieron en mi opinión que la Consejería iniciara una política de menosprecio y agresiones a los trabajadores sanitarios que ha perdurado hasta nuestros días; así la precariedad laboral ha llegado a niveles insoportables, los recortes salariales han sido superiores incluso a los determinados por las decisiones del Gobierno de la nación, la falta de participación de los profesionales en decisiones que afectan a su trabajo ha sido total, las irregularidades en los procesos de selección han sido numerosas, algunas incluso fueron objeto de sentencias de nulidad por parte de los tribunales, las jubilaciones forzosas se han ejecutado con máxima arbitrariedad y con el único objetivo de reducir los recursos humanos. Todas estas actuaciones son ejemplos clarificadores del menosprecio y maltrato hacia los trabajadores y profesionales sanitarios por parte de la Consejería de Sanidad. Sólo la sumisión y el halago han garantizado la promoción profesional y puestos de trabajo más gratificantes.

Simultáneamente a la ejecución de esa depredadora política de recursos humanos, el Gobierno del PP madrileño ha seguido con su proceso de desmantelamiento de la sanidad pública y privatización de la misma que ha llevado a sus instituciones (hospitales, centros de salud) a un deterioro progresivo que han percibido nítidamente los ciudadanos. El irregular y chapucero proceso de licitación que la Consejería puso en marcha para privatizar la gestión de seis hospitales fue la gota que colmó el vaso; profesionales sanitarios y ciudadanos se movilizaron con mayor continuidad y fuerza de convocatoria, las sucesivas mareas blancas como expresión de rechazo social a la política del gobierno regional junto a la resolución judicial que paralizaba el proceso obligaron al presidente, Sr. González, a renunciar en su intento y ensayar una medida de maquillaje que contuviese el enorme desgaste que su Gobierno estaba sufriendo.

Como primera medida se prescindió del Sr. Fernández Lasquetty, cuya prepotencia e ineptitud habían quedado patentes; su lugar lo ha ocupado el Sr. Rodríguez, cuya dureza y contundencia en la defensa de todas las medidas adoptadas por el Gobierno regional en la última década es bien conocida. Siguiendo un guión muy previsible, el nuevo consejero ha intentado transmitir una imagen de mayor moderación y menos prepotencia en un ejemplo de metamorfosis política ciertamente poco creíble conociendo su trayectoria; en efecto ha bastado esperar un corto periodo de tiempo para que hayamos podido comprobar que junto a la promesa de cumplir ahora, promesas incumplidas desde hace años, el Sr. Rodríguez prosigue con la política autoritaria y represiva que caracteriza la forma de ejercer el poder político desde el PP de Madrid.

El fulminante cese de cuatro directores de Centros de Salud que se habían caracterizado por su compromiso con la sanidad pública y habían manifestado públicamente su rechazo al plan de medidas que la Consejería puso en marcha, es un nuevo ejemplo de castigo a quien disiente, un nuevo caso de tratar de justificar la decisión represora desprestigiando la actuación profesional de los cesados, un nuevo caso de caza de brujas en la sanidad madrileña.

Si el consejero de Sanidad tiene el loable deseo de quitar de sus puestos a quienes no son eficientes en su desempeño, quizá debiera dirigir su mirada a su entorno más cercano donde se ubican altos cargos a los que, tras muchos años, no se les conoce ninguna acción que haya reportado beneficio alguno al sistema sanitario, en lugar de depurar a quienes critican su política.

Los hechos ponen a cada cual en su sitio; el Sr. Rodríguez avaló la caza de brujas en el hospital Severo Ochoa y ahora ha ejecutado la de los cuatro directores de los Centros de Salud. Por ello es razonable pensar que su pretendida intención de moderación, las reuniones mantenidas con profesionales y organizaciones sindicales, las mejoras de las condiciones laborales que se han llevado a cabo (contratos anuales e interinidades) no dejan de ser un intento de conseguir la desmovilización del conjunto de trabajadores sanitarios y de confundir a la ciudadanía. Lo cierto es que el Gobierno del PP sigue privatizando el sistema madrileño de salud a pesar del rechazo mayoritario de los ciudadanos y trabajadores sanitarios.

Para concluir: frente al autoritarismo, la opacidad, las irregularidades y la arbitrariedad que practica el Gobierno Regional, hoy más que nunca, las movilizaciones de ciudadanos y trabajadores sanitarios siguen siendo imprescindibles para defender al sistema sanitario público madrileño.