Que dejen de girar
Las puertas giratorias son un factor principal de distorsión de la competencia, esconden privilegios de mercado casi siempre en favor de las grandes empresas, cuando sabemos que en este país más del 90% del tejido productivo corresponde a pequeñas y medianas empresas y son las que soportan la mayoría del empleo.
Foto: EFE
El fenómeno de las puertas giratorias es un mecanismo opaco que consiste básicamente en la recolocación de los altos cargos de la Administración Pública en empresas privadas normalmente con sueldos muy elevados a cambio de aprovechar su conocimiento de los asuntos públicos y sus relaciones. Utilizan así de forma privativa el capital público acumulado (gracias precisamente a ser representantes de cada uno de los españoles y españolas), para ponerlo al servicio de una firma concreta.
España, desde los primeros días de la democraci,a padece este fenómeno de manera especialmente amplia. Como señalaba Francesc Trillas, aproximadamente un quinto de los consejeros de las principales setenta empresas del país tienen un pasado político. Desde el caso de Elena Salgado, a los ex presidentes Felipe González y José Mª Aznar, pasando por Josep Piqué o Rodrigo Rato, el listado es extenso.
En los últimos años, parte de la ciudadanía ha venido exigiendo medidas normativas más contundentes, ya que este problema afecta a la propia estructura democrática y económica del país.
La democracia implica hacer efectivo el principio de igualdad, y así lo establece el artículo 9.2. de nuestra Constitución. Esta promiscuidad entre intereses públicos y privados es un factor letal contra la igualdad de oportunidades en la actividad económica. Las puertas giratorias son un factor principal de distorsión de la competencia, esconden privilegios de mercado casi siempre en favor de las grandes empresas, cuando sabemos que en este país más del 90% del tejido productivo corresponde a pequeñas y medianas empresas y son las que soportan la mayoría del empleo. En un partido de fútbol sería inconcebible que el árbitro pudiera también meter goles en favor de uno de los equipos en liza.
Pero es más, cuando se activan las puertas giratorias entre política y sector privado, se multiplican las licitaciones y contrataciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que, cada año, los contribuyentes pierden 47.000 millones de euros en contratos públicos defectuosos. Sin olvidar que miembros de gobiernos de uno y otro signo privatizaban sectores estratégicos de la economía para pasar luego a formar parte de su elenco directivo, mientras que la ciudadanía asistía al incremento vertiginoso del precio de estos servicios.
En otras ocasiones, estas puertas giratorias dan al traste con proyectos empresariales, como el reciente caso de Abengoa. Una larga lista de políticos han rotando en posiciones de decisión estratégica. Incomprensiblemente, en el primer trimestre del pasado año, la compañía repartió entre sus accionistas 94 millones de euros en beneficios, el mayor reparto en la serie histórica, cuando unos meses después tenían que anunciar la inviabilidad del proyecto. Ante esta descapitalización, han terminado siendo los y las trabajadoras quienes han sufrido las consecuencias, y especialmente Andalucía.
Se necesita voluntad política para garantizar la prevalencia de los intereses públicos y prevenir a su vez la corrupción. El dispositivo legislativo español en los últimos años se ha visto reforzado, pero aún es altamente insuficiente. Es necesario promover una normativa que establezca la prohibición permanente a los altos cargos para ocupar puestos de alta dirección en empresas que operen en sectores estratégicos del Estado, así como reforzar las incompatibilidades, aumentando a diez años el periodo de carencia para prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante el ejercicio de su cargo y/o relacionadas con su gestión. Estos extremos están contemplados en la proposición no de ley que Podemos presentó el pasado jueves en el Congreso.
No pecamos de ingenuidad, sabemos que será necesario algo más que una nueva norma para revertir ciertas prácticas y que los dirigentes políticos sirvan con carácter exclusivo a los intereses de todos y todas, pero, sin duda, esta iniciativa irá encaminada en la buena dirección, para que las puertas dejen, de una vez, de girar.
